Los fiscales Silvia González y Chris­tian Benítez pre­sentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Gui­llermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

Igualmente, los fisca­les pidieron al Juzgado Penal de Garantías que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados.

En relación con el expre­sidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presen­tada debido a que ambos cuentan con fueros par­lamentarios.

Abdo Benítez y sus exco­laboradores Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espí­nola, Daniel Farías, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira están imputados por los supuestos delitos de revelación de secre­tos de servicio, revela­ción de secretos priva­dos por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

La fiscalía fue contun­dente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene propor­cionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.

Del mismo modo señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter con­fidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expre­sidente Cartes.

Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe fil­trado a los medios de prensa, Arregui pre­sentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes.

Los datos confidencia­les obrantes en dicho documento word (AAA_INFORME:DE INTELI­GENCIA_ AAA_MJ” tam­bién fueron utilizados por autoridades nacionales es decir por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espí­nola al ser filtrados en redes y discursos políti­cos” revela la acusación.

La acusación fiscal sos­tiene que las conductas de cada uno de los inves­tigados han repercutido no solo en el plano nacio­nal sino que internacio­nal ya que la propia orga­nización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyo a Seprelad diri­gida por Carlos Arregui la filtración de infor­mes de inteligencia a la prensa.

“El muerto se asusta del degollado”, dijo el abogado Pedro Ovelar, ante el discurso esgrimido por los representantes legales y aliados polí­ticos del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quienes apuntan a exponer al líder del movimiento Fuerza Republicana como víctima de una persecución política en el caso conocido como filtraciones de la Seprelad.

Otra de las estrategias orquestadas por el entorno de Abdo Benítez con medios de comunicación afines se centra en desacreditar al Ministerio Público, calificándolo como un “instrumento que garrotea al ciudadano común”. Agregan que la manipulación de las institucio­nes coloca en riesgo la estabilidad democrática del Paraguay.

“Donde naturalmente se investigan los ilícitos, los hechos punibles, crímenes o los delitos es en el Ministerio Público, que es el órgano que nuestra Constitución Nacional prevé, que tiene la acción penal pública y la obligación de investigar cualquier hecho punible. El muerto se asusta del degollado, ellos utilizaron instituciones que estaban al servicio de un sistema totalmente bien definido como es la Seprelad, la Secretaría Anticorrupción, el Ministerio del Interior y la Senad”, indicó.

La falta de imputación no significa necesariamente que estén exentos de responsabilidad.

El expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola no figuran entre los acusados por la Fiscalía en la causa Seprelad debido a que poseen fueros, lo que les otorga inmunidad ante la Justicia mientras mantie­nen sus respectivas investi­gaciones. Esta situación ha generado cuestionamientos en distintos sectores, espe­cialmente porque ambos fue­ron mencionados en diversas instancias del proceso, pero ni la Cámara de Diputados (para el caso de Espínola) ni el Senado (para Abdo) se expidieron en el transcurso de un año.

Sin embargo, la falta de impu­tación no significa necesa­riamente que estén exen­tos de responsabilidad, ya que, una vez que pierdan los fueros (cuando finalmente se trata en el Congreso), podrán ser investigados y eventualmente procesados si se encuentran elementos suficientes en su contra. La discusión sobre el alcance y la conveniencia de los fueros parlamentarios vuelve a ins­talarse en el debate público, debido a que se presta a demo­ras y aplazamientos para provecho político. Mientras tanto, el proceso judicial avanza sobre los demás impli­cados, sin descartar futuras acciones legales.

Los fiscales Silvia González y Christian Benítez presentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

Igualmente, los fiscales pidieron al juzgado penal de Garantía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados. En relación al expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presentada debido a que ambos cuentan con fueros parlamentarios.

El escrito del Ministerio Público tiene 60 páginas y se describe que “durante los años 2021 y 2022 el entonces presidente Mario Abdo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”.

Para dicho efecto, “entre los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022 Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, junto a Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira redactaron el informe de inteligencia N° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa. Igualmente participaron de la elaboración del informe Daniel Farías y René Fernández”.

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“La Fiscalía fue contundente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene proporcionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.

Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe filtrado a los medios de prensa, Arregui presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes. Los datos confidenciales obrantes en dicho documento también fueron utilizados por autoridades nacionales, es decir, por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola, al ser filtrados en redes y discursos políticos”, revela la acusación.

Del mismo modo, señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expresidente Cartes.

Ese sentido, quedó demostrado que la elaboración de la contestación del pedido de la Fiscalía de Panamá se realizó a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat y se incorporaron informaciones no solicitadas. Dicha filtración ocurrió cuando el diario Ultima Hora emitió una publicación que decía “Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Giuzzio”, dice el escrito de la Fiscalía.

Los fiscales mencionaron sobre la elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera señalando que “el 26 de enero Giuzzio presentó denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante la Seprelad, sin embargo dicha institución no estaba facultada a recibir denuncia sobre hechos punibles”.

El escrito concluye que “Arregui dio la orden de que se incluya en el informe de inteligencia vinculado a Cartes los cuadros de salarios de Óscar Boidanich y Santiago Peña del Banco Basa”. También se dejó en claro que los acusados hicieron constar en el informe de inteligencia que Unicanal S.A había comprado cigarrillos de Tabesa, pero en este caso no se adecua a la verdad, sino que Unicanal recibió un préstamo de acuerdo a la factura obrantes en el caso de la firma Tabesa, por lo tanto la actividad comercial entre ambas empresas no estuvo vinculada a la venta de cigarrillos como se hizo figurar en el informe de inteligencia”.

La acusación fiscal sostiene que las conductas de cada uno de los investigados repercutieron no solo en el plano nacional sino que internacional, ya que la propia organización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyó a Seprelad dirigida por Carlos Arregui la filtración de informes de inteligencia a la prensa.

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El secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, se refirió a la causa donde el expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros son investigados por filtraciones realizadas a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad); enfatizó en la necesidad de que se haga justicia y así evitar que el aparato estatal vuelva a ser utilizado con fines políticos.

“Son hechos muy lamentables que no debieron haber ocurrido, pero se dieron, la utilización del aparato estatal para perjudicar al adversario político se dio y de todas las maneras, todos sabemos que se dio la persecución. Eso no puede volver a ocurrir y para que eso pase esto no debe quedar impune”, aseveró.

En comunicación con la 650 AM, González hizo hincapié en que lo que se busca es justicia, dado que existió un perjuicio contra una persona, es decir, contra el exmandatario Horacio Cartes, y que las instituciones a cargo, la Fiscalía y el Poder Judicial, deben hacer su trabajo de forma transparente.

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“Son hechos graves, es una situación extrema, algo que en la etapa democrática de nuestro país nunca había ocurrido y lo principal es que desde la presentación de la denuncia o de la imputación, en ningún momento se dio una defensa con la cuestión de fondo, si sucedieron o no los hechos, si hubo o participación y en qué grado, sino que directamente se vio desde el inicio chicanerías”, cuestionó.

Si bien, el abogado manifestó que las “chicanas” son parte hasta normal de los procesos por parte de la defensa, también ocurrieron otros hechos llamativos que no permitieron un gran avance en la investigación de este caso, esto sin mencionar la campaña mediática a su favor que tuvieron Abdo y sus exministros procesados.

“Abdo se cubrió con sus fueros y son sus ministros los que están procesados. Lo que ocurre actualmente llama poderosamente la atención y cuando uno escarba un poquito, ve que los vínculos que se tienen son bastante peculiares y llamativos”, expuso González haciendo referencia a la sorpresiva renuncia del fiscal que tenía a su cargo este caso, el agente Guillermo Sanabria.

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El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.

El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.

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Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.

Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.

Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.

“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.

Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.

“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.

Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.

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