El titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, y autoridades del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), comparecieron este miércoles a la convocatoria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para abordar sobre la inclusión de escuelas subvencionadas al programa “Hambre cero en las escuelas”.

Tras la reunión, el ministro Tadeo Rojas, aclaró que la prioridad para el Gobierno es llegar al 100 % de las instituciones públicas y que, a pesar de que las subvencionadas están incorporadas en el programa de alimentación escolar, no se realizará nuevas inclusiones por el momento.

“Aclaramos, siempre lo hemos dicho, la prioridad del Estado es atender las escuelas públicas, eso vamos a cubrir el 100 % hasta el 9.° grado, de hecho, también van a seguir recibiendo aquellas subvencionadas que venían recibiendo el programa de alimentación escolar, no vamos a cortar, pero nuevas inclusiones de subvencionadas por ahora no tenemos previsto”, explicó Rojas en conversación con los medios de comunicación en el Parlamento.

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Indicó que se realizará una revisión de caso por caso la vulnerabilidad de las escuelas subvencionadas, y recordó que el Estado no tiene la obligación de asistir a las dichas instituciones, sin embargo, sí se estaba realizando con rubros y kits escolares.

“Está en nuestro ánimo, hay voluntad de que también se incluyan, de hecho, ya lo hemos demostrado porque el año pasado en Central incluimos 16 instituciones subvencionadas que son colegios técnicos de doble turno que fueron atendidos y de nuevo este año van a ser atendidas. Es el espíritu de ir ampliando la cobertura existe, y lo vamos a ir haciendo gradualmente”, comentó.

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El ministro explicó que la inclusión de estas instituciones depende de la disponibilidad financiera que el Estado pueda tener, y las evaluaciones que se realicen. Actualmente, son 98.000 alumnos que se encuentran en las subvencionadas y se requerirá de un presupuesto de aproximadamente USD 100 millones más.

“Hay que recordar que ahora la cobertura es para un millón de matriculados, el presupuesto que vamos a ejecutar se estima en 380 millones de dólares y nosotros tenemos la obligación de asegurar la sostenibilidad y además la continuidad del programa Hambre cero en las escuelas”, sentenció.

La Comisión Permanente del Congreso Nacional aprobó, en su sesión ordinaria de este miércoles, la convocatoria a una reunión reservada, al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, y al juez penal de garantías Osmar Legal, sobre los chats filtrados del extinto diputado Eulalio Gomes. Las autoridades deberán comparecer ante el pleno el próximo miércoles 19 de febrero a las 9:00.

El senador José Oviedo fue el proponente de esta convocatoria, argumentando que los legisladores deben colaborar en buscar soluciones con relación a la corrupción en las instituciones del Estado. “Varios senadores habíamos presentado una nota pidiendo que esta Comisión Permanente convoque al Fiscal General del Estado a una reunión, para que nos informe qué es lo que está haciendo al respecto. Solicitamos que él amablemente venga y que nos explique qué está haciendo y ponernos incluso a disposición de él para contribuir al proceso”, expresó ante el pleno de la Permanente.

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Por su parte, el senador Dionisio Amarilla propuso que también sea convocado el juez Osmar Legal, a quien apuntan de haber filtrado las supuestas conversaciones que habrían sido extraídas del teléfono de Gomes, a partir de un peritaje del proceso judicial. El legislador afirmó que es uno de los principales personajes que debe responder a esta situación mediatizada en los últimos días.

“Leí en los medios que, no sé si mal interpreté, aparentemente la cadena de custodio fue afectada al propalarse estos mensajes, entonces hay un juez estrella que en estos días es protagonista de los chats publicados, que se olvidaron incluir en esa nota, habría que traerlo también”, indicó Amarilla. El pleno debatió ampliamente, tanto la convocatoria a las autoridades como las consecuencias de la filtración y la mediatización de las conversaciones encontradas en el teléfono celular del fallecido diputado Gomes, donde los legisladores expusieron sus posturas sobre este tema.

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La Comisión Permanente del Congreso nacional desa­rrollará hoy su sesión ordi­naria, convocada para las 9:00 con varios puntos en el orden del día, la mayoría de ellos pedidos de informes para varias instituciones del Estado.

Entre los pedidos de informe figura una nota dirigida al Ministerio del Interior sobre la admisión del Insti­tuto Superior de Educación Policial (Isepol); al Ministe­rio de Ambiente y Desarro­llo (Mades) sobre el cum­plimiento de la legislación ambiental por parte de las arroceras y las acciones toma­das sobre la disminución del caudal en las cuencas del río Tebicuary, entre otros.

Por otra parte, también debe ingresar el pedido de renun­cia del diputado Orlando Arévalo, y se debe establecer una fecha para la convoca­toria de sesión extraordina­ria de la Cámara de Diputa­dos, para la aceptación de la renuncia de Arévalo y la con­vocatoria a ocupar la banca del suplente número uno de Central, Saúl González.

Tras el desarrollo de la sesión ordinaria, el pleno de la Comisión Permanente recibirá al ministro de Desa­rrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, y las autoridades del Consejo Nacional de Ali­mentación Escolar (Conae).

El diputado y presidente de la Comisión Permanente, Miguel Ángel del Puerto, indicó que hasta el momento no se cuentan con nuevos pedidos de sesiones extraordinarias con la finalidad de analizar el proyecto que deroga la normativa vigente que equipara los costos de los patentes vehiculares en las municipalidades.

“Todavía no tengo ningún pedido oficial, pero los colegas pueden presentar hasta 24 horas antes de la sesión de este miércoles (día en que se reúne la Comisión Permanente); es decir, tienen tiempo hasta este martes”, dijo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Del Puerto señaló además que el posicionamiento de la bancada del movimiento Honor Colorado es acompañar el planteamiento de derogación. Sin embargo, el parlamentario recordó que desde la representación de intendentes y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) expresaron la postura de no derogar la ley, sino modificarla.

Incluso plantean la posibilidad de suspender los efectos de la ley por un periodo de 60 días. A la vez, abogaron por la importancia de trabajar de forma conjunta para que, luego de dicho plazo, se introduzcan en la normativa las modificaciones pertinentes.

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No obstante, el diputado comentó que la intención se centra en finiquitar el estudio de la propuesta de derogación durante el receso parlamentario y no dejarlo para el inicio del presente año legislativo, previsto para el próximo mes de marzo.

La iniciativa presentada por su colega Alejandro Aguilera debió ser analizado el pasado 5 de febrero, pero la Cámara Baja no logró alcanzar el quórum correspondiente requerido de 41 presentes, y solo 23 de los 80 diputados se presentaron para la citada convocatoria.

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