Tras la decisión del Ministerio Público de acusar a los exministros de Mario Abdo por presunta asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio, además del exhorto del exmandatario a ser desaforado, el diputado Rodrigo Gamarra cuestionó a quienes hoy apuntan contra este hecho como persecución política, cuando el propio gobierno anterior se valió de las instituciones estatales para perseguir a sus adversarios políticos.

“Hoy cuando la Justicia abre una causa, ellos gritan persecución política, olvidando que fueron ellos quienes cometieron esa persecución y terrorismo de Estado durante cinco años. Esto obviando que el fiscal general fue puesto por ellos y que hasta hoy incluso los ha beneficiado por ni siquiera investigar a todos los que saquearon y desfalcaron las instituciones estatales”, aseveró el legislador.

El parlamentario colorado realizó su descargo a través de redes sociales, espacio donde afirmó que durante cinco años, el gobierno de Mario Abdo utilizó al aparato estatal para perseguir y causar daños a Horacio Cartes, principal adversario político. La Fiscalía cuenta con elementos que sostienen que información confidencial fue filtrada por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en la era Abdo Benítez.

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“Se aliaron con los eternos enemigos del Partido Colorado y con medios de comunicación que recibían grandes sumas en publicidad para usarlos como escudo mediático y justificar la persecución. Todo para dañar la imagen del expresidente Cartes, política y económicamente, por su incapacidad de vencerlo en las urnas, logrando incluso sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos con la manipulación de datos financieros sensibles”, sentenció.

Gamarra celebró la decisión del Ministerio Público de finalmente acusar por asociación criminal y otros hechos punibles a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes entre el 2021 y 2022 habrían formado parte de un esquema a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, según indica el propio escrito de la Fiscalía.

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El abogado Pedro Ovelar, representante legal del exmandatario Horacio Cartes, se refirió sobre la decisión del Ministerio Público de acusar y requerir el juicio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer persecución política y terrorismo de Estado contra su defendido mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

“Esto es naturalmente como se debe desarrollar el proceso a culminar la investigación donde hay elementos suficientes que fundan los fiscales para discutir este caso en el juicio oral y público. En honor a la verdad, aquí aún no se ha condenado a nadie, se abre la posibilidad de públicamente discutir las pruebas y elementos probatorios, no los relatos mediáticos”, sostuvo Ovelar, este miércoles, en el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ovelar manifestó que mediante la acusación de la Fiscalía se corrobora que Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene atacaron políticamente al líder del movimiento Honor Colorado y titular del Partido Colorado.

“Con la acusación se abre la posibilidad de dilucidar, aclarar, de producir las pruebas en favor y en contra. A criterio nuestro y sobre las bases de elementos probatorios muy relevantes, persiguieron políticamente al expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió.

Abdo y sus exministros fueron imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima su cliente, el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

“Yo consideraría seriamente si estuviera en la posición de los acusados y sus abogados defensores en buscar una salida ante el Ministerio Público contando la verdad y cómo ocurrieron los hechos, ya que él verdadero impulsor de todo esto no está sentado con ellos respondiendo ante la Justicia sobre el daño que ha provocado en una persona y su familia. Horacio Cartes no es un ente, es una persona, tiene hijos que han sufrido un atropello, es una barbaridad lo que hicieron con esa familia con la maldad, malicia, ensañamiento durante años”, manifestó el abogado a Nación Media.

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Las afirmaciones de Ovelar surgen teniendo en cuenta que la acusación fiscal solo recae sobre los exministros del exjefe de Estado, debido a que Abdo y el diputado Espínola, quien fungía como su secretario privado se escudan en sus fueros, en busca de impunidad. Posteriormente a estos dichos, el exmandatario emitió un video en redes sociales afirmando que solicitará al Congreso que le retiren sus fueros y su legislador también prometió que insistirá con el pedido.

“La mayor chicana y cobardía está en el verdadero responsable de este caso que es Mario Abdo Benítez, quien aparándose en sus fueros le abandona de manera cobarde a quién él usó para perseguir políticamente a Cartes. Tanto él como su exsecretario privado Mauricio Espínola fueron los mayores filtradores de información confidencial en campaña política”, sentenció.

Por otra parte, Ovelar se refirió sobre la avalancha de recusaciones que fueron impulsadas por los abogados defensores para obstaculizar el proceso de investigación. “Perdí la cuenta de cuantas incidencias hubo en el proceso con la finalidad de entorpecer cualquier desarrollo normal del juicio, estamos hablando más de 30 situaciones que lo hacían de manera coordinada y por turno los diferentes abogados defensores de los hoy acusados. La mayor chicana realizada fue el día de ayer (martes), es una barbaridad”, comentó.

Esto referencia a la recusación presentada por Enrique Kronawetter, abogado de Mario Abdo contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la fiscal adjunta Matilde Moreno y sus colegas Elva Cáceres, César Sosa y Osmar Segovia, quienes fueron asignados a la causa.

Mientras que en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, también por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Ovelar mencionó que existe una serie de elementos que exponen la falsedad de los informes de inteligencia que fueron montados bajo el gobierno de Abdo Benítez y que motivaron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a establecer sanciones contra Cartes.

“Esto fue un terrorismo de Estado por el solo hecho de tomar nuevamente el poder. Cartes me manifestó en más de una oportunidad que no quiere venganza, pero sí quiere justicia, quiere tener el derecho a la defensa que siempre le negaron. A Cartes le cerraron esa posibilidad desde el gobierno de Abdo Benítez mediante acciones con el exembajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, todas las mentiras ejecutadas derivaron a las sanciones de la OFAC”, puntualizó.

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Los fiscales Silvia González y Chris­tian Benítez pre­sentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Gui­llermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

Igualmente, los fisca­les pidieron al Juzgado Penal de Garantías que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados.

En relación con el expre­sidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presen­tada debido a que ambos cuentan con fueros par­lamentarios.

Abdo Benítez y sus exco­laboradores Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espí­nola, Daniel Farías, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira están imputados por los supuestos delitos de revelación de secre­tos de servicio, revela­ción de secretos priva­dos por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

La fiscalía fue contun­dente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene propor­cionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.

Del mismo modo señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter con­fidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expre­sidente Cartes.

Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe fil­trado a los medios de prensa, Arregui pre­sentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes.

Los datos confidencia­les obrantes en dicho documento word (AAA_INFORME:DE INTELI­GENCIA_ AAA_MJ” tam­bién fueron utilizados por autoridades nacionales es decir por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espí­nola al ser filtrados en redes y discursos políti­cos” revela la acusación.

La acusación fiscal sos­tiene que las conductas de cada uno de los inves­tigados han repercutido no solo en el plano nacio­nal sino que internacio­nal ya que la propia orga­nización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyo a Seprelad diri­gida por Carlos Arregui la filtración de infor­mes de inteligencia a la prensa.

“El muerto se asusta del degollado”, dijo el abogado Pedro Ovelar, ante el discurso esgrimido por los representantes legales y aliados polí­ticos del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quienes apuntan a exponer al líder del movimiento Fuerza Republicana como víctima de una persecución política en el caso conocido como filtraciones de la Seprelad.

Otra de las estrategias orquestadas por el entorno de Abdo Benítez con medios de comunicación afines se centra en desacreditar al Ministerio Público, calificándolo como un “instrumento que garrotea al ciudadano común”. Agregan que la manipulación de las institucio­nes coloca en riesgo la estabilidad democrática del Paraguay.

“Donde naturalmente se investigan los ilícitos, los hechos punibles, crímenes o los delitos es en el Ministerio Público, que es el órgano que nuestra Constitución Nacional prevé, que tiene la acción penal pública y la obligación de investigar cualquier hecho punible. El muerto se asusta del degollado, ellos utilizaron instituciones que estaban al servicio de un sistema totalmente bien definido como es la Seprelad, la Secretaría Anticorrupción, el Ministerio del Interior y la Senad”, indicó.

La falta de imputación no significa necesariamente que estén exentos de responsabilidad.

El expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola no figuran entre los acusados por la Fiscalía en la causa Seprelad debido a que poseen fueros, lo que les otorga inmunidad ante la Justicia mientras mantie­nen sus respectivas investi­gaciones. Esta situación ha generado cuestionamientos en distintos sectores, espe­cialmente porque ambos fue­ron mencionados en diversas instancias del proceso, pero ni la Cámara de Diputados (para el caso de Espínola) ni el Senado (para Abdo) se expidieron en el transcurso de un año.

Sin embargo, la falta de impu­tación no significa necesa­riamente que estén exen­tos de responsabilidad, ya que, una vez que pierdan los fueros (cuando finalmente se trata en el Congreso), podrán ser investigados y eventualmente procesados si se encuentran elementos suficientes en su contra. La discusión sobre el alcance y la conveniencia de los fueros parlamentarios vuelve a ins­talarse en el debate público, debido a que se presta a demo­ras y aplazamientos para provecho político. Mientras tanto, el proceso judicial avanza sobre los demás impli­cados, sin descartar futuras acciones legales.

Los fiscales Silvia González y Christian Benítez presentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

Igualmente, los fiscales pidieron al juzgado penal de Garantía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados. En relación al expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presentada debido a que ambos cuentan con fueros parlamentarios.

El escrito del Ministerio Público tiene 60 páginas y se describe que “durante los años 2021 y 2022 el entonces presidente Mario Abdo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”.

Para dicho efecto, “entre los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022 Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, junto a Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira redactaron el informe de inteligencia N° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa. Igualmente participaron de la elaboración del informe Daniel Farías y René Fernández”.

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“La Fiscalía fue contundente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene proporcionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.

Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe filtrado a los medios de prensa, Arregui presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes. Los datos confidenciales obrantes en dicho documento también fueron utilizados por autoridades nacionales, es decir, por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola, al ser filtrados en redes y discursos políticos”, revela la acusación.

Del mismo modo, señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expresidente Cartes.

Ese sentido, quedó demostrado que la elaboración de la contestación del pedido de la Fiscalía de Panamá se realizó a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat y se incorporaron informaciones no solicitadas. Dicha filtración ocurrió cuando el diario Ultima Hora emitió una publicación que decía “Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Giuzzio”, dice el escrito de la Fiscalía.

Los fiscales mencionaron sobre la elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera señalando que “el 26 de enero Giuzzio presentó denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante la Seprelad, sin embargo dicha institución no estaba facultada a recibir denuncia sobre hechos punibles”.

El escrito concluye que “Arregui dio la orden de que se incluya en el informe de inteligencia vinculado a Cartes los cuadros de salarios de Óscar Boidanich y Santiago Peña del Banco Basa”. También se dejó en claro que los acusados hicieron constar en el informe de inteligencia que Unicanal S.A había comprado cigarrillos de Tabesa, pero en este caso no se adecua a la verdad, sino que Unicanal recibió un préstamo de acuerdo a la factura obrantes en el caso de la firma Tabesa, por lo tanto la actividad comercial entre ambas empresas no estuvo vinculada a la venta de cigarrillos como se hizo figurar en el informe de inteligencia”.

La acusación fiscal sostiene que las conductas de cada uno de los investigados repercutieron no solo en el plano nacional sino que internacional, ya que la propia organización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyó a Seprelad dirigida por Carlos Arregui la filtración de informes de inteligencia a la prensa.

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