El legislador abdista es uno de los sospechados por el Minis­terio Público en integrar el esquema que filtró información confidencial de instituciones estatales entre el 2021 y 2022, es decir, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Se encuentra pendiente el estudio en la plenaria del desa­fuero remitido por el Juzgado Penal de Garantías n.° 3 en la causa n.° 6898/2023 caratu­lada como ‘Carlos Arregui y otros s/ denuncia falsa y otros referente a mi persona. En dicho contexto, he manifes­tado públicamente mi posición de instar al estudio y aproba­ción de dicho pedido”, expresa el escrito.

Al mismo tiempo, Espínola solicita que el presidente de esta Comisión, Roberto Gon­zález, también integrante de la disidencia colorada, que lo con­voque a él y a su representante legal para exponer supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio Público en este proceso.

Cabe mencionar que el actuar del diputado abdista emula la movida política del expre­sidente Mario Abdo, quien también se pronunció públi­camente solicitando su desa­fuero como senador vitalicio a la Cámara Alta, esto luego de que la Fiscalía haya acusado a sus exministros por asociación criminal y otros hechos puni­bles. Pese al exhorto de Abdo pidiendo su desafuero, queda en duda si sus aliados votarán a favor de la solicitud y permi­tirán que él, al igual que sus exsecretarios de Estado como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arre­gui y otros, se someta a la Justi­cia por la utilización del aparato estatal para la persecución de sus adversarios políticos.

La sala penal de la Corte Suprema de Justi­cia integrada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gus­tavo Santander rechazó una vez más dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kro­nawetter, defensor de Daniel Farías acusado por el caso cono­cido como filtración de Sepre­lad.

Asimismo, la máxima ins­tancia judicial refiere sobre las chicanas planteadas en el presente caso que “la utiliza­ción de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el presente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigi­dos en dificultar el normal desa­rrollo de la administración de justicia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

Igualmente, los ministros de la Corte mencionan que el ejerci­cio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una ade­cuada administración de justi­cia. Una vez que se resuelvan todos los incidentes se debererá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se definirá si los exministros de Abdo acu­sados por asocición criminal, usurpación de funciones públi­cas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicios.

El Ministerio Público pre­sentó en su escrito de acusa­ción un total de 206 elementos de prueba, entre ellos testimo­nios, documentos y pericia que sustentan la responsabilidad de los acusados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernán­dez, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, en el marco de la investigación por el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad.

El caudal probatorio recolec­tado por la Fiscalía supera cinco veces más que la fase inicial de la presente investigación donde se tuvo 42 elementos de prueba que hizo sustentar la imputa­ción contra los exministros de Mario Abdo Benítez. Los exco­laboradores de Abdo están acu­sados por los delitos de asocia­ción criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

Uno de los elemen­tos fundamentales de la acusa­ción del Ministerio Público es el informe de la extracción de datos de correos electrónicos n.º 107-2024-LF-DT-SIF-MF, auto­rizada por A.I. n.º 31 del 24 de enero de 2024 cuyo trabajo fue realizado por la ingeniera María Victoria Fleitas Valiente. Esta prueba fue autorizada y contro­lada por la jueza penal de Garan­tías de turno de aquel entonces Clara Ruiz Díaz. Asimismo, se ofreció como prueba el testimo­nio de la perito Fleitas Valiente.

El secretario general de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Eduardo González, se refirió sobre la decisión de la Fiscalía de acusar y requerir juicio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer persecución política y terrorismo de Estado mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

“Acá el órgano investigador establecido por la propia Constitución Nacional hizo su trabajo. Yo veo muy bien elaborada la investigación por lo que es el resultado final de la acusación, el mismo se basa en hechos concretos, es muy interesante porque podemos ver como operaban”, expresó al programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.

Tanto Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, Mauricio Espínola, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

“Esto no puede volver a ocurrir, no podes aprovecharte del aparato estatal para atacar a tu adversario de turno. Nunca se dedicaron a refutar los hechos, solo a incidentar el proceso. Los abogados defensores se pasan chicaneando”, cuestionó González.

Lea también: PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña

La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política impulsada por el exjefe de Estado, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de las pasadas elecciones internas, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

“Ellos ya saben de qué se les acusa y de qué defenderse. Tienen la oportunidad que no tuvo el expresidente Horacio Cartes, el de defenderse, de presentar un abogado, de conocer de qué se le está acusando. En este caso se puede ver un relato de hechos en la elaboración de un informe totalmente tendencioso, incluso se puede saber cuándo fueron sus reuniones, todo se encuentra corroborado como por ejemplo la remisión de informes de computadora a computadora”, indicó el también abogado al referirse sobre el informe de la Seprelad elaborado contra Cartes que habrían sido remitido a Estados Unidos, para que sea utilizado como garrote político.

Te puede interesar: Frente Guasu celebrará 15 años de fundación en medio de divisiones

El Ministerio Público, al presentar la acu­sación por los tipos penales de asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicios contra los exminis­tros de Mario Abdo Benítez, ha fundado su requerimiento en la recolección de elemen­tos contundentes que descri­ben la participación exclusiva de Mario Abdo Benítez, Car­los Arregui, René Fernán­dez, Arnaldo Giuzzio, Car­men Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

La Fiscalía expuso los ele­mentos de convicción reco­lectados con pruebas feha­cientes que el entonces presidente de la República ordenó al comandante de la Policía Nacional de turno, Luis Ignacio Arias Navarro, y al jefe de la Unidad Especia­lizada contra Crimen Organi­zado de la Policía Nacional, Luis Gustavo López Veláz­quez, a entregar a Carlos Arregui información de un pedido de informe de la Fis­calía de Panamá sobre Hora­cio Cartes para que Arregui pueda filtrar a los medios de comunicación que respon­dían al abdismo.

La información mencionada más arriba fue corroborada por los dos altos jefes poli­ciales quienes prestaron declaración testifical ante los agentes del Ministerio Público que tenían a su cargo investigar el caso y que hoy día ya se presentó la acusa­ción correspondiente.

La orden del entonces jefe de Estado, Abdo Benítez, para que se pueda filtrar la información sensible de una institución del extranjero se materializó durante los meses de diciembre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente, revela la acusación fiscal. Del mismo modo, el escrito del Ministerio Público des-cribe la participación de cada uno de los acusados en el presente caso señalando que el extitular de la Seprelad Carlos Arregui junto con Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene redactaron un informe de inteligencia falso y tergiversado sobre el expresidente de la República Horacio Cartes al solo efecto de complacer la voluntad de Abdo Benítez, quien formó un esquema para generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado. Sobre la directa participación del exministro Anticorrupción René Milciades Fernández, se señala que fue quien editó los informes tergiversados y falsos que fueron a su vez filtrados por los medios aliados.

Igualmente, la Fiscalía sos-tiene que en el caso concreto de Carlos Arregui, como ministro de la Seprelad, junto con los otros acusados, con-formó un grupo compuesto por ministros del gabinete del anterior gobierno y funcionarios de la Seprelad, todos con tareas específicas que debían de realizar desde el cargo que ocupaban, con el fin de lograr que se inicien acciones penales en contra del expresidente Horacio Cartes, indica el escrito.

Además, Arregui y Giuzzio permitieron que la prensa local, Abc Color y Última Hora, tuvieran acceso al pedido realizado por la Fiscalía panameña. Al hacerse públicas dichas informaciones, afectó los intereses no solo del señor Horacio Cartes, sino también intereses a nivel nacional, esto debido a la fecha en que se dieron a conocer las informaciones de la persona afectada, pues la filtración de estos datos fue durante el periodo de tiempo en que la República del Paraguay se encontraba siendo evaluada por el Gafilat. Inclusive, estas revelaciones fueron tomadas como un punto negativo entre las observaciones realizadas por el referido organismo internacional.