Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona exponen que la ambiciosa obra de trans­porte público, destinada a pobladores de la capital y del Área Metropolitana, terminó siendo paralizada a conse­cuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.

De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encar­gado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.

El metrobús, cuya construc­ción trascendería varias administraciones muni­cipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su conti­nuidad al gobierno abdista en agosto de 2018, con póli­zas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y total­mente enterrado en febrero de 2020.

La consecuencia inmediata del revanchismo político oca­sionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudi­cada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millona­ria por la suspensión.

La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue con­denado en un laudo arbi­tral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obs­tante, mediante las gestiones encaradas por la Procuradu­ría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.

De acuerdo a los anteceden­tes, la administración presi­dencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octu­bre del año 2018, obstaculi­zar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.

En ese entonces, se ordenó la suspensión e interven­ción del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como inter­ventor. En junio de 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la conti­nuación del proyecto, suge­rencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Bení­tez y sus colaboradores en el 2020.

Además de este antecedente, el peritaje hecho por el inge­niero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecu­tadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públi­cas, fueron realizadas con­forme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provo­cado en la gestión de Mario Abdo.

Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobre­seído provisionalmente durante la audiencia preli­minar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para reali­zar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.

Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, exponen que al ambiciosa obra de transporte público, destinada a pobladores de la Capital y del área metropolitana, terminó siendo paralizada a consecuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.

De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.

El metrobús, cuya construcción trascendería varias administraciones municipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su continuidad al gobierno abdista en agosto del 2018, con pólizas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y totalmente enterrado en febrero del 2020.

La consecuencia inmediata del revanchismo político ocasionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millonaria por la suspensión.

La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.

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De acuerdo a los antecedentes, la administración presidencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octubre del año 2018, obstaculizar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.

En ese entonces, se ordenó la suspensión e intervención del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como interventor. En junio del 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la continuación del proyecto, sugerencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Benítez y sus colaboradores en el 2020.

Además de este antecedente, el peritaje hecho por el ingeniero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecutadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públicas, fueron realizadas conforme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provocado en la gestión de Mario Abdo.

Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobreseído provisionalmente durante la audiencia preliminar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para realizar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.

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- 1998: Elaboración del Plan Maestro CETA 98 (administración municipal de Martín Burt).

- 2009: Actualización del proyecto (Administración municipal de Evanhy de Gallegos).

- Octubre de 2010: Firma del contrato de préstamo con el BID (Gobierno de Fernando Lugo).

- Enero de 2012: BID aprueba el préstamo (Gobierno de Federico Franco).

- Junio de 2012: Gobierno de Federico Franco solicita al Congreso aprobación del préstamo.

- Setiembre de 2012: El Congreso solicita a la Facultad de Ingeniería (UNA) dictamen sobre viabilidad del proyecto.

- Agosto de 2013: La FIUNA recomienda la ejecución del proyecto.

- Diciembre de 2013: Congreso aprueba préstamo con mandato de ejecución.

- Noviembre de 2014: Firma española TAINER Consultores dictamina viabilidad del proyecto. El MOPC había solicitado al BID una revisión (Gobierno de Horacio Cartes).

- Enero de 2017: Inicio de obras frente a la Universidad Nacional (Gobierno de Cartes).

- Agosto de 2018: Entrega al gobierno entrante con 18,5 % de ejecución.

- Octubre de 2018: Gobierno de Mario Abdo suspende obras y ordena intervención.

- Junio de 2019: Interventor recomienda la continuación del proyecto (Gobierno de Abdo Benítez).

- Abril de 2020: Gobierno de Mario Abdo inicia la destrucción de las obras ejecutadas.

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) anunció que Che Róga Porã en su versión 2.0 estará disponible a partir de abril y a través del mismo se ofrecerán cuatro productos, lo cual expande las posibilidades de las familias de acceder a una vivienda propia o incluso remodelar una ya existente.

“Hoy estamos en condiciones de anunciar que el próximo mes de abril arranca oficialmente Che Róga Pora 2.0 esto luego de haber escuchado a las personas en estos 7 meses y tendremos cuatro productos, la gente va a poder construir en su terreno, va a poder comprar un terreno que le gusta y construir ahí su casa, va a poder adquirir una casa, dúplex o un departamento terminado y va a poder ampliar la casa que ya tiene”, explicó el ministro Juan Carlos Baruja.

El anuncio de parte del secretario de Estado fue realizado en medio del acto de inicio de construcción de nuevas unidades habitacionales en los proyectos Luque Fase 1 y Luque Cañada Garay. Che Róga Porã lleva el sello de este Gobierno y a lo largo de su implementación, ha estado enfocado en mejorar de modo a llegar a cada vez más compatriotas, afirmó.

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“Venimos trabajando para romper esas barreras y acercar cada vez más oportunidades a la gente. Son cuatro nuevos productos que vamos a poner a disposición de la ciudadanía a mediados del mes de abril y ahí vamos a pegar un salto enorme, todo lo que hemos aprendido de escucharle a la gente es lo que se empieza a aplicar a partir de Che Róga Porã 2.0″, expuso.

Baruja mencionó que han tomado el ejemplo de otros países con programas habitacionales exitosos como es el caso de Brasil, que con el programa “Mi casa mi vida”, que tiene 15 años de vigencia, hoy es considerado un éxito indiscutido y Che Róga Porã apunta a llegar al mismo sitial permitiendo que más personas puedan tener una vivienda propia.

“De que aquí a un año o dos, gracias a este programa, miles de familias en el Paraguay van a estar viviendo dentro de su propia casa, van a estar pagando algo que es suyo, y eso es porque el Gobierno tomó la decisión en favor de todos los paraguayos. Estamos dispuestos a superar y corregir dificultades, estamos impulsando programas sociales que van a cambiar la vida de todos los paraguayos”, concluyó.

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El director de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, explicó que la licitación para la adquisición de unos 330.000 muebles pedagógicos escolares cumplió con todos los requerimientos, desmintiendo que se haya direccionado a la importación extranjera. El vocero explicó que se prepararon las especificaciones técnicas conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para este llamado.

“Se lleva a cabo este llamado y aparece este elemento que, lamentamos se haya pretendido instalar en alguna línea periodística, que se dejó de lado la industria nacional, el 100 % de las ofertas recibidas en esta licitación corresponde a empresas nacionales que aportan al fisco, que generan empleo digno para el paraguayo y que es fácil de corroborar entrando a la página del Ministerio de Industria y Comercio”, explicó Rodríguez, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Explicó que un sector puntual de la industria veladamente sostiene la tesis de que este llamado debe ser exclusivamente para el sector nacional y esa es una limitación para la Itaipú. “Nuestro carácter binacional nos limita como para hacer exclusivamente para el subsector metalúrgico de la industria paraguaya a un llamado, aún así se ha abierto para la libre competencia de este llamado y ha habido ofertas de industrias nacionales en este llamado”, refirió.

“De una inversión estimada de 35 millones de dólares, la puja por los precios permitió que se adjudique por un valor de alrededor de 3 millones y medio de dólares menos, un 10 % menos de lo previsto, lo que además nos va a permitir comprar más pupitres de lo previsto o más mobiliarios escolares pedagógicos”, apuntó y aseguró que la Itaipú “va seguir adelante con este proceso, este proceso ya fue aprobado por resolución del Consejo Nacional y vamos a seguir trabajando con todos los sectores que apuesten por el progreso del país”.

Por otra parte, Rodríguez aclaró que existe la necesidad indiscutible, de fortalecimiento y renovación de todo el parque del mobiliario escolar en las instituciones públicas y que el Gobierno ha tomado como prioridad redefinir los modelos de mobiliarios pedagógicos escolares. Esto también hará parte del programa “Hambre cero en las escuelas”, ya que los niños y niñas podrán comer en sus propias aulas mientras se pongan en condiciones los comedores.

“Reemplazar los modelos de madera y metal, incómodos que ha caracterizado por mucho tiempo la provisión de los llamados para las escuelas públicas, por un modelo mucho más ergonómico, de mayor durabilidad y que tiene un aditamento especial, que es perfectamente compatible con el nuevo programa de Hambre cero”, sentenció el director de Comunicación a Nación Media.

La Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1809-24, “Adquisición de conjuntos mobiliarios escolares pedagógicos compuestos por una mesa y una silla, a ser distribuidos en instituciones educativas del sector oficial en todo el país, en el marco del vínculo de cooperación entre la Itaipú Binacional y el Ministerio de Educación y Ciencias, discriminados en 2 lotes”, se realizó en diciembre pasado, en Hernandarias.

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