El Ministerio Público presentó este jueves el pedido de desestimación de la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, que ocurrió el 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento realizado en el marco del operativo “Pavo Real II” por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope), además del Ministerio Público.
El pedido fue presentado por los fiscales Luis Said, Cristhian Ortiz y Celso Morales ante el Juzgado Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero (Amambay). El magistrado sorteado para entender y estudiar si corresponde archivar la denuncia es el juez Juan Martín Areco, quien también ya recibió toda la carpeta fiscal y todos los elementos probatorios acercados por la fiscalía, reportó el periodista Aldo Insfrán de Nación Media, desde el Poder Judicial.
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Durante el proceso de este pedido, el juez podría imprimir el trámite de oposición o acceder al archivamiento del caso; de darse la oposición deberá ser la propia Fiscalía General del Estado (FGE) la que tendrá que evaluar si corresponde confirmar el pedido realizado por los fiscales que han tenido a su cargo la investigación penal. De acuerdo a la Fiscalía no se ha encontrado ningún indicio de hecho punible en la actuación por parte de los intervinientes del allanamiento donde falleció el legislador durante un intercambio de tiros, por lo que se solicita archivar el caso.
En la causa “Pavo Real II”, el legislador abdista Eulario Gomes Batista estaba imputado por presuntos esquemas de narcotráfico y lavado de activos vinculados con Carlos Oleñik Memmel (nexo con Jarvis Chimenes Pavão), Antonio Joaquim da Mota, Diego Isaac Benítez Cañete, así como empresas presuntamente vinculadas a Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La filtración del peritaje de su teléfono indicó el presunto financiamiento de la campaña electoral del abdismo desde el año 2017.