A través del Decreto n.° 5330 de la Presidencia de la República, se designó a Rubén Maciel Guerreño como nuevo viceminis­tro de Política Criminal, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nom­brado como juez penal de Garantías. Maciel Guerreño ya había ocupado el mismo cargo en 2020.

El nuevo viceministro con­firmó ante la 920 AM que asumió oficialmente a partir de ayer y manifestó algunos de los objetivos del Ministe­rio de Justicia. Sostuvo que está en proyecto la construc­ción de tres nuevas peniten­ciarías de mujeres y que está previsto el cierre del Buen Pastor.

Maciel ocupó previamente el mismo cargo desde el 2020 hasta el 23 de marzo de 2022, fecha en que presentó su renuncia tras la designa­ción a Édgar Olmedo como ministro de Justicia.

Es máster en Sistema Penal Comparado y Problemas Sociales y en Argumenta­ción Jurídica por la Univer­sidad de Barcelona y por la Universidad de Alicante res­pectivamente, ejerce la pro­fesión desde el 2001 y cuenta con experiencia en litigios en los fueros penal, admi­nistrativo, laboral y civil-co­mercial, es especialista en Derecho Procesal Penal, además de notario y escri­bano público.

Destacaron la necesidad de contar con un manual de perfil de cargos, de procedimientos para que cada funcionario sepa exactamente lo que debe hacer y no debe hacer.

El nuevo viceministro de Polí­tica Criminal, Rubén Maciel Guerreño, expuso que bajo el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, se está trabajando en delimitar las responsabilidades de cada funcionario del sistema peni­tenciario con el fin de otorgar al Estado un mayor control y soberanía sobre sus cárceles.

“El problema central y ese es el gran desafío que siempre se tuvo es poder cambiar por un lado la cultura organiza­cional en los centros peniten­ciarios. La cultura que tenía, por ejemplo, Tacumbú es muy diferente a la cultura organi­zacional de la cárcel de San Pedro, esto no debería ser así, tendría que estar totalmente estandarizado”, manifestó el funcionario, designado ayer jueves en el cargo, en reem­plazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal.

“Me refiero a que se tenga un manual de perfil de cargos, de procedimientos para que cada funcionario sepa exac­tamente lo que debe hacer y lo que no debe hacer, esto es un elemento fundamen­tal para poder delimitar las responsabilidades. Esto ya se está elaborando y tendría que estar concluyendo”, agregó. Señaló que otro de los desafíos del Gobierno se debe centrar en el proceso de selección y formación del servidor peni­tenciario.

• Santiago, Chile. AFP.

Maya Fernández Allende, nieta del expresidente socialista Salvador Allende, renunció ayer lunes a su cargo como ministra de Defensa de Chile en medio de un escándalo por la fallida compra por parte del Estado de una casa que heredó de su abuelo.

El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el diciembre pasado la compra de una casa de Allende para convertirla en un museo que recordara la figura del exmandatario derrocado por Augusto Pinochet (1973-1990). Fernández alcanzó a firmar un contrato de compraventa de la casa valorada en unos 900.000 dólares.

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El gobierno frenó la operación por los cuestionamientos de la oposición de derecha, que alertó que existe una disposición legal que prohíbe a los ministros en ejercicio celebrar contratos con el Estado. Cuando estalló la polémica, Fernández se defendió ante la prensa afirmando que no se produjo la venta.

Eso no frenó las críticas de los legisladores de derecha, que casi en simultáneo a la renuncia de Fernández presentaron un juicio político en su contra para destituirla e inhabilitarla de cargos públicos por cinco años. La compraventa no sólo “tenía vicios graves, de fondo y de forma, sino que además violaba la Constitución”, dijo a la prensa este lunes el diputado opositor Juan Antonio Coloma.

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El caso involucra también a la senadora Isabel Allende, hija del mandatario derrocado, y tía de Fernández. Por su cargo, también estaba impedida de firmar contratos con el Estado. El Tribunal Constitucional analizará dos requerimientos presentados en contra de Fernández y Allende.

Es la segunda ministra que sale de su gabinete por este escándalo, tras la renuncia de la extitular del ministerio de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien visó la compra de la vivienda. Fernández se mantenía en el gabinete desde el inicio del gobierno de Boric, en marzo de 2022, y ahora será reemplazada por Adriana Delpiano, exministra en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Michelle Bachelet (2006-2010).

En sesión ordinaria, la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, puso a consideración del pleno el estudio del proyecto de ley que moderniza y reestructura los servicios del Registro del Estado Civil. Este estudio fue acompañado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, además de otras autoridades del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

De acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia, institución rectora del Registro Civil de las Personas, la sesión ordinaria se desarrolló en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores, donde se hizo un estudio comparativo entre las proformas presentadas por el diputado Hugo Meza, versus la presentada por los senadores Arnaldo Samaniego y Ever Villalba, entre otras propuestas legislativas.

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Los proyectos de Ley que están siendo objeto de estudio contemplan, por un lado, “la fusión de los servicios del Registro Civil y la Dirección de Identificaciones, de la Policía Nacional. Además establece un sistema integral de Registro Civil e Identificación de las personas naturales. Otra de las propuestas analizadas tiene que ver con la creación de la Dirección Nacional de la Identidad de las Personas (DINAIP)

Mencionan además que, en la oportunidad, fueron deliberados aspectos tales como el objetivo de la ley, el ámbito de aplicación, derechos y obligaciones, sanciones y mecanismos de cumplimiento, estructura y redacción, impacto presupuestario, flexibilidad y adaptabilidad.

Al respecto, señala que, al momento de su intervención, el ministro Nicora, señaló que, lo importante, y lo que buscan realmente es que sea algo que mejore la gestión y mejore el resultado para aquel ciudadano que necesita sacar un certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción, o una cédula de identidad. “Todos conceptualmente compartimos que estos trámites tienen una necesidad urgente de ser desburocratizado y necesitamos que todo física o digitalmente lo podamos tener en un solo lugar”, expresó.

De la mesa de trabajo participaron igualmente, Maximiliano Ayala, director del Registro Civil; Rubén González, director de Tecnología y Comunicación del Ministerio del Interior; Crio. Humberto Benítez González, comandante de la Policía Nacional; y Gustavo Villate, ministro del Mitic. Asimismo, asistieron el viceministro de Justicia, Rafael Caballero, y el director Gral. de Asesoría Jurídica, Manuel dos Santos.

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El Ministerio de Justicia ordenó la investigación de un caso de embarazo dentro del Buen Pastor que involucraría a un agente penitenciario y una reclusa. El funcionario ya fue separado y se encuentra bajo sumario administrativo, no se descarta elevar la denuncia al Ministerio Público. Para el ministro Rodrigo Nicora constituye un “hecho gravísimo” y el primero en reportarse en esta administración, por lo que se buscará tomar medidas drásticas.

“Hay una investigación sobre ese hecho. Eso ocurrió en la Penitenciaría del Buen Pastor, hay un funcionario que ya está separado del cargo. Y esto va a correr una investigación porque es un hecho grave”, dijo a la 1020 AM.

Afirmó que no es la primera vez que se tienen antecedentes de situaciones similares, por lo que normalizar la práctica “es gravísimo”, conforme expresó. “Estamos hablando de agentes penitenciarios en relacionamiento con mujeres privadas de libertad. Hablo en general de antecedentes porque sí me habían compartido hechos similares en otros países de la región donde hubieron grandes problemas”, manifestó.

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Nicora señaló que estuvo averiguando antecedentes en Paraguay y no hay registros al menos en los últimos cinco años de hechos similares. “Son hechos gravísimos y de ser comprobados todo el peso de la ley porque estamos hablando de cuestiones muy sensibles donde nuestro personal no puede tener ese margen de mezcla con la población penitenciaria”, subrayó.

En este caso puntual se dispuso inmediatamente la desvinculación del acusado. “Pero si realmente amerita se va a remitir inclusive todos los antecedentes al Ministerio Público”, confirmó. Aseveró que el agente se excedió en sus funciones y está vulnerando derechos de las mujeres que debe recibir todas las atenciones, “pero de ninguna manera el relacionamiento libre entre un funcionario del Estado y una persona que está cumpliendo su condena”.

Según el ministro Nicora, claramente está prohibido por normativas del sistema penitenciario que haya un vínculo amoroso entre un agente y una mujer privada de libertad. “Inclusive está prohibida la conversación o dirigir palabras a las personas privadas de libertad. Imagínense ustedes si hay una relación sentimental donde inclusive podríamos estar hablando de aborto. Es un hecho totalmente irregular y grave”, remarcó.

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