Desde Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) indicaron que están trabajando en varios aspectos en torno al proyecto de Tren de Cercanías, tanto en lo relacionado con la normativa como también lo vinculado a la financiación, ya que este plan contempla un aporte privado inicial y la inyección de capital privado.

“Para el mes que viene deberíamos cerrar el decreto y deberíamos estar en condiciones de licitar esto en el segundo semestre. El financiamiento sigue siendo el mismo que el previsto, una parte del Estado, y el resto estamos hablando más de USD 400 millones, en mercados internacionales, ya sea emisión de bono privado, préstamos de bancos, entre otros porque es un trabajo que debe hacer el sector privado”, explicó el presidente de la institución Facundo Salinas.

En conversación con “Así son las cosas”, programa emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media, mencionó que se contempla que el aporte invierta el Estado de manera inicial USD 150 millones para el tren de cercanías y el resto del capital necesario, deberá venir del sector privado ya que se necesitan alrededor de USD 600 millones para hacer realidad este proyecto.

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“Estamos siguiendo los pasos, en diciembre salió la nueva ley que habilita esto con algunas reglas que a nosotros nos parecía importante tenerla. Lo que empezamos por un lado es cerrar la parte técnica, terminar el decreto reglamentario porque la ley es marco en general, pero hay detalles de regulación que necesitamos y mediante el decreto eso se va a hacer realidad y finalmente terminar en un pliego de bases y condiciones”, detalló.

Asimismo, manifestó que ya han tenido primeras conversaciones entre empresas locales e internacionales y también con representantes de bancos de manera a ver el interés y hacer un intercambio de ideas respecto al proyecto, acciones que se llevan en paralelo al trabajo por la reglamentación. “Tenemos un ida y vuelta típico de cuando tenemos más de una institución involucrada, el borrador ya lo tenemos, pero aún lo estamos corrigiendo con el equipo de Presidencia, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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Gracias a los incentivos que ofrece la Ley 60/90, las inver­siones registraron un incre­mento del 8 % durante los dos primeros dos meses, en com­paración al mismo periodo del 2024, sumando así un total de USD 91 millones. Además, solo en febrero se registraron 14 nuevos pro­yectos aprobados, sumando así unos USD 34 millones en materia de inversión.

En los dos primeros meses del 2025, se aprobaron un total de 33 nuevos proyectos, lo que significa un aumento de 22 % en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 27 proyectos, según el Viceministerio de Industria. El 86 % de estos proyectos se concentra en el sector secundario; mientras que un 12 % se ubica en el sec­tor terciario, y el restante 2 % en el sector primario. En cuanto al origen de los capita­les invertidos, las inversiones nacionales siguen liderando con un monto de USD 62 millones al cierre de febrero, que representa un 91 % supe­rior respecto al periodo ante­rior. En tanto que las inversio­nes extranjeras fueron por un total de USD 29 millones. El 91 % de las inversiones acu­muladas se concentraron en los departamentos de Alto Paraná, Paraguarí, Capital, Central e Itapúa.

El informe del ente estatal indica que, de las inversiones proyectadas en febrero, el 80 % se concentra en los rubros de biocombustibles, servicios, y productos alimenticios. En menor medida le siguen los productos químicos farma­céuticos y plásticos. El buen dinamismo no significa solo un movimiento económico, sino que también se ve refle­jado en la cantidad de mano de obra generada. El informe indica que la cantidad de empleos vinculados a estos sectores ascendieron a 1.149 puestos de trabajos, lo que representa un incremento del 151 % en comparación al pri­mer bimestre del 2024, cuando fueron un total de 458 puestos.

El 89 % de los empleos pro­yectados acumulados hasta febrero se concentra en los productos alimenticios, con un total de 648 puestos; seguido del sector de metales y sus manufacturas, con 372 empleos cada uno. Asimismo, en menor medida, se encuen­tran también los sectores de productos químico-farma­céuticos, papel, cartón y sus manufacturas, producción y almacenamiento de granos y semillas, y el rubro de con­fecciones y textiles.

La Ley 60/90 es un régimen de incentivos fiscales que busca atraer inversiones y fomentar el desarrollo eco­nómico del país. Entre sus beneficios resaltan la exone­ración del 95 % del Impuesto a la Renta sobre la inversión durante 5 años, arancel del 0 % para la importación de bie­nes de capital.

La Itaipú Binacional encabezó una licitación para adquirir 300.000 pupitres, que se destinarán a instituciones educativas de diferentes lugares del país, a un precio de G. 756.689 cada uno, un costo inferior a lo pagado en otros procesos licitarios, como el de la Municipalidad de Naranjal, que entre mesas y sillas terminó abonando G. 1.347.000 por cada uno.

De acuerdo al contrato suscrito entre Naranjal, encabezada por Edoard Schaffrath del 2024, y la empresa MAQPY SA quien proveyó 50 mesas a G. 948.000 y 50 sillas a G. 399.000, lo cual totaliza G. 1.347.000 cada set. Si se hace un comparativo entre esta compra y la realizada por la binacional, se registra un ahorro de G. 590.311 por unidad.

Incluso el director de la margen derecha de Itaipú, Justo Zacarías, manifestó que el precio pagado está por debajo del estándar. “Hemos conseguido a un precio promedio de G. 756.000 la unidad en mejores condiciones porque se incluyó un producto diferente, nuevo, ergonómico, de un material metálico mucho mejor y mucho más durable, además el contrato establece tres años de garantía”, expuso.

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En conversación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el director defendió el proceso llevado adelante por la institución a su cargo e indicó que el contrato establece que ante irregularidades en los mobiliarios, estos deberán ser sustituidos, no simplemente reparados y además no se realizaron pagos por adelantado.

“Una vez que entreguen la totalidad, pasarán unos meses para que puedan cobrar”, refirió Zacarías. Asimismo, precisó que la empresa Kamamya SA es una firma local y que de hecho en este proceso no se permitió la participación de empresas del exterior. “Ahora la cuestión de si era si fabricada acá o venía de afuera, eso sí podía darse de ambas maneras”, explicó.

Como otro punto importante, cabe mencionar que debido a la alta cantidad de mobiliarios escolares que se desean adquirir, industriales y empresarios advirtieron sobre la imposibilidad de la mayoría de ellas de proveer dichos equipos para la fecha deseada y recién podrían cumplir con la demanda en unos 15 o 19 meses. “Pero nuestra intención era haber entregado ya el 1 de marzo, lastimosamente no se pudo dar”, remarcó.

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