La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre, determinó conformar con 12 puntos el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el 4 de marzo próximo. Esta es la primera ordinaria después del receso parlamentario, la cual es convocada para las 09:00. Entre los principales temas a ser analizados se destaca el proyecto de ley De Protección de Datos Personales en Paraguay”.

La plenaria de la Cámara Baja deberá dar continuidad al estudio en particular de esta propuesta, teniendo en cuenta que la misma ya cuenta con la aprobación, en general, del documento el cual quedó pendiente desde diciembre del año pasado.

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El proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales la República del Paraguay es parte.

El texto, recordemos, cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública; entre otros.

Cabe recordar que dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país. El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional; y una vez que termine su estudio en Diputados deberá pasar a la Cámara de Senadores.

Otro punto interesante a ser analizado por el plenario tiene que ver con el proyecto de ley “Que modifica el artículo 17 de la Ley N° 7143/23 - Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)”. Esta iniciativa busca fortalecer los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal en la gestión de los recursos públicos, según el documento.

En esencia, la propuesta plantea que todos los ingresos que financian el funcionamiento operativo de la DNIT, sean destinados, directamente, a las arcas del Estado y que sea, exclusivamente, el Presupuesto General de la Nación el que financie su funcionamiento.

Esto, teniendo en cuenta que la normativa vigente permite que la DNIT integre su actual presupuesto con porcentajes de la recaudación de diferentes multas aplicadas por la Administración Nacional de Aduanas, que a criterio de los proyectistas genera riesgos de discrecionalidad y de conflicto de intereses.

Argumentan, por otro lado, que los recursos tributarios son propiedad del pueblo y deben ser administrados de manera equitativa para financiar las prioridades del Estado.

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Ante la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo, quien a su vez fungía de representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se debe elegir a un nuevo integrante para el organismo extrapoder. La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo insta a que la elección no sea basada simplemente teniendo en cuenta el partido político.

“Voy a hablar de lo que la ciudadanía espera de la Cámara de Diputados ante este escándalo que se ha suscitado con un representante de esta Cámara ante el JEM, este es el momento que la Cámara debe dar señales claras, creo que la primera fue en un buen sentido aceptar la renuncia de Orlando Arévalo y la segunda debe ser designar una persona que reúna las condiciones”, expresó.

En conversación con diferentes medios de prensa, la legisladora afirmó que no debe ser un simple cambio de una persona por otra, sino que debe haber la voluntad ante la ciudadanía de escoger a una persona capacitada y con la experiencia necesaria, puesto que este representante será quien juzgue a los jueces y fiscales.

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Asimismo, afirmó que no se opondría si le proponen ser la representante de la Cámara ante el JEM, ya que considera que reúne las condiciones necesarias, ya que es magíster en Ciencias Penales, es doctora en Derecho, ejerce la docencia y fue fiscal por muchos años. “Tengo muchos años de ejercicio de la profesión y seguramente cada uno de los abogados que está en la Cámara pondrá también su currículum de tal manera que los compañeros puedan elegir”, expresó.

Igualmente, recordó que dentro de Diputados existen muchos parlamentarios que son de profesión abogado como lo son Rocío Abed y Jazmín Narváez. “Es un gran compromiso, es una institución en la que creo que primeramente se debe hacer una auditoría profunda de todos los casos que existen, cuánto tiempo tienen y actuar con mucha firmeza, sin lugar a duda es un compromiso gigantesco, pero es parte de lo que me podría tocar siendo miembro”, expresó.

Vallejo ratificó que es momento de que los integrantes de la Cámara se guíen por las capacidades y no por los colores o por quien reúne la mayoría. “Este es un momento histórico donde podemos optar en elegir simplemente por el color o por las capacidades, creo que ese debe ser el parámetro y ojalá prime la capacidad esta vez”, sostuvo.

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El abogado Óscar Tuma, quien ejerce la defensa legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista anunció que impulsará una denuncia contra el Ministerio Público por inacción en torno a la causa que investiga la muerte del dirigente político de Amambay. La acusación será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, recriminó. “Esta causa, nos guste o no nos guste el diputado, se tiene que investigar bajo qué circunstancias lo asesinaron y esa investigación no está avanzando. A pesar de que transcurrieron siete meses, no hay un solo imputado”, dijo a la 650 AM.

Los fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. “Evidentemente, no existe la intención de investigar qué es lo que ocurrió ese día. Entonces, ya no nos queda otra que poner a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de esa manera ir agotando todas las instancias”, manifestó.

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Asimismo Tuma acotó: “Acá los únicos testigos son los que asesinaron al diputado, después los otros que estuvieron ese día no dicen absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron ese día? Existen demasiadas interrogantes. La investigación que tiene que llevarse a cabo para que esas dudas se disipen, no avanza”.

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão mediante una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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La Cámara de Dipu­tados sesionará de forma extraordinaria hoy a las 10:00 para tratar el pedido de renuncia del dipu­tado Orlando Arévalo, el cual forma parte del único punto del orden del día. La convo­catoria fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso.

El diputado decidió presen­tar su renuncia a la Cámara luego de que trascendieran conversaciones privadas con el fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes, quien aparente­mente contactaba a Arévalo en su condición de representante ante el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados (JEM).

Asimismo, el Ministerio Público había adelantado que el parlamentario renun­ciante habría formado parte de un esquema de corrup­ción y hoy está abierta una investigación en su contra en la cual se lo investiga por la supuesta comisión de al menos seis hechos punibles como asociación criminal y otros delitos.

La renuncia de Arévalo a la Cámara de Diputados fue pre­sentada el pasado domingo 8 de febrero luego de que los chats tomaran repercusión mediática, quien alegó que esta decisión fue tomada de modo de concentrar sus esfuerzos en defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.

“Esta decisión la realizo demostrando mi conducta leal al cuerpo colegiado del cual formo parte como inte­grante de la Cámara de Dipu­tados, al Partido Colorado, a los cuales no deseo afectar institucionalmente mientras me someta a los mandatos de la Justicia, y para así avo­carme enteramente al ejerci­cio de mi defensa por hechos públicamente conocidos en los últimos días”, expresaba su renuncia.

A esto añadió: “Lo hago en sal­vaguarda de mi familia, quie­nes saben que soy una persona luchadora y trabajadora; y en los últimos años, por la forma en que me dediqué a mi comu­nidad, a mi distrito de Lam­baré, y al departamento Cen­tral, fui acompañado por sus votos para llegar al cargo de diputado nacional, y demos­traré a propios y extraños mi inocencia por esta denuncia maliciosamente deducida y suspicazmente orientada en mi contra”.

El presidente de la Comi­sión Permanente del Con­greso Nacional, el diputado Miguel del Puerto, miembro de la bancada de Honor Colo­rado, ratificó que la postura del movimiento oficialista se mantiene firme en aceptar la renuncia presentada por Orlando Arévalo a su banca. La aclaración del legislador se dio ante una supuesta inten­ción de Arévalo de retirar su renuncia.

En la denuncia se alega que el magistrado perjudicó a Arévalo mediante la difusión de estas conversaciones.

Tal y como lo había anunciado el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal del diputado Orlando Arévalo, se concretó la pre­sentación de la denuncia con­tra el juez Osmar Legal por prevaricato. Esto luego de la filtración de conversaciones entre el fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes y otros políticos y autoridades en los que se encuentra Arévalo.

En esta denuncia se alega que el magistrado perjudicó a Arévalo mediante la difu­sión de estas conversaciones, por lo que la acción fue pro­movida ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. “No puede ser que se publiquen las conversaciones a los medios de prensa y que las partes no tengan acceso”, cuestionó el abogado.

“Las partes no pueden ejer­cer sus derechos y garantías. Ambas instituciones deben tomar cartas en el asunto de acuerdo a sus competencias y que se intervenga el juzgado. Él tuvo que haber protegido el material, él tuvo que haber operativizado las garantías constitucionales, hablamos de gente que abusa de su poder para fines particulares”, acotó el abogado en una entrevista radial ayer lunes 17 de febrero.

De acuerdo a lo trascendido, la presunción de Duarte Caca­velos es que Legal abrió los resultados de las pericias, vio­lando las leyes y el procedi­miento establecido para este tipo de acciones. El magis­trado no labró acta ni con­vocó a ninguna de las partes para dar apertura al resultado de las pericias, manifestaron.

El prevaricato es un delito que se comete cuando una autori­dad, un juez o un funcionario público “dicta una resolución injusta o ilegal a sabiendas”. Esta denuncia presentada por la defensa de Arévalo se da en el día previo en que la Comi­sión Permanente del Con­greso debe tratar su renun­cia, la cual fue oficializada el pasado domingo 9 de febrero tras la divulgación mediática de sus chats con Gomes.