El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó las propuestas para la Estrategia Nacional Anticorrupción, un documento que consta de 44 iniciativas puntuales con el objetivo de fortalecer las instituciones públicas, tomar medidas más severas en casos de corrupción y consolidar la cultura de la integridad en el sector público.
A través de su cuenta de X, el titular del ente contralor mencionó algunos de los puntos que contiene este plan que podría entrar en vigencia en los próximos meses. Cabe mencionar que el Consejo Nacional Anticorrupción debe reunirse entre julio y agosto de este año, instancia donde se podrían incluir nuevos aspectos.
Entre los temas que aborda esta estrategia se destacan: impulsar la protección integral de denunciantes para prevenir las represalias, fortalecimiento de las sanciones administrativas ante el incumplimiento de reglamentos internos y normas éticas, establecer normativas que regulan el cabildeo (lobby) y prohibición de actividades políticas partidarias en instituciones públicas y en horario laboral.
La lista sigue con: transparencia de las agendas de altas autoridades, aplicación de tecnología para prevenir la corrupción, actualización de leyes de financiamiento político, fortalecimiento del concurso público como mecanismo exclusivo de acceso a la función pública, fortalecer la integridad en las contrataciones públicas, entre otras medidas.
“La actualización de las normas relacionadas con el financiamiento de campañas electorales y el control del gasto electoral debería ser liderada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), debiendo además ser inclusivo, promoviendo la participación activa de los partidos políticos como actores clave de la democracia, así como de la sociedad civil organizada, la academia y la prensa, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que fortalezca el proceso electoral del país”, explicó Benítez.
Asimismo, indicó que las discusiones en torno a esta ley deben incluir el subsidio estatal a los partidos políticos. El contralor culminó diciendo que el objetivo de este plan es una “invitación a soñar” con país en donde la corrupción no tenga lugar y en el que los ciudadanos puedan tener confianza en la gestión pública.
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