El Senado aprobó ayer miércoles el proyecto de resolución que plantea la creación de una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos que guarden relación con el espionaje cibernético perpetrado por el Brasil en contra de Paraguay en el marco de las negociaciones por la tarifa de Itaipú.
La media sanción será comunicada a Diputados para su consideración. La propuesta, que fue impulsada por los legisladores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Dionisio Amarilla y Zenaida Delgado; detalla que la comisión conjunta tendrá una duración de 60 días hábiles contado a partir de la fecha de su constitución, prorrogable por un plazo igual o menor, y elevará a consideración de cada una de las cámaras del Congreso, informes sobre sus actividades que incluirá el estado en que se encuentran las investigaciones en cada caso.
Entre los puntos investigados por la comisión figuran: verificar si existen alertas o informes de operaciones de inteligencia o de seguridad cibernética elaborados por parte del gobierno de Paraguay (periodo 2018-2023), desde el momento del conocimiento de los supuestos hechos de espionaje cibernético. Identificar si existen documentos o informaciones entregados debidamente por el gobierno (periodo 2018-2023) a las autoridades del gobierno entrante el 15 de agosto del 2023, sobre los supuestos hechos de espionaje cibernético.
También se abocará a identificar a las instituciones y personas que llevaron a cabo las negociaciones con el Brasil incluidas las que guardan relación con la tarifa de Itaipú, durante el lapso de duración del supuesto espionaje; asimismo la identificación de las personas que habrían dado las respectivas instrucciones sobre los términos de las citadas negociaciones. Determinar si existió perjuicio para el Paraguay por la rebaja de la tarifa para el año 2023. Abordar sobre investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados y el deslinde de responsabilidades.
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Antecedentes
El proyecto evaluado este último miércoles entre los puntos resaltantes de la sesión extraordinaria de la cámara surgió tras las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, donde refieren que la operación ilegal fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, había informado el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.
La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.