La titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, explicó el contexto en el que se dio el intercambio de mensajes con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, señalando que había sido el entonces empresario el que habría iniciado gestiones para el arrendamiento de la estancia Cristo Rey, propiedad incautada al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, ubicado en el departamento de Amambay.
Rojas enfatizó que “no es una actividad rara, o sospechosa”, alegando que se trata del rol que cumple habitualmente la institución. “Fue un mensaje que me envió, en esa oportunidad, el señor Eulalio Gomes solicitando que atendamos la propuesta de alquiler de una persona que se llama Aparecido Carlos Bernardo. Lo que quiero señalar es que muchísimas personas todos los días llaman interesados en alquilar inmuebles. Esa es nuestra actividad diaria. Esto no es una actividad rara ni sospechosa”, comentó la titular de Senabico a la 1020 AM.
Refirió que la respuesta que le dio al Gomes en ese momento, y que se ve en el contenido de los mensajes, es que presente todos los documentos que le solicitaron en la administración. Explicó que el contrato de alquiler se concreta cuando se corrobora la presentación de todos los documentos que la institución requiere normalmente para los establecimientos que la Senabico tiene bajo su gestión.
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“Insisto, muchísima gente llama o presenta nota solicitando alquiler de inmuebles, ya sea rurales o urbanos, incluso alquileres de baldíos, para usufructo de estacionamiento. Esto es una actividad diaria para nosotros, alquilar los inmuebles que tenemos. Esto no es nada raro ni para mí, ni para los funcionarios de Senabico, de las diferentes direcciones”, acotó.
Sobre el caso puntual del pedido de Gomes señaló que, si bien presentó la nota de oferta ante la dirección correspondiente, posteriormente el diputado le había escrito. “Lo que pasa que yo no puedo evitar que me llamen o me soliciten cosas. Ahora, de ahí a que yo acceda o no, a un pedido que no esté encuadrado dentro de lo que corresponde legal y administrativamente, recién ahí podríamos hablar de un problema legal o administrativo”, explicó.