A través de sus redes sociales, el presidente de la República Santiago Peña, informó acerca de la reunión de alto nivel que mantuvo con los dos presidentes del Poder Legislativo, el titular del Congreso y de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. El encuentro, que se enmarcó en una amena charla, se desarrolló en la sede de Mburuvicha Róga.

El encuentro de las altas autoridades se propició tras el acto de incorporación de 135 aprendices de electricistas de distribución en el marco del Programa de Formación Dual Profesional de la ANDE, que se realizó en la sede residencial del Poder Ejecutivo.

El jefe de Estado destacó que invitó a una charla privada a los dos presidentes de ambas cámaras legislativas, con quienes mantuvo una interesante conversación sobre temas de relevancia para el país. “Amena reunión con el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, donde conversamos sobre las principales iniciativas legislativas que están siendo analizadas y promovidas desde el Parlamento”, publicó en sus redes sociales.

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El diputado Avelino Dávalos destacó el proyecto que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Gobernación de Caazapá para la producción permanente de tomates. El legislador indicó que el programa Hambre Cero es fundamental para este proyecto, lo que podría extenderse a la exportación de este producto.

“Quiero compartir con los colegas, con la ciudadanía, un proyecto muy importante para mi departamento, para todos los que venimos hablando del proyecto Hambre Cero. Este es un proyecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería que, con un trabajo coordinado con la gobernación de Caazapá, el proyecto de cultivar tomate durante todo el año”, dijo el diputado en la sesión de este martes.

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Explicó que, en el mes de diciembre del año pasado, el MAG realizó la entrega de semillas e insumos para pequeños productores, y el pasado viernes el ministro Carlos Giménez y el gobernador Christian Acosta, ya realizaron un recorrido por las fincas que están produciendo tomates, tanto para el programa Hambre Cero como para su incursión en el mercado nacional.

“Varios productores del departamento de Caazapá van a tener la oportunidad de producir todo el año los tomates. Son de mucha utilidad para el proyecto de Hambre Cero y porque no decir que desde el departamento de Caazapá muy pronto también podemos adherirnos, podemos exportar también tomates a los países vecinos, como Argentina, que después de muchos años en este Gobierno se ha exportado a la República de Argentina”, destacó.

Mencionó que son muchos los beneficios de este proyecto de producción todo el año del producto, como una mayor estabilidad para los productores, asegurando su ingreso durante todo el año, abastecimiento continuo en el mercado local evitando la escasez y las fluctuaciones de los precios.

“Quiero desearles toda la fuerza necesaria al gobernador de Caazapá y al ministro de Agricultura a seguir invirtiendo en este tipo de proyectos y por sobre todas las cosas para que realmente podamos ir cambiando el bienestar de las familias de mi departamento y del país”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sentó postura en el caso del supuesto hackeo de Brasil al Gobierno paraguayo y sus autoridades, revelado ayer por medios de comunicación brasileños. El diputado sostuvo que no se puede dejar de levantar la voz ante un supuesto espionaje que habría sido sometido el país y sus autoridades.

Durante su intervención en el pleno de la sesión de este martes, Latorre indicó que es fundamental realizar tres actos concretos al respecto; el primero, la solicitud de explicaciones pertinentes al Brasil por parte de la Cancillería nacional.

“Tenemos que tener una respuesta clara y responsable sobre lo acontecido. No basta con decir fue el otro gobierno, nosotros tenemos que mirar con seriedad la política de Estado que trasciendan el modelo quinquenal y que sostenga una relación armoniosa de confianza en nuestras naciones”, expresó.

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En segundo lugar, el titular de la Cámara Baja señaló que se debe realizar una investigación por parte del Gobierno paraguayo, seria y con condiciones técnicas, respaldados en países amigos, aliados y hermanos, con gran capacidad en materia de inteligencia, como los Estados Unidos, y como el Estado de Israel. “No podemos depender para terminar de entender la realidad de lo que pasó solamente de las explicaciones que nos van a dar”, apuntó.

Como tercer punto, citó que se debe entender y terminar de readecuar las capacidades de defensa de la nación ante las nuevas amenazas. “Hoy por hoy, Paraguay no tiene una hipótesis de conflicto convencional con sus vecinos, pero tenemos que fortalecer nuestras capacidades para luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y contra los ciberataques”, indicó.

Latorre cuestionó que como país existe una gran vulnerabilidad en el marco de la ciberseguridad, lo que ya ocurrió con el ataque de China Continental, y en su momento fue denunciado, y ahora nuevamente con el Brasil.

“Es fundamental sostenernos en las capacidades, en las capacidades de nuestros aliados en este momento, pero tenemos que aspirar como un aire vital a la capacidad de poder valernos por nosotros mismos y defender nuestro ciberespacio, porque allí ya no se encuentra el futuro, se encuentra el presente en cuanto a defensa, en cuanto a transacciones financieras y económicas, en cuanto a información vital y sensible para la administración del Estado”, puntualizó.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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