El juez Humberto Otazú decretó este jueves el sobreseimiento provisional para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Ramón Jiménez Gaona, acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como Metrobús. La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.
La decisión del magistrado penal de garantías surge tras la propia pericia encargada por el Ministerio Público posteriormente a la acusación, la cual descartó un daño patrimonial para el Mopc durante la administración de Jiménez Gaona. La defensa del exsecretario de Estado, ejercida por el abogado Ricardo Preda, manifestó que bajo la gestión de su cliente la obra vial fue entregada al gobierno de Mario Abdo Benítez, en agosto de 2013, con una ejecución del 18,5 %, razón por la cual considera que no se sustenta la imputación.
Al tratarse sobre la indagación de un delito, el Ministerio Público dispone como plazo un año para requerir la reapertura del procedimiento, en caso de que lo considere pertinente. Asimismo el juzgado considera que el órgano extrapoder tiene incoherencias en cuanto a la existencia o no de daño patrimonial, por lo que se debería realizar una serie de 14 diligencias en dicho lapso.
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“Las diligencias deben ser precisas y exactas, no podemos dejar abiertas esta puerta, ya que deben versar sobre los hechos que ya fueron investigados para esclarecer la investigación y tener la certeza de que la hipótesis inicial es correcta o no”, sostuvo Otazú ante los medios de comunicación.
En la acusación formulada el 11 de abril del 2024 por la actual fiscal adjunta María Estefanía González y ratificada por sus colegas Giovanni Grissetti, Yeimy Adle y Natalia Silva, se hace mención a un supuesto daño patrimonial equivalente a USD 23.000.000. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow, el 28 de mayo del 2018.
La imputación fiscal también fue impulsada contra el entonces encargado del ambicioso proyecto de transporte público que tenía como finalidad garantizar un servicio de calidad para los ciudadanos de la capital y el área Metropolitana, Guillermo Alcides Alcaraz, quien falleció el 12 de julio de 2024. Entre las inconsistencias de la investigación fue señalada la polémica decisión política del gobierno abdista, a través de su ministro Arnoldo Wiens, de suspender el proyecto en perjuicio de la ciudadanía.
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