Con el objetivo de desarticular un nuevo grupo criminal denominado Pueblo de Israel, este jueves una comitiva encabezada por representantes del Ministerio de Justicia llevó adelante una requisa en la Penitenciaría Regional de San Pedro, donde fue incautada una importante cantidad de objetos prohibidos.

Según el informe de las autoridades de la cartera de Justicia, este grupo estaría liderado por exintegrantes del grupo criminal conocido como el clan Rotela y ya contaría con más de 100 integrantes distribuidos entre el penal de San Pedro y otros centros penitenciarios del país.

Esta nueva facción habría sido fundada con la intención de fortalecer los nexos criminales entre las diferentes cárceles del país, los cuales se vieron cortados luego de la operación Veneratio y el aislamiento en una cárcel de máxima seguridad del líder del clan Rotela.

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Esta incursión fue planeada y ejecutada luego de un trabajo de investigación, gracias al cual se pudo identificar a los seis principales líderes que operaban dentro del penal, los cuales durante este operativo fueron separados y trasladados hasta otro centro penitenciario bajo un régimen especial cerrado.

Los trabajos se centraron en el pabellón B Alta, de donde también fue incautada una importante cantidad de armas blancas de fabricación casera, bebidas alcohólicas, estupefacientes, aparatos celulares, equipos de radio, cargadores y dinero en efectivo.

Desde el Ministerio de Justicia enfatizaron que se encuentran realizando diversos trabajos en el marco del control y la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios, ya que la prioridad es mantener el orden y, por sobre todo, evitar la creación de nuevos grupos criminales que puedan afectar el funcionamiento de las instituciones y pongan en peligro la seguridad de los internos.

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Uno de los aspectos que se abordó durante la capacitación ofrecida para la implementación de las tobilleras electrónicas es lo referente a los requisitos técnicos que permitan acceder a este dispositivo.

El lunes y el martes se realizaron dos jornadas para debatir la Ley 7270/2024, así como el Decreto Reglamentario, el Reglamento Orgánico Funcional del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Sismed), el Protocolo de Implementación del SIMDEC y la Acordada de la Corte Suprema de Justicia.

El director general del Sistema 911, Carlos Hernán Escobar, explicó a La Nación/Nación Media que el taller con los fiscales, jueces y defensores públicos sirvió para conocer todo lo que hace a la implementación de las tobilleras electrónicas. “Lo que hoy hicimos fue contarles lo que nosotros necesitamos realmente, porque tecnológicamente la tobillera es una solución para que podamos tener un control en tiempo real”, aseguró.

La jornada fue muy productiva debido a que, tanto los fiscales como los jueces y defensores públicos, mostraron interés y estaban interesados en conocer el alcance y cómo puede ayudar esta solución. “Es una herramienta que le va a ayudar a controlar efectivamente la prisión domiciliaria, que es lo que la acordada de la Corte Suprema de Justicia dictaminó, para el uso, en primer lugar, de los casos de violencia intrafamiliar”, explicó Escobar a LN/NM.

Además del dispositivo para la persona beneficiada con la medida alternativa a la prisión, otro estará en manos de la víctima, alertando si el victimario se acerca. Esta misma alerta sonará a las autoridades, permitiendo que se pueda actuar de manera rápida y así proteger a la víctima, explicó.

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Además de los casos de violencia intrafamiliar, también podrán ser beneficiadas personas enfermas que necesiten dejar la prisión y así puedan guardar reclusión en sus respectivos hogares. “Es también para ayudar a la gente a que salga de la prisión, pueda ser reinsertada a la sociedad y tenga que guardar una prisión domiciliaria, nada más. Ya sea de la tercera edad, o que esté enferma, o cosas así. Y serviría como una herramienta para descomprimir las cárceles”, comentó a LN/NM.

Escobar indicó que una de las cosas que más consulta generó durante la capacitación fueron los tiempos, debido a que los magistrados tienen plazos que se deben de respetar, para lo cual, los tiempos son muy importantes. “A ellos (a los jueces) les aprietan mucho los tiempos procesales. Cuando hay un pedido de una revisión, ellos tienen 48 horas para responder”, indicó.

Explicó que, en este caso, el trabajo del defensor es muy importante, ya que, si el recaba la mayor cantidad de información precisa, como, por ejemplo, lugar exacto donde guardará reclusión, las dimensiones, etc., eso ayudará a facilitar para delimitar hasta dónde puede ir y qué lugares ya pueden resultar en una alerta.

“Es muy importante hacer la factibilidad técnica antes de pedir la medida. Para eso es importante traer todos los presupuestos: dimensión de la casa, ubicación exacta, etc. Y es la defensa la que tiene que traer todos los datos, todo bien detallado”, comentó a LN/NM.

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El director del Sistema 911 comentó que cuando ellos reciben la orden de un arresto domiciliario y se hace la comunicación, lo que la Policía debe hacer es cumplir con las órdenes del juez. “El juez me dice para poner la tobillera por 12 meses, entonces, yo coloco. Puede revertir la decisión más adelante, sí, puede. Entonces, se retira”, explicó.

Agregó que, gracias a esta herramienta, se podrá tener un control real de los movimientos de la persona con arresto domiciliario, considerando que actualmente se realizan los controles, pero de manera aleatoria, debido a que no hay suficiente personal que pueda ayudar. Recordó los casos que durante los controles se encontró a personas en la despensa, e inclusive hubo casos de gente que iba de shopping pese a contar con arresto domiciliario.

Agregó que este hecho, por más que parezca que no es grave, puede hacer que una persona con prisión domiciliaria pierda el beneficio. “Si una persona sale a comprar un cigarrillo en la esquina de su casa, está violando su prisión domiciliaria, porque puede que no vaya lejos, pero salió del área delimitada”, explicó.

Actualmente, al Estado le cuesta 650 dólares el mantenimiento de cada persona privada de libertad. Si bien ahora solo se autorizaron la utilización de 20 tobilleras electrónicas, con la implementación de esta tecnología, que con el tiempo podrá descomprimir las penitenciarías, inclusive se estaría ahorrando dinero, ya que el mantenimiento de la tobillera cuesta 250 dólares mensuales, lo que representa un ahorro significativo.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El lunes 17 de febrero serán trasladadas 16 personas privadas de libertad (PPL), de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, para trabajar en las tres empresas maquiladoras instaladas en el citado recinto penal, como parte del programa laboral, según el Ministerio de Justicia.

Las industrias que operan hoy en el Centro Penitenciario son tres: Dreamy Internacional S.A. (Ajuares para bebés), Rivers Piero (Prendas deportivas) y Mega Plásticos (Prendas quirúrgicas). La firma Cortinerías del Paraguay se sumaría en breve, refirió a La Nación/Nación Media, la abogada Olga Ávalos, coordinadora departamental de reinserción social en Alto Paraná.

En las tres industrias maquiladoras que tienen sus talleres empresariales instalados dentro del Centro Penitenciario de Minga Guazú, están trabajando hoy 87 PPL, según la abogada Ávalos. Los 16 privados de libertad que se sumarán el lunes, irán a Mega Plásticos en su mayoría, que aumentó cantidad máquinas en el sitio, según Ávalos.

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Con el traslado del lunes, ya serán más de cien las personas privadas de libertad (PPL) insertadas en el programa laboral penitenciario. Dicha actividad será acompañada por autoridades de los ministerios de Justicia, de Industria y Comercio, y de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), además de autoridades locales. Igualmente, se prevé un recorrido por los talleres empresariales.

La agenda prevé para la tarde, en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, un recorrido por la exposición de productos elaborados por personas privadas de libertad. Esto, en el marco de la capacitación en diferentes rubros realizada a unos 70 internos, según el director Benjamín Ozuna.

Artes y tallados, carpintería, refrigeración, panadería, zapatería, artesanía, herrería, peluquería, entre otros, son los oficios en los que fueron capacitados, y los productos que elaboraron estarán en exposición, según el director Ozuna. Hoy hay 1880 personas privadas de libertad (PPL) en la penitenciaría de Ciudad del Este, de las cuales 563 están condenadas y 1317 son procesadas.

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Con la finalidad de promover la generación de empleos formales y de calidad mediante el programa Hambre Cero en las escuelas, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), encabezado por Mónica Recalde, impulsará el asesoramiento y las capacitaciones a las empresas participantes de la provisión de alimentos en las diferentes instituciones educativas del país.

“Nuestra misión es apoyar a esas empresas en el sentido de que sus acciones estén enmarcadas en los objetivos del programa, que es también dar mano de obra a la gente, una de las principales razones que el presidente de la República ha expuesto es que el programa sería un generador de empleos y deseamos que éstos sean de calidad, que sean formales”, manifestó Recalde.

La titular de la cartera de Trabajo indicó que el gobierno del mandatario Santiago Peña apunta a que las firmas puedan obtener información oportuna y precisa sobre los modelos de contratos, forma de contratación, registros en ministerios y en el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Entonces, nosotros debemos establecer estrategias y mecanismos para acompañar el proceso y brindarles esas herramientas para que efectivamente se cumpla desde el modelo a implementarse desde el área de cobertura del Ministerio de Desarrollo Social y también replicarlo en todas las gobernaciones”, acotó la ministra.

Las afirmaciones de Recalde surgieron tras mantener un encuentro con el ministro de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, quien impulsa la coordinación de trabajos entre varias instituciones del Estado para potenciar los beneficios del programa escolar que no solo tiene como función proveer de alimentos a los niños y niñas de las instituciones públicas, sino también dinamizar la economía.

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En lo referente a capacitaciones, Recalde comentó que se tiene previsto la realización de cursos de formación y habilidades para cocineras, con la introducción de medidas de control y manipulación de alimentos, así como el ítem de seguridad alimentaria. “Sabemos que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) está realizando inversión en infraestructura, poniendo en condiciones las cocinas donde se llevarán y terminarán de elaborar alimentos, entonces es importante que las personas encargadas tengan conocimiento suficiente para los cuidados y control de los alimentos”, dijo.

Por otra parte, comentó que su institución se encuentra siguiendo de cerca la evolución del empleo generado por el programa Hambre Cero en las escuelas, cuyo impacto estiman será aún mayor con su expansión a nivel nacional a partir del presente año escolar.

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