La empresa Kamamya S.A., adjudicada por la entidad binacional Itaipú para la provisión de 330.000 muebles escolares, fue habilitada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, según documentos oficiales proveídos por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), sin que hayan surgido cuestionamientos a la comercialización de mobiliarios. La aprobación de la ampliación del rubro para la firma asiática se registró el 16 de febrero del 2023, confirma la Constancia de Registro Industrial.

“El MIC respondió a un medio de comunicación que la constancia de registro industrial presentada en el proceso es oficial. Y tiene fecha de emisión el 16 de febrero del año 2023. Itaipú es solo usuaria de estos documentos oficiales del Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto de Previsión Social y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que acreditan que es empresa nacional y social de la Unión Industrial Paraguaya desde el 2018″, manifestó José Luis Rodríguez Tornaco, director de Comunicación de la represa hidroeléctrica, en comunicación con el diario La Nación/Nación Media.

El citado documento detalla que entre las actividades específicas de la firma, localizada en Ciudad del Este (Alto Paraná) y perteneciente al empresario chino Long Jian, figura la fabricación de frazadas, colchas, edredones, mantas, tejido de punto y ganchillo, todos de materiales sintético; así como la fabricación de sillas y mesas.

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Por otra parte, Rodríguez Tornaco volvió a rechazar las publicaciones periodísticas sobre un supuesto direccionamiento en la licitación, que asciende a la suma de G. 248.713.954.290, a través de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1809-24; que permitirá la renovación de todo el parque del mobiliario escolar en las instituciones públicas que gestiona el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Las industrias paraguayas que participaron de la subasta presencial presentaron una protesta y se les entregó todo el expediente. Nunca manifestaron una objeción a este certificado del Ministerio de Industria y Comercio. Al desestimar su recurso administrativo fueron a la justicia. Su amparo fue rechazado por la justicia”, sostuvo sobre el proceso licitatorio que respetó los marcos legales y la libre competencia con el objetivo de beneficiar al sistema educativo nacional.

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El ministro de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, anunció ayer que, a partir del mes de abril, se pondrá en marcha oficial­mente Che Róga Porã 2.0, una expansión del programa que, desde su lanzamiento, ha transformado la vida de más familias paraguayas.

Che Róga Porã 2.0 es el resul­tado de un proceso de escu­cha activa con la ciudada­nía durante los últimos siete meses. En esta nueva etapa del programa se presentan cuatro productos innova­dores que brindarán a las familias paraguayas nuevas oportunidades para acceder a una vivienda digna: Cons­trucción en terreno propio, compra de terreno y cons­trucción, compra de vivien­das terminadas y ampliación de vivienda propia.

El ministro Baruja destacó que estos nuevos productos son el reflejo de los aprendiza­jes adquiridos durante los pri­meros meses del programa y responden directamente a las necesidades de la ciudadanía.

“Lo que hemos aprendido en estos siete meses, escuchando a la gente, es lo que aplicare­mos a partir de Che Róga Porã 2.0, y de esa forma dar un gran paso en la mejora de la cali­dad de vida de los paragua­yos”, mencionó el ministro.

Che Róga Porã 2.0 representa un avance importante hacia la meta de permitir que miles de familias paraguayas puedan vivir en sus propios hogares, pagando por un techo propio y creando un futuro más esta­ble y prometedor.

El programa sigue conso­lidándose como un modelo innovador de acceso a la vivienda. Ofrece créditos de hasta 500 millones de gua­raníes, con una tasa histórica del 6,5 % y un financiamiento de hasta 30 años.

“Este es un paso importante en nuestra misión de sembrar bienestar a favor de todos los paraguayos”, concluyó.

El programa Che Róga Porã 2.0 comenzará oficialmente a mediados del mes de abril, y desde entonces se podrá acce­der a las nuevas ofertas, bene­ficiando a miles de familias en todo el país.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó ayer, en Luque, el acto de inicio de obras de viviendas en la compañía Cañada Garay, en el marco del programa Che Róga Porã, e inau­guró 32 viviendas en la compañía Ykua Karanday del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis). El mandatario indicó que el principal objetivo del Gobierno es dar seguridad a las familias paraguayas, tanto física como económica.

Tarek Tuma, abogado del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, responsabilizó al gobierno de Mario Abdo Benítez de haber privado a 300.000 ciudadanos de la capital y del área Metropolitana la posibilidad de contar con un servicio de transporte público eficiente.

“El perjuicio es que no existe el metrobús, pero la pregunta crucial es por qué no se continuó y terminó las obras. Esto es sencillo, la administración posterior decidió no hacerlo, no es tan difícil de entender. Como ciudadano digo que esto realmente nos perjudicó a todos ya que cualquier obra que implique el transporte masivo de personas cambia a una ciudad”, indicó al programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo Tuma acotó: “La obra debía continuar por varios periodos presidenciales. En la gestión de Jiménez Gaona se entregó una obra funcionando, con un 18,5 % de ejecución. Por culpa de que no se continuo con esta obra, estamos entre 5 a 6 horas manejando en el tráfico”.

Cegados por un odio político y sin fundamentos técnicos, en febrero del 2020, Abdo Benítez junto con su ministro Arnoldo Wiens a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas, decidieron dar por terminado el contrató con la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el 2016.

“Si yo compro un perro, le cuido, le doy de comer, le entreno y después de un año le entrego al vecino el perro y si este no le da de comer durante dos meses, muere. Esto fue lo que pasó con el proyecto del metrobús. La obra empezó, se le alimentó durante 5 años, absolutamente todo lo que se pagó, se construyó, la obra estaba en perfecto funcionamiento”, refirió.

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El abogado siguió argumentando que “claro que hubo problemas, pero es propio de cualquier obra. En la gestión de Jiménez Gaona se realizaron los trabajos más difíciles ya que eran obras bajo tierra, pero al final la administración posterior decidió no darle de comer más al perro”.

Por otra parte, Tuma se refirió sobre la decisión del juez penal de garantías, Humberto Otazú, en decretar el sobreseimiento provisional a su defendido. “La justicia se puso los pantalones largos, lo que pasó ayer, debió haber sucedido años antes, pero celebro esto”, comentó.

La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.

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Autoridades del área de educación superior anunciaron este martes la decisión de mantener vigente la resolución de no habilitar nuevas carreras de Medicina en el país, hasta tanto se cumplan ciertas condiciones de fortalecimiento institucional. Actualmente, el 77 % de los estudiantes de medicina son de nacionalidad brasileña.

El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, informó que las autoridades del área, junto con integrantes de la comisión encargada de diagnosticar la situación de las carreras de medicina en el país, brindaron este martes un informe al presidente de la República, Santiago Peña, sobre el trabajo realizado en el último año.

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“Hemos informado al presidente sobre el proceso de trabajo de un año a fin de tomar decisiones basadas en evidencia y de un proceso de investigación”, reportó el ministro.

Como una de las principales medidas adoptadas, se informó sobre la decisión de mantener vigente la resolución 220/2024 de no habilitar nuevas carreras de medicina hasta tanto se cumplan algunos requisitos. Esta medida deberá ser oficializada con una nueva resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Entre las condiciones necesarias para volver a habilitar carreras se señaló la de unificar el registro de práctica clínica realizada en los hospitales, que incluya el registro de los campos de práctica, los estudiantes y sus horarios, tutores, etc.

Así también, se propone la creación de un registro único de docentes de Medicina, para conocer la cualificación de los mismos, y fortalecer el Registro Único del Estudiante de la educación superior.

Además, se plantea adoptar un nuevo sistema para la habilitación de proyectos de carrera de Medicina, con una matriz de estudio para esta habilitación y una matriz de monitoreo de las carreras ya implementadas. En este punto se plantea establecer la adecuación obligatoria de las carreras de Medicina en funcionamiento a la nueva matriz de habilitación de proyectos.

Otro de los requisitos considerados necesarios es la implementación de la ley 7324 del 2024, que establece la necesidad de contar con un documento que certifique la competencia lingüística para cualquier estudiante extranjero de Medicina en el país.

Así también, se propone establecer filtros de exámenes durante la carrera, como un examen de competencia en el 75 % de la carrera, para evaluar las competencias y adecuar los que necesitan mayor atención en cuanto a su formación.

Como últimas medidas se plantea un examen de licenciamiento del Ministerio de Salud Pública, de modo a obtener el registro médico que habilite para ejercer la profesión y crear un ranking nacional de instituciones con carrera de Medicina, basados en los estándares internacionales.

El viceministro de Educación Superior y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, Federico Mora, informó que, de acuerdo al trabajo realizado, se halló que actualmente se registran 43 carreras de Medicina en el país, con 45.000 estudiantes, de los cuales 35.000 son de nacionalidad brasileña.

Esta orientación de las carreras hacia estudiantes de nacionalidad brasileña se observa en la concentración de facultades de medicina en departamentos fronterizos como Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, además de Central y Capital. “Actualmente, en el primer curso hay 12.000 estudiantes de los cuales 8.700 son de nacionalidad brasileña”, acotó.

Así también, informó que en los últimos diez años se han registrado 23.680 títulos de médicos en el Ministerio de Educación, de los cuales 13.750 son para profesionales de nacional brasileña.

Estos datos hacen que sea necesario diseñar un fortalecimiento institución de la oferta educativa de modo a proyectarla en función a las necesidades del sistema de salud, indicaron las autoridades.

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