Este viernes debió realizarse la audiencia fijada por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera en la causa conocida como filtración datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), atribuidos al exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez y su gavilla.

La diligencia judicial tenía como fin estudiar las primeras chicanas que fueron planteadas el 14 de marzo del 2024 por las defensas de los excolaboradores del anterior gobierno, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene. Las diversas artimañas fueron promovidas por los abogados abdistas ante la Cámara de Apelación así como en la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la audiencia quedó suspendida debido a una apelación general pendiente de resolución, dijo el abogado Alfredo Kronawetter, defensor legal de Daniel Alberto Farías. Se trata del recurso de apelación general dictado la magistrada Clara Ruiz Díaz por la cual ordenó la extracción de datos de las computadoras de los acusados.

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Antecedentes

Los siete imputados se encuentran acusados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

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