El diputado abdista Mauricio Espínola presentó una nota ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja para solicitar su desafuero. El legislador es uno de los sospechados por el Ministerio Público en integrar el esquema que filtró información confidencial de instituciones estatales entre el 2021 y 2022, es decir, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Se encuentra pendiente el estudio en la plenaria del desafuero remitido por el Juzgado Penal de Garantías N° 3 en la causa N° 6898/2023 caratulada como ‘Carlos Arregui y otros s/ denuncia falsa y otros referente a mi persona. En dicho contexto, he manifestado públicamente mi posición de instar al estudio y aprobación de dicho pedido”, expresa el escrito.

Al mismo tiempo, Espínola solicita que el presidente de esta Comisión, Roberto González también integrante de la disidencia colorada, que lo convoque a él y a su representante legal para exponer supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio Público en este proceso.

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Cabe mencionar que el actuar del diputado abdista, emula la movida política del expresidente Mario Abdo, quien también se pronunció públicamente solicitando su desafuero como senador vitalicio a la Cámara Alta, esto luego de que la Fiscalía haya acusado a sus exministros por asociación criminal y otros hechos punibles.

Pese al exhorto de Abdo pidiendo su desafuero, queda en duda si sus aliados votarán a favor de la solicitud y permitirán que él, al igual que sus exsecretarios de Estado como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y otros, se someta a la justicia por la utilización del aparato estatal para la persecución de sus adversarios políticos.

“Abdo nunca va a querer su desafuero, porque esto es una movida política. Yo creo que él los metió a todos en este lío a sus ministros, les indicó lo que tenían que hacer. Hicieron al pie de la letra todas las tergiversaciones que hoy están demostradas con una cantidad de pruebas y relatos; y les abandonó. Acá hubo alguna presión, le dijeron ‘vení acá también vos, o te liquidamos’”, fue el análisis realizado por el senador Antonio Barrios en contacto con “Arriba Hoy”, emitido por GEN/Universo 970 AM/Nación Media.

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Bajo el gobierno de Mario Abdo se inauguró con gran efervescencia el acueducto del Chaco para lo cual se destinaron USD 130 millones, sin embargo, tras apenas unos meses de funcionamiento, dejó de operar por varias fallas que ya venían del proyecto original, lo que dejó nuevamente a las comunidades chaqueñas sin agua potable. Tras meses intensos de trabajo, su inauguración parcial está prevista para este martes 18 de marzo.

“Lo que vamos a hacer el día de mañana es rehabilitar el tramo más crítico, más complicado y que más fallas tuvo en su momento cuando operó, que es el tramo Puerto Casado-Loma Plata, como es de público conocimiento, tuvo más de 57 roturas cuando operó”, explicó Luis Bernal, presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Bernal detalló que este es el primer tramo a ser rehabilitado, el cual consta de 202 km. Originalmente, este sector del acueducto funcionó apenas a medias y no pudo cumplir con el objetivo de ser un centro de distribución para las comunidades indígenas y localidades del Chaco central, pese a que existían reservorios con capacidad par 2.500.000 litros de agua.

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“Con las intervenciones que tuvimos desde la Essap, logramos mantener el sistema, hoy podemos decir que el acueducto va a funcionar de forma sostenida, no en la presión y el caudal óptimo tal cual como se estableció en el proyecto, pero el hecho de poder llegar a Loma Plata, para luego en una segunda etapa instalando nuevas estaciones de bombeo poder bombear a las comunidades indígenas, es realmente un logro”, expresó ante la 1020 AM.

El presidente de la Essap fue enfático al afirmar que esta inauguración aún no representa una solución definitiva para la falta de agua en toda la región Occidental, no obstante, “estamos rehabilitando un sistema fallido, mal concebido que lo estamos volviendo sostenible para paliar la crisis que tenemos de agua en el Chaco”.

Asimismo, indicó que ante la falta de funcionamiento del acueducto, el Gobierno envía alrededor de 40 camiones cisternas cada dos a tres días al Chaco, de modo a proveer el líquido vital a la población. Con la habilitación parcial del acueducto, se estaría distribuyendo agua que equivale a 250 camiones cisternas, por lo que también esto representará un ahorro para el Estado.

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“Aproximadamente hace un mes que venimos operando, no habíamos socializado con la ciudadanía porque no queríamos hacer algo populista, entonces veníamos realizando pruebas, porque seguimos tropezando con los cortes de energía eléctrica principalmente en Puerto Casado que hace que se suspenda la operación, pero eso está controlado. Lo que más nos preocupaba eran las pérdidas y las rupturas en el acueducto, pero gracias a la instalación de la estación de bombeo, que diseñamos desde la Essap, felizmente funciona”, concluyó.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, explicó que el pedido de desafuero del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, como senador vitalicio, se incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, sin embargo, por pedido de los aliados de Abdo, no será tratado, ya que fue solicitado por nota, primero “escuchar” al exmandatario o sus abogados.

“Hubo una especie de reculada y hoy en la sesión de la mesa directiva, el senador Rafael Filizzola, y la senadora Lilian Samaniego, nota mediante, actuaron seguramente por pedido del expresidente para solicitar su comparecencia o la de sus abogados en la comisión”, refirió en conversación con la 1080 AM este lunes.

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Mencionó que, como presidente de la Cámara definió la inclusión del desafuero en el orden del día, para el miércoles, ya que cuenta con un dictamen y el mismo se encuentra hace un año en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La comunicación del desafuero ya fue remido al Senado en marzo del 2024 por la jueza penal de Control y Garantías de Capital, Cynthia Lovera, en el marco del caso filtraciones de datos de la Seprelad.

“No es una potestad, en este caso del expresidente o de cualquier legislador que tenga fueros de solicitar, se hace más por una cuestión mediática, un juego político lo de poner a consideración el fuero, el que solicita en principio es el fiscal acusador al juez y el juez de garantía es el que remite, y es el que se remitió hace un año, hace un año está en la Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido de desafuero”, mencionó.

Mientras tanto, sostuvo que la mesa directiva accedió a convocar nuevamente al expresidente o sus abogados, en el marco del cumplimiento de los procesos legislativos. “Si nosotros teníamos un espíritu de dictadores, podíamos hacer caso omiso y tratar el miércoles, creo que dentro del movimiento Honor Colorado y dentro del Partido Colorado que está presidiendo Horacio Cartes no tenemos ese espíritu porque nosotros no tuvimos esa posibilidad, nosotros sí fuimos perseguidos en el periodo anterior por las instituciones del Estado”, puntualizó.

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• por Lourdes Torres - Periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El ingeniero José Tomás Rivarola, excoordinador del proyecto Metrobús del Ministerio de Obras Públicas, señaló que hoy sería difícil definir el impacto que hubiera tenido si no se abortara el proyecto y llegara a término. Sostuvo, que hoy sigue siendo una propuesta vigente, ya que hasta ahora es la mejor solución frente al actual problema de transporte público.

Durante una entrevista con el Diario La Nación/Nación Media, el excoordinador afirmó que el Metrobús fue y sigue siendo un plan de cambio de modelo completo en la forma de gestión, ya que no se trataba solamente una cuestión de los buses y sus troncales. “Era todo un cambio de paradigmas en el sistema de transporte público. Por eso, hoy se hace difícil dimensionar el cambio que hubiera traído si llegaba a término”, indicó.

Como formó parte del proceso desde el inicio de su ejecución, el Ing. Rivarola explicó que este proyecto no es que nació bajo el gobierno del expresidente Horacio Cartes, sino que ya fue el tercer gobierno que venía planificando su ejecución. Sostuvo que llevar adelante este tipo de proyectos necesariamente involucra a 3 o 4 gobiernos para que finalmente se pueda concretar.

“El Metrobús, no era solamente la puesta en marcha de buses, era un conjunto de proyectos que complementaban al sistema de transporte. Por eso, para mí, es inexplicable la cancelación del proyecto. Bueno, sí hay explicación, pero obviamente no son técnicas”, lamentó.

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Recordó que al inicio del Gobierno de Abdo, una de las primeras acciones del ministro Wiens, que hizo muy bien, fue intervenir el proyecto. Rivarola señaló que fue parte de esa intervención.

“El informe del interventor contratado por Wiens, más allá que criticaba algunos aspectos, su conclusión fue contundente. Decía que el proyecto debía continuar. Por tanto, Wiens salió en contra incluso de lo que su propio interventor le recomendaba de lo que debía hacer”, acotó.

Contemplaba varios aspectos, como reubicar a todos los vendedores apostados sobre la calle Pettirossi. Teníamos el terreno, la propuesta, estaba totalmente diseñado, financiado, sin objeción de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una inversión de 5 millones de dólares para construir como un shopping a cielo abierto.

Este solo proyecto justificada el esfuerzo. Si bien, era complementario al Metrobús, no estaba atado a él, es decir era independiente. Como éste había otros proyecto satélite del Metrobús que se estaba trabajando, y que, con la cancelación del proyecto principal, los demás proyectos quedaron más que suspendidos, abandonados.

Lo más triste de todo esto, es que los recursos estaban disponibles. Había proyecto, había recursos, así como había problemas, desde luego, porque cualquier proyecto de esta envergadura tiene problemas. Pero también había soluciones, y sobre todo había los recursos para brindar esas soluciones.

De alguna manera lo que ahora está impulsando el Viceministerio de Transporte, recoge algunas de las ideas de lo que estábamos trabajando con el proyecto Metrobús. Por ejemplo, con la licitación prevista para el sistema de transporte se iba a romper la dependencia de la empresa de transporte, en relación a la necesidad de los pagos. Como ahora opera el sistema Búho, que está operando de esa forma. Lo que se recoge va a una cuenta fiduciaria y no tiene relación directa con lo que la empresa cobra.

Los términos de referencia que se estaba preparando con respecto a los vehículos, era un servicio mixto. Es decir que un 20 % de la flota sea eléctrica. Recordemos que hace unos años el sistema eléctrico no tenía el desarrollo que hoy tiene. Mientras que el 80 % sean vehículos diésel euro 6, que produce un nivel de contaminación muy inferior a lo que en este momento existe.

Claro que atravesamos obstáculos, y uno fue central, de ella derivaron otros obstáculos; y que, siendo honesto, nosotros no habíamos encontrado rápidamente una solución, y cuando la hallamos ya fue tarde para el gobierno de Cartes y necesariamente debía continuar en el siguiente gobierno.

La avenida Eusebio Ayala y su continuación la ruta Mcal. Estigarribia, no es propiedad del Estado paraguayo o las respectivas municipalidades. En términos de título de propiedad, la avenida y la ruta pertenece a los frentistas, porque cuando se ensanchó la ruta, muchos vecinos no fueron indemnizados.

Con el equipo del MOPC buscamos la forma de expropiar, sin embargo, en aquel momento el procurador general del Estado advirtió a través de un dictamen, dado que el Estado venía ocupando ese espacio en más de 30 años no correspondía indemnizar y que si se indemnizaba ahí si se iba a generar una lesión de confianza en verdad, y no lo que luego quisieron señalar al ministro Ramón Jiménez Gaona.

Se logró alcanzar una alternativa de solución al problema y que se le planteó ya al nuevo titular del MOPC, entonces Arnoldo Wiens, la propuesta era llevar a instancias judiciales, y que sea un juez el que determine si correspondía o no indemnizar al frentista, y ese paso es lo que la nueva administración ya no quiso dar.

La propuesta pasó incluso por asesoría jurídica que estaba de acuerdo, teníamos los dictámenes, de cómo se debía proceder. Teníamos los recursos en el banco, que justamente para mí lo más lamentable es que teniendo los recursos, no se aprovechó.

Porque no es verdad que no haya habido recursos, estaba previsto ese dinero, tuvimos ese impase jurídico con la Procuraduría General, terminamos encontrando una solución técnica viable para salvar la situación. Pero lastimosamente, ya no había voluntad política de seguir sosteniendo el trabajo.

Incluso, conforme a la Ley de Expropiación, se establece que en el momento que se daba inicio al juicio las obras podrían continuar. Entonces, al ser un juez el que determinara el pago de la indemnización, dejaba de ser una cuestión administrativa, por tanto, no iba a haber lesión de confianza.

El proyecto comenzó con el gobierno de Fernando Lugo;la financiación del crédito continuó y se gestionó con el gobierno de Federico Franco, y la obra comenzó con el gobierno de Cartes. Este presidente Mario Abdo, habría inaugurado esta obra majestuosa.

Este tipo de trabajo, requiere necesariamente el esfuerzo de al menos 4 gobiernos diferentes. Porque son trabajos muy complejos de mucho esfuerzo y que demanda muchos millones. Pero bueno, primaron otros tipos de intereses y revanchismos, y en lugar de ponerle polenta y sacar adelante; incluso podían descalificar al equipo anterior por no hallar la solución a los problemas.

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