El mandatario Santiago Peña firmó el decreto n.° 3749/2025, que reglamenta el artículo 1 de la ley n.° 7027/2022, que aumenta el pago de recompensa por el otorgamiento de información sobre el paradero de los secuestrados: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis.

La resolución presidencial detalla que la nueva suma establecida es de G. 7.000 millones. Se establece además que las informaciones podrán provenir de cualquier fuente, sin restricción de origen, pero excluye a funcionarios públicos que desempeñen funciones en las instituciones directamente vinculadas a la seguridad y la justicia, así como a los integrantes civiles, policiales o militares de las fuerzas públicas, ni a sus parientes hasta el quinto grado de consanguinidad.

Agrega que la identidad de la fuente permanecerá estrictamente reservada por razones de seguridad del informante y a fin de preservar la confidencialidad de la información.

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Igualmente, en la reglamentación se advierte que los datos falsos se denunciarán ante el Ministerio Público. La reglamentación fue a requerimiento del Ministerio del Interior e indica que el pago será en “concepto de gastos reservados”, de recompensa por información útil, respecto al paradero de los secuestrados por grupos criminales.

En la reglamentación se menciona que la autorización para el pago de la recompensa será competencia exclusiva de la cartera del Ministerio del Interior, que podrá disponer pagos parciales o totales, en función de la calidad de la información proporcionada y de los resultados obtenidos.

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