El senador colorado Gustavo Leite indicó que con el sobreseimiento provisorio que el juez Humberto Otazú otorgó al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, sobre el caso Metrobús se demuestra que no hubo irregularidad o dolo en la administración, y que la decisión de suspender fue por puro “capricho de Marito (expresidente Mario Abdo Benítez) y para agradar a ABC”.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el parlamentario brindó su parecer ante la disposición del juzgado con relación al exministro de Obras Públicas, que había sido acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como Metrobús.
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“Lo que se demuestra es que no hubo ninguna irregularidad y mucho menos dolo, de parte de la administración del entonces ministro Jiménez Gaona. Porque ese Metrobús se suspendió por capricho de Marito, y para agradar a ABC, esa es la realidad”, expresó.
No obstante, el senador Leite indicó que, si uno observa la región, sobre todo Buenos Aires, u otras ciudades, la única solución para el tránsito urbano son este tipo de metrobuses.
“Son soluciones más baratas que los trenes, o los metros, o los trenes elevados y demás opciones, que salen mucho más caros y que obligará a que el Estado gaste más dinero en subsidios”, indicó.
Por tanto, señaló que la solución más económica que le da dignidad a los usuarios de transporte público es el Metrobús con carriles especiales.
“Si uno mira incluso, la avenida 9 de Julio o la avenida Juan B. Justos de Buenos Aires, que yo conozco muy bien, porque me he subido en Metrobús en Buenos Aires, y es muy agradable y muy digno viajar en él. Así que espero que se retome esto, y que muy pronto tengamos un nuevo sistema de transporte público basado en la calidad para todos los pasajeros. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta”, concluyó.
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Acusan al gobierno de Mario Abdo de haber “matado” el Metrobús
Tarek Tuma, abogado del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, responsabilizó al gobierno de Mario Abdo Benítez de haber privado a 300.000 ciudadanos de la capital y del área Metropolitana la posibilidad de contar con un servicio de transporte público eficiente.
“El perjuicio es que no existe el metrobús, pero la pregunta crucial es por qué no se continuó y terminó las obras. Esto es sencillo, la administración posterior decidió no hacerlo, no es tan difícil de entender. Como ciudadano digo que esto realmente nos perjudicó a todos ya que cualquier obra que implique el transporte masivo de personas cambia a una ciudad”, indicó al programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo Tuma acotó: “La obra debía continuar por varios periodos presidenciales. En la gestión de Jiménez Gaona se entregó una obra funcionando, con un 18,5 % de ejecución. Por culpa de que no se continuo con esta obra, estamos entre 5 a 6 horas manejando en el tráfico”.
Cegados por un odio político y sin fundamentos técnicos, en febrero del 2020, Abdo Benítez junto con su ministro Arnoldo Wiens a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas, decidieron dar por terminado el contrató con la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el 2016.
“Si yo compro un perro, le cuido, le doy de comer, le entreno y después de un año le entrego al vecino el perro y si este no le da de comer durante dos meses, muere. Esto fue lo que pasó con el proyecto del metrobús. La obra empezó, se le alimentó durante 5 años, absolutamente todo lo que se pagó, se construyó, la obra estaba en perfecto funcionamiento”, refirió.
El abogado siguió argumentando que “claro que hubo problemas, pero es propio de cualquier obra. En la gestión de Jiménez Gaona se realizaron los trabajos más difíciles ya que eran obras bajo tierra, pero al final la administración posterior decidió no darle de comer más al perro”.
Por otra parte, Tuma se refirió sobre la decisión del juez penal de garantías, Humberto Otazú, en decretar el sobreseimiento provisional a su defendido. “La justicia se puso los pantalones largos, lo que pasó ayer, debió haber sucedido años antes, pero celebro esto”, comentó.
La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.
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Sobreseimiento provisional expone trasfondo político de caso metrobús
El juez Humberto Otazú otorgó el sobreseimiento provisional al exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, acusado por lesión de confianza, tras la rectificación de los fiscales de la causa, que hallaron falta de certeza en las pruebas y la existencia de pericias contrapuestas.
El juez Humberto Otazú dispuso ayer el sobreseimiento provisional para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona, acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como metrobús.
La medida judicial también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal Marta Regina Benítez Morínigo. Con esto, Jiménez Gaona queda parcialmente desvinculado del proceso.
La decisión del magistrado penal de Garantías surge tras la propia pericia encargada por el Ministerio Público posteriormente a la acusación, la cual descartó un daño patrimonial para el MOPC durante la administración de Jiménez Gaona. La defensa del exsecretario de Estado, ejercida por el abogado Ricardo Preda, manifestó que bajo la gestión de su cliente la obra vial fue entregada al gobierno de Mario Abdo Benítez, en agosto de 2018, con una ejecución del 18,5 %, razón por la cual considera que no se sustenta la imputación.
RECTIFICACIÓN
La intervención de los nuevos fiscales asignados a la causa resultó determinante para que se concediera el sobreseimiento provisional de los encausados. El nuevo equipo de agentes del Ministerio Público, integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grissetti, finalmente rectificó la acusación y solicitó la aplicación de la figura del sobreseimiento provisional.
Este hecho marca un contraste con la acusación inicial impulsada por María Estefanía González, quien ya no forma parte del proceso. Los tres fiscales que tomaron el relevo analizaron minuciosamente los cientos de pruebas y solicitaron la rectificación de la acusación.
El equipo de fiscales fundamentó su decisión en la existencia de pericias contrapuestas y en inconsistencias detectadas tras revisar más de 300 pruebas presentadas por la defensa de los implicados, entre ellos, Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes. Según explicaron, bajo el principio de objetividad, no era viable avanzar a la siguiente etapa procesal sin antes esclarecer estas contradicciones. Al tener elementos probatorios contrapuestos, el Ministerio Público admitió no estar en condiciones de pasar a la etapa procesal siguiente.
Entre las diligencias solicitadas por los fiscales se incluyen una nueva pericia para resolver las discrepancias entre los estudios previos, así como la verificación de autorizaciones municipales en San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. También se pidió reevaluar los cauces hídricos que pudieron verse afectados por la construcción de las obras. El juzgado acogió parcialmente estas solicitudes, aprobando 14 de las 15 diligencias propuestas. La última fue descartada por ser considerada demasiado genérica.
Suspensión fue por una “razón política”
El procurador general de la República, Marco Aurelio González se refirió al sobreseimiento provisional al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona por el caso Metrobús. En declaraciones a Universo 970 AM, González afirmó que la cuestión política es la única razón por la que fueron suspendidas las obras por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Agregó que el informe pericial donde se resalta que no hubo daño patrimonial durante la administración de Ramón Jiménez Gaona es una cuestión firme y que debe acatarse. “Esto demuestra que los argumentos que se utilizaron para suspender las obras del Metrobús, fueron premisas falsas. La única razón por la que se suspendió la obra es por razones políticas”, expresó. “Creemos que, al no haber razonamiento jurídico, ni razonamiento económico la única razón por la cual se suspendió la obra fue una razón política. Mientras que el daño patrimonial causado fue destruir todo lo que se había edificado hasta ese momento”, explicó.
Obra que fue entregada con un 18,5 % de ejecución
Pericia constató que las obras en la primera fase del metrobús fueron ejecutadas y no hubo daño patrimonial.
En agosto de 2018, al culminar la gestión de Ramón Jiménez Gaona como ministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes, el avance de las obras del metrobús (que partía desde el centro de San Lorenzo hasta el puerto de Asunción) llevaba ya un 18,5 % de ejecución.
La obra se ejecutó y se pagó según se constata en la pericia presentada por el Ministerio Público, por lo tanto no hubo daño patrimonial y, por consiguiente, tampoco pudo haber lesión de confianza. Pero la misma quedó inconclusa no por una inviabilidad técnica, sino por una decisión política de la siguiente administración, que igualmente fue la que tomó la decisión de demolerlas parcialmente.
En agosto de 2018, además de la ejecución de las obras se pagaron las pólizas de seguro y contratos vigentes. La siguiente administración dispuso la suspensión de las obras, la intervención del proyecto. Luego de meses de trabajo, en junio de 2019 la intervención recomendó la continuación del proyecto; pero en febrero de 2020 la administración decidió la cancelación del proyecto. El metrobús se convirtió en un símbolo de la falta de continuidad en las políticas públicas y en un conflicto legal que ha costado millones al Estado paraguayo.
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Caso Metrobús: rectificación de nuevos fiscales fue clave para sobreseimiento
La intervención de los nuevos fiscales asignados a la causa resultó determinante para que se concediera el sobreseimiento provisional de los encausados en el caso Metrobús. El nuevo equipo de agentes del Ministerio Público, integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grissetti, finalmente rectificó la acusación y solicitó la aplicación de la figura del sobreseimiento provisional.
Este hecho marca un contraste notorio con la acusación inicial impulsada por María Estefanía González, quien ya no forma parte del proceso. Los tres fiscales que tomaron el relevo analizaron minuciosamente los cientos de pruebas y solicitaron la rectificación de la acusación.
El equipo de fiscales fundamentó su decisión en la existencia de pericias contrapuestas y en inconsistencias detectadas tras revisar más de 300 pruebas presentadas por la defensa de los implicados, entre ellos Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes. Según explicaron, bajo el principio de objetividad, no era viable avanzar a la siguiente etapa procesal sin antes esclarecer estas contradicciones. Al tener elementos probatorios contrapuestos, el Ministerio Público admitió no estar en condiciones de pasar a la etapa procesal siguiente.
Lea más: Suspensión de obras del Metrobús se debió a razones políticas, señala el procurador
Entre las diligencias solicitadas por los fiscales se incluyen una nueva pericia para resolver las discrepancias entre los estudios previos, así como la verificación de autorizaciones municipales en San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. También se pidió reevaluar los cauces hídricos que pudieron verse afectados por la construcción de las obras.
El juzgado acogió parcialmente estas solicitudes, aprobando 14 de las 15 diligencias propuestas. La última fue descartada por ser considerada demasiado genérica.
Este sobreseimiento provisional no solo refleja la importancia de la labor de los nuevos fiscales, sino que también subraya la necesidad de contar con pruebas sólidas y consistentes antes de avanzar en un proceso judicial de esta magnitud.
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Suspensión de obras del Metrobús se debió a razones políticas, señala el procurador
El procurador general de la República, Marco Aurelio González se refirió al pedido de sobreseimiento provisional al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona por el caso Metrobús.
Durante una charla con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970Am/Nación Media, el procurador afirmó que los argumentos que utilizó el entonces ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens no fueron corroborados. Recordó además que estos argumentos fueron desmentidos, por el tribunal arbitral que afirmó lo contrario, por ende, al no haber razonamiento jurídico, ni razonamiento económico, la única razón, por la que se suspendió la obra fueron razones políticas.
En ese sentido, recordó que existe ese Laudo arbitral, a raíz de la contienda entre Mota Engil y el MOPC, se sacó un laudo que dejó parcialmente anulado y ahora pasó a la Corte de Acciones de Inconstitucionalidad. En todo ese proceso se discuten varios aspectos, menos dos cuestiones que ya han quedado firmes y tienen que acatarse.
Mencionó que esas dos cuestiones son: que no hubo incumplimiento por parte de la constructora, por ende no puede haber daño patrimonial, por eso también el Estado tiene que devolverle los fondos de reparo. Si bien, hubo algunas cosas que reparar en lo edificado, eso puede ser compensado con la deuda que se generó a raíz de los fondos de reparo por G. 600 millones aproximadamente, que tiene que pagar Mota al MOPC.
“Entonces, lo que se demuestra que los argumentos que se utilizaron para suspender la obra del Metrobús, se basaron en premisas falsas. Porque los argumentos que utilizó el entonces ministro de Obras Públicas, no fue corroborado, es más fue desmentido, el tribunal arbitral afirmó lo contrario. Por ende, creemos que, al no haber razonamiento jurídico, ni razonamiento económico la única razón por la cual se suspendió la obra fue una razón política. Mientras que el daño patrimonial causado fue destruir todo lo que se había edificado hasta ese momento”, explicó.
Respecto a la participación de la Procuraduría General de la República, González indicó que lo hace en representación de los intereses del Estado en carácter de víctima, ya que la acción penal pública la lleva el Ministerio Público, mientras que por otro parte están los imputados. Por tanto, es la Fiscalía el que presenta la propuesta del sobreseimiento provisional, y el juez le permite la palabra a la PGR en representación de la víctima, para su consideración.