Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

Te puede interesar: Gobierno libera peajes del MOPC este Miércoles Santo y Domingo de Pascua

Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Leé también: Congreso Nacional declara asueto para el Miércoles Santo

En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

El secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, detalló sobre los puntos abordados ayer en la sesión de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Uno de los temas fue la posibilidad de una reforma de las normas electorales, en las cuales plantean algunos cambios.

“Nosotros hemos estado trabajando desde hace tiempo con algunas cuestiones que nos preocupaban. Hemos planteado que debe haber una reforma en algunas normas electorales, que incluso, como consecuencia de las reuniones, hay un consentimiento de todas las bancadas de partidos para apoyar estas modificaciones”, indicó en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que una de las modificaciones que se planteará es acortar el periodo para realizar la campaña previa a las elecciones. “Que la campaña electoral sea un poco más corta, no seis meses como actualmente”, refirió González.

Leé también: Restos que serían de Alejandro Ramos ya están siendo traslados Asunción

También se analiza la inclusión de cambios en la ley de financiamiento político, que deben ser mejorados, según señaló González, que tiene que ver con inscripción de movimientos e inscripción de candidaturas. “Vimos que eso puede ser desdoblado a los efectos de obtener el RUC pertinente, nada más que sea una firma a distancia y la candidatura hacerlo posteriormente”, indicó.

La habilitación de cuentas corrientes también debe modificarse, según González, quien explica que “los bancos autorizaban la habilitación de las cuentas corrientes para movimientos especiales; al menos, en las cuentas internas, los movimientos internos no tienen personería jurídica real o son bastante sui generis. Se habilitaba la cuenta porque, de lo contrario, habría una sanción, pero no se permitía operar”.

Con la modificación se plantea la habilitación y operación de las cuentas. “En ese caso, la modificación es que se deje habilitar y operar la cuenta. Han tenido problemas con movimientos internos del partido y también hemos tenido información de otros partidos políticos; esa es una corrección”, refirió.

Te puede interesar: Lavado de dinero en Atlas: pasos procesales fundamentan denuncia de la Conmebol

El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.

“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.

Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.

Te puede interesar: Venta de asfalto: afirman que Ostfield ignoró hechos de corrupción de Mario Abdo

“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.

Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.

“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.

Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.

Leé también: Oposición reducirá listas para la junta capitalina, dice diputada

El proyecto de resolución “que propone la creación de una Comisión Especial Unicameral para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones para la Revisión del Anexo C de Itaipú Binacional, entre los Gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil”, fue aprobado en la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del pasado martes. La iniciativa fue presentada por los diputados Rocío Abed y Hugo Meza.

Si bien el objetivo fue la creación de una Comisión Bicameral que integre a miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, la iniciativa no avanzó por una falta de acuerdo para la presidencia, lo que llevó a los diputados a abandonar la sesión y solo se conformó, primeramente, una comisión unicameral en Senadores y ahora en Diputados.

Te puede interesar: Peña pide que la familia se mantenga unidad durante la Semana Santa

Ahora, desde Diputados el análisis y acompañamiento de estas negociaciones se realizará de manera unicameral. El diputado Hugo Meza explicó a La Nación/Nación Media que no se llegó a un acuerdo entre ambas Cámaras por una falta de madurez política.

“Es lamentable. Lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo. Creo que faltó madurez política, ni siquiera de nuestra parte, nosotros simplemente hemos defendido la institucionalidad de la Cámara de Diputados, atendiendo que es norma que las bicamerales siempre se han rotado, tanto en Senadores como en Diputados”, indicó.

El legislador sostuvo que es necesario que estas negociaciones, que se encuentran paradas de momento por el esquema de hackeo de Brasil al Gobierno de Paraguay, admitido por el mismo gobierno de Inacio Lula Da Silva, sean acompañadas por el Legislativo.

“No creo que se pierda fuerza (al ser una comisión unicameral), más bien es una duplicación de los trabajos, pero creo que en este caso lo que abunda no daña, lo que más necesitamos es sentarnos con los representantes del Poder Ejecutivo, Cancillería nacional, Itaipú Binacional, para saber los avances y en qué estadio hoy estamos, en qué parte de la historia hoy estamos con relación a esta negociación importante”, apuntó.

La instalación de esta comisión especial se estaría dando a la vuelta de Semana Santa, cuando se deberá conformar la mesa directiva y empezar con el trabajo. “Vamos a estar convocando a las autoridades, a los que están llevando adelante esta renegociación desde el Ejecutivo, y eventualmente, también nosotros querríamos preparar algunas acciones, algunos pareceres, desde una mirada más plural, ya que están varios diputados de otros partidos y otros espacios”, adelantó.

Agregó que el objetivo es generar propuestas concretas, aunque el papel de la comisión es más bien de análisis y seguimiento, pero también es importante que se conozcan todos los detalles, ya que una vez que se firme el acuerdo debe pasar por ambas Cámaras del Congreso para su aprobación.

“Es muy importante que estemos en la previa de la negociación. Lo que se decida firmar por los Gobiernos de Paraguay y Brasil, va a tener que pasar por ambas Cámaras del Congreso para aprobar o rechazar. Entonces, sería importante que desde el vamos sepamos cómo están trabajando estos representantes de la negociación”, sentenció.

Titulares: Rocío Abed; Christian Brunaga; Avelino Dávalos; Cristina Villalba; Hugo Meza; Mauricio Espínola; Jorge Ávalos Mariño; Carlos Pereira; y Raúl Benítez.

Suplentes: Miguel Del Puerto; Bettina Aguilera; Esteban Samaniego; Luís Federico Franco; y Walter García.

Diputados representantes ante el Parlamento del Parlasur: Rodrigo Gamarra; Virina Villanueva; y Pastor Vera.

Podes leer: El Gobierno amplía el acceso a la vivienda al sector policial