La Fiscalía al culmi­nar la investigación y al presentar la acusa­ción por los delitos de asocia­ción criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio contra los exminis­tros de Mario Abdo Benítez en el caso filtración de infor­mación de Seprelad describió punto por punto la responsa­bilidad de cada uno de los acu­sados.

En el caso concreto del acu­sado y extitular de la Seprelad Carlos Arregui, la Fiscalía fue contundente al describir que “considerando que en el tipo penal de asociación crimi­nal se castiga desde la forma­ción, podemos concluir que es necesaria la concurrencia como mínimo de tres perso­nas para que podamos hablar de una asociación, la que debe de estar estructurada jerár­quicamente u organizada de algún modo”.

Igualmente, la Fiscalía sos­tiene que en el caso concreto de Carlos Arregui, como ministro Seprelad junto con los otros acusados conforma­ron un grupo compuesto por ministros del gabinete del entonces presidente Mario Abdo Benítez y funciona­rios de la Seprelad, todos con tareas específicas que debían de realizar desde el cargo que ocupaban, con el fin de lograr que se inicien acciones pena­les en contra del expresidente Horacio Cartes”, indica el escrito.

Desde el puesto que Car­los Arregui ocupó dio acceso a fun­cionarios aje­nos a la institu­ción a su cargo, entre ellos a René Fernández entonces ministro de la Secretaría Nacional Antico­rrupción, Arnaldo Giuzzio ministro del Interior y a Daniel Farías funcionario del Ministerio de Hacienda comisionado al Ministerio del Interior y entregó infor­mación confidencial.

Además, la conducta de Arre­gui consistió en que, en el informe de inteligencia reali­zado por la Seprelad, se intro­dujera información tergiver­sada ya que se afirmaba que la empresa Unicanal SA tenía operaciones sospechosas con la empresa Tabesa SA, aten­diendo a que esta emitió una factura a su nombre, por valor de G 1.555.880.724. En con­creto, en el informe de inteli­gencia se hizo hincapié en que Tabesa SA vendió cigarrillos a Unicanal SA cuando las ope­raciones realizadas fueron en concepto de préstamos.

Así también la contundente acusación sostiene que Arre­gui permitió que Carmen Pereira presente a Daniel Farías, como funcionario de la institución meses antes de que fuera comisionado a cumplir fun­ciones en la Seprelad y de esta forma Farías tuvo acceso a datos confidenciales. Todas estas conductas las realizó en conocimiento y con acuerdo entre los otros miembros del grupo. En virtud a lo citado la conducta de Arregui es típica por lo que el acusado cometió el hecho punible de asocia­ción criminal.

También se describe que sobre el hecho punible de usurpación de funciones públicas Arregui consin­tió que Daniel Farías, fun­cionario del Ministerio de Hacienda y comisionado al Ministerio del Interior, tenga acceso a información reservada para los funciona­rios de la Seprelad, informa­ción que utilizó para redac­tar el archivo en formato Word, con el nombre “AAA_ INFORME_DE INTELI­GENCIA_AAA_MJ” que fuera editado posteriormente por René Fernández, enton­ces ministro secretario de la Secretaría Nacional Anti­corrupción y luego el archivo fue utilizado por Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira. De esta forma personas extrañas a la institución fueron los artífi­ces de un informe que solo puede ser realizado por funciona­rios con cua­lidades espe­ciales de la Seprelad.

En efecto, se concluye que Arregui conocía y quería la realización del hecho (elabo­ración de un informe de inte­ligencia por personas ajenas a la institución) y de acuerdo a la representación que tenía de cómo se debía lograr el resul­tado, ha realizado la conducta de esa manera, por lo que se sustenta la presencia del ele­mento subjetivo “dolo” en su conducta.

Con respecto al hecho punible de denuncia falsa se tiene que en la presente causa se tiene que el informe de inteligen­cia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP” fue remitido a la Fiscalía Gene­ral de Estado por Guillermo Preda con copia a Carlos Arre­gui, a fin de que el Ministerio Público investigue los hechos expuestos en este informe.

Además, este informe tiene una porción fác­tica tergiversada, ya que se afirma que entre el periodo 2017 al 2021, Unicanal SA compró cigarri­llos de la empresa Tabesa por importe de G 1.555.880, ade­más refiere el informe que la operación es sospechosa debido a que las empresas que figuran en el listado, entre ellas Unicanal SA, no se dedican a la venta minorista ni mayorista de cigarrillos. Dicha informa­ción fue tergiversada porque si bien es cierto que Unicanal SA realizó una operación con Tabesa SA por el monto indi­cado, por otro lado no es cierto que la opera­ción fue por la compra de cigarrillos, en rea­lidad la operación consistió en un préstamo de dinero en efectivo. Por consiguiente, Arregui en conjunto con otros funcionarios de la Seprelad incluyeron en el informe de inteligencia n.° 10/2022 infor­maciones corroboradas como falsas, tendientes a iniciar una investigación penal en contra de personas vinculadas a Uni­canal SA y a Tabesa.

Además, Arregui, y Giuzzio permitieron que la prensa local, Abc Color y Última Hora, tuvieran acceso al pedido realizado por la fis­calía panameña. Al hacerse públicas dichas informacio­nes afectó los intereses no solo del señor Horacio Car­tes sino también intereses a nivel nacional, esto debido a la fecha se dieron a conocer las informaciones de la per­sona afectada, pues la filtra­ción de estos datos fue durante el periodo de tiempo en que la República del Paraguay se encontraba siendo evaluada por el Gafilat. Inclusive, estas revelaciones fueron toma­das como un punto negativo entre las observaciones rea­lizadas por el referido orga­nismo internacional.

Por su parte se concluye que Arregui conocía y quería la realización del hecho (filtra­ción de una solicitud de coope­ración por parte de la Fiscalía panameña y difusión a través de medios de comunicación del informe de inteligencia n.º 10/2022) y de acuerdo a la representación que tenía de cómo se debía lograr el resul­tado, ha realizado la conducta de esa manera, por lo que se sustenta la presencia del ele­mento subjetivo “dolo” en su conducta, revela la acusación sobre la participa­ción exclusiva del entonces ministro de la Seprelad Carlos Arregui.

“Arregui permitió que Carmen Pereira presente a Daniel Farías como funcionario de la institución meses antes de que fuera comisionado a cumplir funciones en la Seprelad y de esta forma Farías tuvo acceso a datos confidenciales”, texto de la acusación presentado por la Fiscalía.

Este viernes 14 de marzo, se cumple un año de la presentación del pedido judicial de desafuero del expresidente y senador vitalicio Mario Abdo Benítez y del diputado Mauricio Espínola, solicitado por la jueza Cynthia Lovera, en la causa por la filtración de datos de la Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes). Desde entonces, ambos pedidos quedaron cajoneados en el Congreso, debido a que no se reunieron ni el número de quórum, ni los votos necesarios para la aprobación.

Ante el reciente anuncio del exmandatario solicitando a los legisladores aprobar su desafuero, comenzó un debate en las diferentes bancadas, que si bien, los números aún no son oficiales, se habla que existiría un total de 25 votos seguros, por la aprobación.

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En un sondeo rápido entre legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Senadores, tanto oficialistas, como disidencia, y la misma oposición, señalaron en coincidencia que, en este caso, y ante el pedido explícito del propio afectado, la mayoría de los legisladores estaría acompañando la aprobación del desafuero de Abdo Benítez.

Esto, considerando que ya habían actuado de ese modo, cuando el propio senador opositor Rafael Filizzola solicitó a sus pares, otorgarle el desafuero, para someterse libremente ante la justicia y ejercer su defensa. El 20 de noviembre de 2024, el Senado había desaforado por unanimidad a Filizzola para que se someta a la justicia.

Teniendo en cuenta que los abogados de la defensa de Abdo Benítez presentaron la petición ante el Congreso, la cual será estudiada la próxima semana, primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales que deberá dictaminar, para que finalmente el plenario pueda llevar adelante su deliberación.

Es importante señalar que el plenario de la Cámara de Senadores necesitará de dos tercios de votos de los presentes para conceder el pedido planteado por el exmandatario. Esto quiere decir, que si durante la sesión ordinaria o extraordinaria en la que se llegue a tratar el plenario está compuesto por la totalidad de sus miembros, es decir 45 parlamentarios. Así, necesariamente deberán contar con 30 votos para lograr la aprobación del desafuero. No obstante, si se registran algunas ausencias, el número de votos requerido iría disminuyendo, pero siempre manteniendo los dos tercios de los presentes.

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El senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, manifestó que es una posibilidad que la Mesa Directiva del Senado incluya dentro del orden del día el pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez. Explicó que existen todos los elementos jurídicos y legislativos para dar lugar a esta solicitud.

“En la Mesa Directiva del lunes se podría solicitar incluir en el orden del día el tratamiento del desafuero de Mario Abdo, los fueros no están para amparar a nadie en delitos o situaciones de investigaciones de la Justicia y creo que puede ser desaforado. También el presidente del Senado tiene atribuciones para solicitar la incorporación de este punto”, detalló.

Zacarías Irún dejó en claro que el pedido a ser desaforado, realizado días atrás por Abdo Benítez es una cuestión “lírica”, ya que los fueros no son de una persona sino del Senado, por lo que la solicitud de desafuero debe ser realizada por un juez, a pedido de un agente del Ministerio Público.

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“Entonces pida o no pida Mario Abdo, eso pudo tratarse antes, como de hecho ya se trató y como puede ser tratado el próximo miércoles o también en una sesión extraordinaria, pero independientemente de la sesión extraordinaria, esto se trató ya en el Senado y nosotros en la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos dictaminados sobre el desafuero, hay uno a favor y otro en contra”, precisó ante la 780 AM.

Zacarías Irún afirmó que su bloque, el de Honor Colorado, estará presto para tratar este punto, tal y como ya estuvo dispuesto en la ocasión anterior, ya que quieren mantener una línea de coherencia política y jurídica de que ninguna persona rehúya de la justicia y que los fueros no sean utilizados como una coraza para evitar ser investigados.

“Nosotros vamos a mantener nuestra posición, ojalá que podamos tratar el miércoles que viene y votar siempre por el desafuero de Mario Abdo Benítez, así como hemos votado por el desafuero de otros compañeros senadores. Yo mismo he votado por mi propio desafuero cuando la justicia lo solicitó. No es una cuestión que quiera o no quiera Abdo Benítez, su desafuero debe darse lo más rápido posible para que él pueda someterse a la justicia como cualquier otro ciudadano paraguayo”, concluyó.

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El senador colorado Juan Carlos “Nano” Galaverna, se refirió al pedido de desafuero que presentaron los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez ante el Congreso. Al respecto, recordó que ese pedido está pendiente de estudio en la Cámara de Senadores desde hace un año, y si bien ya contaba con dictamen a favor de la aprobación, no tenían la mayoría requerida para su aprobación.

El legislador señaló al Diario La Nación/Nación Media, que es bastante llamativo el anuncio que hizo el exmandatario, un día después, de que el Ministerio Público haya presentado la acusación y elevado a juicio oral el caso de filtración de Seprelad, en el que están involucrados Abdo Benítez, tres de sus exministros y varios excolaboradores.

Esto, teniendo en cuenta que la investigación fiscal comenzó hace un año, y que el juez había solicitado el desafuero del senador vitalicio Abdo Benítez y del diputado Mauricio Espínola. En ambos casos, los trámites quedaron pendientes en el Congreso.

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“Creo que esa actitud que asume ahora Marito, de anunciar públicamente que él mismo solicita su desafuero, no entiendo por qué no tuvo la misma actitud hace un año. Yo creo que él está queriendo utilizar políticamente esto, poniéndose en el papel de víctima. Espectacular es este Marito, el victimario, ahora quiere ponerse en el papel de víctima, el perseguidor ahora dice ser el perseguido” expresó.

No obstante, el legislador señaló que este tema será analizado la próxima semana, ya que cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Hace tiempo, que nosotros habíamos impulsado el tratamiento del pedido del Juzgado, y en ese entonces no habíamos reunido los números. Ahora, creo que existe la posibilidad de tener los números para aprobar y que finalmente se someta a la justicia”, indicó.

Respecto a declaraciones que ya realizaron algunos colegas colorados disidentes, que no estarían acompañando el pedido de desafuero, porque consideran que es una persecución política, el legislador afirmó que en este caso se “le pierde un poco la pelota”, ya que el propio líder de su movimiento interno anuncia públicamente que él solicita su desafuero y que sus aliados dentro del Senado tengan otro discurso, da a pensar que se trata todo de “una actuación”, dijo.

“La información que me hicieron llegar, no sé si es cierto o no, es que la declaración del senador vitalicio Mario Abdo, de solicitar su desafuero, fue por presión de sus cómplices, llámese Giuzzio, Arregui o Fúster. Presionado por estos tres personajes, el senador vitalicio asume públicamente este comunicado donde solicita su desafuero. Insisto, no sé si son ciertas, pero es lo que me dijeron”, acotó.

Por otra parte, el senador Galaverna sostuvo que no existe ningún tipo de persecución política, ya que se hizo una denuncia formal contra el exjefe de Estado y sus colaboradores, por la grave filtración y tergiversación de informaciones de la Seprelad. Esto fue investigado durante un año por el Ministerio Público, que finalmente en base a evidencias se impuso la acusación y solicita el juicio oral.

Al respecto, señaló que Mario Abdo y su equipo tendrá el derecho a la defensa, el cual le negaron en su momento al expresidente Horacio Cartes, que no tuvo la oportunidad de defenderse.

“Esta gente utilizó las instituciones del Estado para llevar adelante una persecución miserable, tenebrosa, e inmisericorde tratando de sacar de la carrera política al presidente de nuestro partido y líder de nuestro movimiento, don Horacio Cartes. No le dieron derecho a la defensa nosotros que somos del equipo político del presidente respetamos las instituciones, respetamos las vías correspondientes. Somos republicamos y esta gente cuenta con todas las garantías, tienen derecho a la defensa. No se está utilizando a ninguna institución del Estado, y no está en nuestro espíritu, ni en nuestro ánimo perseguir a nadie”, concluyó.

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