El Ministerio Público informó sobre la apertura de un sumario administrativo a la funcionaria Jessica Báez, señalada por supuestamente haber pedido USD 300.000 al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes para no filtrar información. Para la familia, esto no es suficiente y lo que correspondería es una investigación penal del hecho.
“Son situaciones sumamente graves, sobre todo lo de esta funcionaria Jessica Báez a la que se le abrió un sumario administrativo, pero de qué sirve eso, para encontrar la excusa de poder echarla de la función pública. Acá tuvo que abrirse una investigación en contra de la misma, es una acusación demasiado grande contra ella”, aseveró el abogado Óscar Tuma.
El representante legal de la familia Gomes, indicó al programa “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, que existen graves sospechas que pesan no solamente sobre Báez, sino también sobre todas las personas que estaban en el Departamento de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), durante el gobierno de Mario Abdo.
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“Existen sospechas de que se filtraron informaciones y que se pagaron montos multimillonarios, que se contribuyó a facilitar la huida de algunas personas sindicadas como criminales, en fin, son hechos graves. Por eso, cuando asume el doctor Jalil Rachid en este nuevo Gobierno, directamente hace la movida y revoca su comisionamiento (a Báez) y la envía de vuelta a la Fiscalía”, precisó.
El abogado indicó que las demás personas que trabajan junto con la mencionada funcionaria en la Senad, fueron enviadas al “freezer” en el actual Gobierno, lo cual sería indicio de que existieron comentarios dentro de la mencionada institución sobre comportamientos irregulares de este grupo de personas. “Son hechos graves que no pueden quedar en un sumario administrativo”, ratificó.
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