El presidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, el senador Dionisio Amarilla, anunció que solicitarán a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) informes sobre los aportes económicos realizados a organizaciones no gubernamentales. El requerimiento del bloque bicameral surge en medio de las denuncias periodísticas de que gran parte del dinero fue entregado a organizaciones ligadas a políticos disfrazados de activistas.
“Cuando se tuvo la primera reunión de la comisión se habían delimitado tres aristas sobre el cual iba a cabalgar, es por eso que vamos a insistir desde la Bicameral de Investigación la remisión de los documentos por parte de las oenegés, que antes del mandato de Donald Trump se habían negado rotundamente a proveer documentos”, afirmó Amarilla, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Hoy inclusive estamos pensando pedirle a la Usaid que envíe todos los respaldos documentarios. Nosotros aún no podemos remitir notas oficiales hasta que el Congreso Nacional vuelva a su actividad normal, pero si ya tenemos formuladas las notas que deben ser aprobadas por los integrantes de la comisión para que tenga la formalidad necesaria. Esto sería la próxima semana”, acotó el parlamentario.
Según una publicación periodística realizada por la Unidad de Investigación Nación Media, un total de USD 93,9 millones (más de G. 738.054 millones) fueron distribuidos por Usaid en Paraguay entre 2007 y 2024, de acuerdo con datos publicados por el Gobierno de los Estados Unidos a través del sitio web USA Spending, creado por la administración del presidente estadounidense Trump con la finalidad de transparentar los fondos económicos distribuidos por las entidades estatales norteamericanas alrededor del mundo.
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La mayor parte de los USD 93,9 millones repartidos por Usaid fueron entregados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Existe fuerte sospechas que los recursos en Paraguay fueron usados por operadores opositores para promover campañas de denuncias y protestas que tenían un fuerte sesgo político.
A la vez de que los fondos hayan sido empleados para cubrir salarios y honorarios de consultorías que nada tienen que ver con los objetivos humanitarios que pregona la organización y los proyectos que debían ser encarados en nuestro país. “Siempre advertimos que esto era cuestión de tiempo, que bastaba reunir los elementos de convicción. Es por todo esto la negativa atroz hasta virulenta con algo de contenido violento por parte de quienes fungían de voceros de las ONG”, expresó Amarilla.