“El daño es invaluable”, dijo el directivo de Tabesa, José Ortiz, al referirse a las consecuencias del pacto entre el expresidente Mario Abdo Benítez y el exembajador estadounidense Marc Ostfield para golpear políticamente al entonces candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Pero, el objetivo de la nefasta alianza tuvo consecuencias peores para el país y su gente, dejando cuantiosas perdidas fiscales y sociales. Según Ortiz, el Estado paraguayo dejó de percibir alrededor de USD 33 millones en impuestos tras las sanciones a Tabesa, y cientos de familias perdieron su sustento.

Para el empresario, no hay dudas, “Abdo es una mala persona”, por el enorme perjuicio económico que sufrió no solamente la empresa y el Estado paraguayo, sino los cientos de ciudadanos que perdieron sus empleos.

Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra el expresidente Horacio Cartes fueron resultado de una “grosera” maniobra entre Abdo y Ostfield.

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“A Horacio Cartes le querían sacar de la cancha, la declaración era para afectar su imagen y debilitarlo, pero no lograron hacerlo. Cartes le dio una paliza a Abdo, algunos decían que era un cadáver político luego de perder elecciones. Ahí viene la escalada donde el Departamento del Tesoro toma la decisión de sancionar en la OFAC a Horacio”, relató al programa La caja negra de Unicanal.

De acuerdo al directivo, las sanciones expulsaron a Tabesa del mercado norteamericano, bloquearon cuentas por cobrar y afectaron severamente el pago de impuestos. Los efectos colaterales de esto dejaron a cientos de familias sin sustento, lamentó Ortiz.

“Para pagar 40 millones de dólares, tenés que vender mucho más. Dentro de esa venta, dentro de ese valor, de todo ese giro económico, hay un montón de proveedores, un montón de logística. Todos aquellos proveedores perdieron negocios, todas aquellas personas prestadoras de servicios fueron perjudicadas. Hay montón de servicios tercerizados, hay transporte para los empleados, hay alimentos gratuitos para los empleados, hay aportes al Instituto de Previsión Social”, especificó.

Ortiz acusó directamente al exmandatario de actuar con frialdad e insensibilidad. “Tan cretino era Mario Abdo Benítez que no tenía ningún problema que ocurran todas estas cosas. A veces no hay que pensar ni en Horacio Cartes, ni en Tabesa, ni en José Ortiz. Hay que pensar en esas familias que viven de estos trabajos”, dijo a La caja negra.

Agregó que cientos de personas que tenían seguro médico privado, seguro de IPS, que eran el sustento, la alimentación de sus hijos, la salud de sus niños, el transporte a la escuela, se quedaron sin nada a raíz del nefasto pacto.

“Cuando trato de entenderle a Mario Abdo Benítez digo que finalmente hay que definirlo con dos palabras: mala persona, una persona que por una cuestión de adversidad política pierde esa sensibilidad hacia las personas más frágiles. Finalmente, personas como Horacio Cartes, o como yo, vamos a seguir viviendo, pero no aquellas personas que dependen de ese trabajo, que viven el día a día de su salario”, lamentó.

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El presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, aseguró que no existen fricciones de gobernadores con miembros de la Cámara de Senadores, destacando el respeto y la colaboración entre las autoridades regionales y los parlamentarios.

En declaraciones recientes, Sosa respondió a comentarios surgidos desde el ámbito legislativo, afirmando que si bien puede haber diferencias puntuales a nivel departamental, no se trata de una situación generalizada ni mucho menos de un conflicto institucional.

“Nosotros respetamos la opinión del senador, no compartimos, pero creemos que la Cámara de Senadores es un poder importante”, manifestó. Añadió que desde el Consejo se busca mantener una relación de trabajo armónica con todos los poderes del Estado, especialmente con el Ejecutivo y el Legislativo. “El presidente necesita de los legisladores y todo lo que nosotros ejecutamos es gracias a que los legisladores aprueban los presupuestos”, subrayó.

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Sosa también negó categóricamente que existan enfrentamientos con los senadores: “Yo niego fricciones, no hay ninguna fricción con ningún senador. Sí sé que hay diferencias políticas en algunos departamentos, pero es algo interno. No son más de dos o tres gobernadores que tienen problemas con sus respectivos diputados y senadores, no es algo general”.

Resaltó, además, el trabajo conjunto con parlamentarios como el senador Bachi Núñez y el líder de bancada Natalicio Chase. “Incluso estamos trabajando en conjunto por pedido del presidente para poder seguir llevando beneficios en todo el Paraguay”, señaló.

En relación a proyectos regionales, Sosa informó sobre el apoyo al departamento del Chaco, donde se enviarán al menos 20 máquinas para fortalecer los trabajos locales. “Nos solidarizamos con Arturo Méndez y todos los departamentos vamos a enviar nuestras máquinas. Queremos que sientan el trabajo que estamos haciendo como consejo”, afirmó.

“Hoy el país necesita de madurez política. Necesita unión entre gobernadores, intendentes, senadores, diputados y el presidente. Ese es el camino que nos permite avanzar y transformar el Paraguay”, concluyó.

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La filtración de un documento que fuera redactado y enviado por el exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield va sacando a luz la trama entreguista, antipatriota y profundamente anticolorada tejida por Mario Abdo Benítez.

Estos hechos que están siendo investigados se produjeron en abierta connivencia con el diplomá­tico, políticos opositores, disidentes, altos funciona­rios, activistas en redes socia­les y varios comunicadores en representación de sus respec­tivos medios.

La operación en contra de Horacio Cartes y sus empre­sas fue concebida, ejecutada y “aceitada” por actores loca­les entre los que sobresalen claramente políticos, funcio­narios del Estado, medios de comunicación con sus refe­rentes, activistas de redes sociales, al que se sumaron diplomáticos tanto compa­triotas como representantes de gobiernos extranjeros. El objetivo era claro, destruir su poder económico y político y erosionar la credibilidad de la ANR. Para llevar a cabo toda esta representación, que no mantuvo discreción, se apro­vechó la abierta injerencia diplomática del entonces embajador de EE. UU. Marc Ostfield, quien incluso habría asumido las decisiones que eran única competencia del Poder Ejecutivo e incluso de otros poderes del Estado paraguayo.

El colaboracionismo y entre­guismo con el que actua­ron estos representantes, la mayoría de ellos elegidos y mantenidos por el pueblo paraguayo, raya lo vergon­zoso y se convierte en un hecho grosero y hasta si se quiere criminal, pues si bien estas actuaciones apuntaban a dejar fuera de camino a un rival político como Horacio Cartes, el odio que los movía terminó perjudicando a cien­tos de compatriotas que per­dieron sus fuentes de ingreso, entre empleos, producción y emprendimientos.

Sigilosamente habrían derro­chado ingentes cantidades de dinero del erario público, realizando viajes y pagando a operadores políticos en otros países, haciendo lobby para ir cerrando el círculo. En este contexto se puede agregar también la complicidad entre los altos funcionarios de la Cancillería Nacional y del pro­pio titular del organismo de Inteligencia, Esteban Aquino, quien estuvo ligado a la trama del “avión iraní”, un caso que generó repercusiones mediá­ticas para finalmente ser des­cartado hace pocas semanas tras las investigaciones del Ministerio Público.

Está fresca en la memoria el viaje tanto de Lilian Sama­niego como de Arnaldo Giuzzio a los Estados Uni­dos, una para reunirse con el exsenador de ese país Bob Menéndez, hoy condenado por hechos de corrupción por la Justicia de ese país. Por su parte, Arnaldo Giuzzio, con una gran cantidad de biblio­ratos bajo el brazo, se paseaba por Washington, dando a entender que llevaba docu­mentos que avalarían lo denunciado contra el expre­sidente. No se puede soslayar que hoy el ministro de Senad y del Interior de Abdo Bení­tez está imputado y procesado por el fuerte vínculo con uno de los narcotraficantes más importantes del Brasil, Mar­cos Vinicius Espindola, a su vez perteneciente al clan que comandaba Lindomar Fur­tado Reges.

Giuzzio fue parte del “equipo” de fiscales elegidos por Abdo para armar el operativo con­tra Cartes, algo que fue con­firmado por Eduardo Petta, uno de estos fiscales y quien fuera ministro de Educación de Abdo.

Arnaldo Giuzzio, ministro de Senad e Interior; Carlos Arregui, leal a Desirée Masi y ministro de Seprelad; Emi­lio Fuster, “zar” anticon­trabando; René Fernández, ministro anticorrupción, y el propio Eduardo Petta, con­formaban el racimo de fisca­les que fueron colocados por Abdo (o por Desirée Masi) al frente de instituciones de control para ir armando una probable causa.

Todas estas decisiones admi­nistrativas del gobierno de Abdo en realidad eran más bien movimientos políticos del tablero en una partida que buscada destruir a Car­tes y eran celebradas por el fuerte respaldo de medios de comunicación que se benefi­ciaban económicamente del gobierno de ese entonces. Los desfiles de Arregui junto a René Fernández por la redac­ción del diario de Zuccolillo era algo frecuente y era parte del esquema entreguista que se gestaba en diversos lugares.

El esquema montado para filtrar datos sensibles desde instituciones de control del Estado (como Seprelad, Senad o Senac) a medios aliados hoy es parte de un proceso judicial que ya tiene a imputados a la mayoría de quienes partici­paron para llevar a cabo estas acciones ilegales.

Todas estas acciones fueron coordinadas por la “asesora de comunicación fantasma” de la Presidencia de la Repú­blica, la venezolana Verioska Velasco, muy cercana a la pareja presidencial y con acceso irrestricto a todas las instituciones del Estado, con­firmando otro caso de entre­guismo de las anteriores auto­ridades nacionales.

El caso de las filtraciones de Seprelad ya tiene a varios de los componentes del “equipo de fiscales” y colaboradores de Abdo acusados y compro­metidos en la causa.

Desde el Congreso, una Cámara de Senadores mane­jada por el minoritario Par­tido Democrático Progre­sista (PDP) elucubraba a sus anchas junto a varios “trai­dores” al Partido Colorado y a sus propios electores, mientras fungía de tarima para que Ostfield diera cáte­dras de algún tema o para que Giuzzio hiciera el ridículo con presentaciones desesperadas y sin fondo.

Los activistas en redes socia­les hacían su trabajo, sin dudas bien motivados por la financiación que corría sin control desde organis­mos nacionales y extranje­ros. Ni hablar de comunica­dores, quienes auguraban una situación de tragedia en caso que no se cumpliesen las órdenes emanadas; no desde una embajada, sino desde un embajador cómplice y quien a pesar del gran currículum que avalaba su trayectoria en política exterior terminó siendo pieza importante en este engranaje, donde incum­plió hasta acuerdos interna­cionales y donde el entre­guismo local fue el factor común entre todos los par­ticipantes.

La idea de forzar una posi­ble alternancia política en el Paraguay era parte del esquema montado y donde Ostfield hacía de vocero no solo en los medios de comu­nicación afines, de los cua­les era asiduo participante, sino que los propios candi­datos del Partido Colorado, como lo ha denunciado el actual vicepresidente Pedro Alliana. Por algo, la pri­mera acción del secretario de Estado, Marco Rubio, fue removerlo a Marc Osftield de su cargo en Paraguay, para así reparar en parte el daño creado por su funcionario, en abierta y comprobada connivencia con políticos opositores y disidentes para­guayos, medios de comuni­cación interesados y activis­tas sociales monetariamente bien aditivados.

La actual negativa de algunos senadores a votar en contra del desafuero de Abdo Bení­tez, tal como Celeste Ama­rilla, Lilian Samaniego o Rafael Fillizola, consorte de la exsenadora Desirée Masi, y cofundador del PDP, es una muestra clara de la necesidad que tiene este grupo de blin­dar al expresidente, quien operó junto al exembaja­dor para concretar el plan. El rechazo a dejar sin fue­ros a Abdo parece la puesta en marcha de la expresión “si cae uno, caemos todos”.

Aunque era un secreto a voces que la oposi­ción siempre actuó en complacencia con Mario Abdo Benítez, cuando era pre­sidente y ahora que ya no lo es, sorprende la poca vergüenza con la que senadores que pre­sumen de ser opositores reco­nozcan públicamente que no permitirán su desafuero, algo necesario para la Justicia a fin de acusarlo en el caso filtración de Seprelad.

Senadores de la oposición han confirmado que no acompa­ñarán el desafuero del expre­sidente Mario Abdo Benítez, pese a que él mismo ha solici­tado a la Cámara Alta que se dé tratamiento y aprobación al pedido. Tanto Celeste Amari­lla como Rafael Filizzola ase­guraron que no van a acom­pañar, argumentando que se trata de una supuesta perse­cución en una “causa selec­tiva”.

En el programa de Mina Feli­ciangeli, el senador Filizzola defendió los argumentos por los cuales considera que no hay méritos para aprobar el desafuero del senador vitali­cio Mario Abdo Benítez. En tanto, su colega Celeste Ama­rilla anunció que ni siquiera votará cuando se trate el tema. Dijo, tajantemente, que no quiere que se la meta en “jue­guitos entre colorados”. Ade­más, consideró que la ANR merece ir a la llanura.

Ninguno de los dos supo expli­car cómo tienen esta actitud cuando que el propio Abdo pidió su desafuero, por lo que queda palpable que lo que publicó en sus redes el expre­sidente era puro show puesto que ya sabía que sus seguido­res lo blindarían.

De igual manera, días pasados, la senadora Lilian Samaniego, del movimiento Ambulancia Republicana, dijo que también votará en contra del pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez. Incluso asegura que el caso judicial que involucra al exmandatario en una filtración de datos con­fidenciales del expresidente Horacio Cartes a través de la Secretaría Nacional de Pre­vención de Lavado (Seprelad) es montado entre abogados y fiscales. “No se puede hacer una sesión selectiva, se hace la convocatoria a los cuarenta y cinco. Y ahí vamos a estar para dejar sentada nuestra posi­ción”, señaló Samaniego ante la versión de que el oficialismo colorado, por falta de votos, podría convocar a una sesión extraordinaria y aprovechar la ausencia de algunos legislado­res para aprobar el pedido de desafuero de Marito.

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez anunció a mediados del mes de marzo que soli­citará a la Cámara de Senadores su desafuero tras verse acorralado ante supuestos hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio ocurridos durante su gobierno.

A través de sus redes sociales oficiales, el líder del movimiento Fuerza Republicana expresó sentirse indignado y arremetió contra el Ministerio Público calificándolo como una institución “sometida a un grupo de poder”.

“La lucha contra el crimen requiere que todos los paraguayos estemos unidos y con valentía por eso quiero anunciar que enviaré una nota al presidente del Congreso solicitando mi desafuero, a efectos de que el Senado retire la inmunidad que me corresponde como senador vitalicio”, dijo.