El abogado Ricardo Preda, quien ejerce la defensa legal del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, calificó el actuar del Ministerio Público como negligente al seguir sosteniendo la acusación por lesión de confianza contra su cliente en el marco del conocido caso metrobús. Agregó que la responsabilidad del perjuicio ocasionado debe recaer sobre el gobierno de Mario Abdo Benítez, apuntando contra su excolaborador Arnoldo Wiens.
“Como mínimo se puede calificar la actuación de la Fiscalía como negligente, para ser generosos. Si fuésemos desconfiados hablaríamos de que siguen impulsando esto para una persecución. A la vez puede ser una falta de coraje para tomar las decisiones correctas, hay veces que los operadores del sistema tienen miedo a las publicaciones de los medios e insisten en sostener algo que no tiene un sustento jurídico ni lógico”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que los fiscales en la causa estarían incurriendo en el hecho punible de persecución a inocentes contemplado en el Código Penal. La agente responsable del hecho es María Estefanía González, a cuya acusación se allanaron sus colegas Natalia Silva, Yeymi Adle y Giovani Grissetti. “Esta figura surge cuando el operador del sistema actúa de manera dolosa, sabiendo que la persecución penal no corresponde”, indicó.
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Las afirmaciones de Preda surgieron tras la propia pericia encargada por la Fiscalía la cual descartó un daño patrimonial para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la administración de Jiménez Gaona.
“Acá hay que ser claros, no estamos diciendo que el metrobús no terminó siendo un perjuicio para el Estado, pero no por la conducta de Jiménez Gaona. Él entregó a finalizar su gestión las obras con una ejecución del 18,5 %. Lo que dice la pericia es que hasta ese momento todo lo realizado se pagó y cuesta lo que se hizo, por eso no hay un daño patrimonial”, explicó.
El abogado acotó: “El metrobús termina siendo un perjuicio porque con posterioridad a la gestión de Jiménez Gaona la administración siguiente canceló todo. La conducta que causó un perjuicio no es la de mi cliente, sino de la administración posterior (gobierno de Mario Abdo Benítez) que decidió parar una obra que estaba en ejecución. Que tenía dificultades la ejecución, obviamente lo tenía como cualquier construcción. Los únicos imputados fueron tres personas y ninguna de la administración posterior, pero esto no está cerrado, la Fiscalía aún puede tomar decisiones sobre otras personas”.
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