Tarek Tuma, abogado del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, responsabilizó al gobierno de Mario Abdo Benítez de haber privado a 300.000 ciudadanos de la capital y del área Metropolitana la posibilidad de contar con un servicio de transporte público eficiente.
“El perjuicio es que no existe el metrobús, pero la pregunta crucial es por qué no se continuó y terminó las obras. Esto es sencillo, la administración posterior decidió no hacerlo, no es tan difícil de entender. Como ciudadano digo que esto realmente nos perjudicó a todos ya que cualquier obra que implique el transporte masivo de personas cambia a una ciudad”, indicó al programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo Tuma acotó: “La obra debía continuar por varios periodos presidenciales. En la gestión de Jiménez Gaona se entregó una obra funcionando, con un 18,5 % de ejecución. Por culpa de que no se continuo con esta obra, estamos entre 5 a 6 horas manejando en el tráfico”.
Cegados por un odio político y sin fundamentos técnicos, en febrero del 2020, Abdo Benítez junto con su ministro Arnoldo Wiens a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas, decidieron dar por terminado el contrató con la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el 2016.
“Si yo compro un perro, le cuido, le doy de comer, le entreno y después de un año le entrego al vecino el perro y si este no le da de comer durante dos meses, muere. Esto fue lo que pasó con el proyecto del metrobús. La obra empezó, se le alimentó durante 5 años, absolutamente todo lo que se pagó, se construyó, la obra estaba en perfecto funcionamiento”, refirió.
El abogado siguió argumentando que “claro que hubo problemas, pero es propio de cualquier obra. En la gestión de Jiménez Gaona se realizaron los trabajos más difíciles ya que eran obras bajo tierra, pero al final la administración posterior decidió no darle de comer más al perro”.
Por otra parte, Tuma se refirió sobre la decisión del juez penal de garantías, Humberto Otazú, en decretar el sobreseimiento provisional a su defendido. “La justicia se puso los pantalones largos, lo que pasó ayer, debió haber sucedido años antes, pero celebro esto”, comentó.
La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.