La intervención de los nuevos fiscales asignados a la causa resultó determinante para que se concediera el sobreseimiento provisional de los encausados en el caso Metrobús. El nuevo equipo de agentes del Ministerio Público, integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grissetti, finalmente rectificó la acusación y solicitó la aplicación de la figura del sobreseimiento provisional.

Este hecho marca un contraste notorio con la acusación inicial impulsada por María Estefanía González, quien ya no forma parte del proceso. Los tres fiscales que tomaron el relevo analizaron minuciosamente los cientos de pruebas y solicitaron la rectificación de la acusación.

El equipo de fiscales fundamentó su decisión en la existencia de pericias contrapuestas y en inconsistencias detectadas tras revisar más de 300 pruebas presentadas por la defensa de los implicados, entre ellos Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes. Según explicaron, bajo el principio de objetividad, no era viable avanzar a la siguiente etapa procesal sin antes esclarecer estas contradicciones. Al tener elementos probatorios contrapuestos, el Ministerio Público admitió no estar en condiciones de pasar a la etapa procesal siguiente.

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Entre las diligencias solicitadas por los fiscales se incluyen una nueva pericia para resolver las discrepancias entre los estudios previos, así como la verificación de autorizaciones municipales en San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. También se pidió reevaluar los cauces hídricos que pudieron verse afectados por la construcción de las obras.

El juzgado acogió parcialmente estas solicitudes, aprobando 14 de las 15 diligencias propuestas. La última fue descartada por ser considerada demasiado genérica.

Este sobreseimiento provisional no solo refleja la importancia de la labor de los nuevos fiscales, sino que también subraya la necesidad de contar con pruebas sólidas y consistentes antes de avanzar en un proceso judicial de esta magnitud.

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