El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) durante un congreso del organismo, consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

“Nosotros entendemos que este tipo de investigaciones financieras tienen sus niveles de complejidad. Para que pueda ser desarrollado se requiere de las sospechas de un hecho punible en concreto, hay ciertos pasos procesales que no se pueden realizar si no existe esto”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Lovera indicó: “En este proceso penal en el año 2021 la Fiscalía allanó la sede del banco Atlas. Un allanamiento implica que existe la sospecha de un hecho punible, incluso esa sospecha está avalada por un juez que otorga el allanamiento. La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”.

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“Esta filtración es reveladora y demoledora para todo lo que ocurrió en Paraguay, expone toda la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la asociación criminal montada por el expresidente de la República y el exembajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras la filtración de un documento interno de la embajada en Asunción, enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria.

“Un embajador lo que desarrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestiones internas. Lo más condenable en esta conducta no está solo en lo que el exembajador hizo o quiso hacer, sino en todo lo que le acompañaron. Tenía una hinchada de medios periodísticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Cartes”, afirmó Ovelar, este viernes, en una nota con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El documento fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de comunicación como Diario de las Américas (Estados Unidos), en noviembre de 2024; Clarín y Periodismo y Punto de Argentina, en enero último. El relatorio elaborado por Ostfield fue promovido en base a datos sesgados, con medias verdades y manipulaciones, calificando a Cartes como un político corrupto y vengativo.

“Este informe señala una intromisión y violación del convenio de Viena, un direccionamiento de los ataques al sector colorado y en especial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del liberal Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, refirió Ovelar.

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“Acá los senadores deben reflexionar, ellos no estarán condenando absolutamente a nadie al enviar a la justicia a Mario Abdo y que este tema sea debatido. Abdo Benítez no tiene ninguna limitación para el ejercicio de su defensa, cosa que sí ocurrió con Cartes que no tuvo la oportunidad dentro de un debido proceso. Si hay algún hecho nulo, lo probarán y será resuelto en las instancias correspondientes”, comentó Ovelar a Nación Media.

Esto ante las trabas impulsadas por senadores opositores y del movimiento Fuerza Republicana en obstaculizar la labor de la justicia al no despojar a Mario Abdo de sus fueros como senador vitalicio. “Están dándole un blindaje ante las evidencias que hoy saltan, son señales evidentes de una persecución política que hizo Abdo contra sus adversarios utilizando nada más y nada menos que al exembajador de Estados Unidos en Paraguay para el efecto. Realmente son circunstancias muy graves que deben ser evidenciado en un juicio”, sentenció.

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Esta asociación criminal obligó a Cartes a impulsar una denuncia formal por persecu­ción política de la cual fue víc­tima mediante la instrumentalización de las instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El esquema fue impulsado desde el 2018, y se acentuó en el marco de las elecciones internas del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones gene­rales del año 2023.

Las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público derivó a la imputación de Mario Abdo y sus leales, Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos puni­bles de revelación de secre­tos de servicio, revelación de secretos privados por funcio­narios o personas con obliga­ción especial, inducción a un subordinado a un hecho puni­ble, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpa­ción de funciones públicas y asociación criminal.

Marc Ostfield fue echado de la embajada estadounidense en Asunción, el 20 de enero, por el gobierno de Donald Trump, luego que la cancillería paraguaya reclamara, en agosto de 2024, acelerar su salida por generar una crisis bilateral debido a su “activismo diplomático”. El exembajador llegó al país en marzo de 2022, y apenas cuatro meses convocó a su primera rueda de prensa para anunciar sanciones contra adversarios políticos de Abdo Benítez, en plena carrera para las elecciones internas del Partido Colorado.

Diario de las Américas publicó esta transcripción del documento atribuido a Ostfield, el cual “describe parte del proceso de la toma de decisiones para emitir las sanciones por parte del diplomático norteamericano”, señala el material periodístico firmado por Jaime Garvett.

“Tengo información oficial desde el Departamento del Tesoro, donde da cuenta que la empresa paraguaya Tabesa (Tabacalera del Este S.A.) presentó documentos solicitando habilitación para operar en el sistema financiero norteamericano. Así también recibí datos de que la empresa sostiene que el señor Horacio Cartes se retiró de la misma dentro del plazo establecido por la OFAC, vendiendo sus acciones a la misma sociedad, lo cual le produce importantes ingresos financieros”.

“Percibo que esta operación fortaleció económicamente al señor Cartes, pues desde el inicio de este período de gobierno (del presidente Peña) ha sobornado a más de 30 parlamentarios, entre miembros de la Cámara de Representantes y senadores, para que sean afines a su línea política, apoyando al gobierno, al partido Colorado, del cual es presidente, y también perseguir a opositores como a la senadora Kattya González, quien fue expulsada del congreso por pedido del señor Cartes y de un grupo llamado Comando de Honor Colorado, donde se toman las decisiones importantes a nivel político y de gobierno”.

“Es importante señalar que el señor Cartes es vengativo con sus adversarios políticos, identificando al ex presidente Mario Abdo Benítez como el principal. Es así que a través del abogado Pedro Ovelar, sobornó a dos fiscales (Cantero y Grisetti) para conseguir su enjuiciamiento penal como también de otros exsecretarios, todos colaboradores de nuestro gobierno”.

“También es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a éste embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.

“En todos los ámbitos de la sociedad del Paraguay, se tiene la percepción de que el verdadero poder del país radica en el señor Cartes y su gran poder económico, razón por la que recomiendo a nuestro gobierno, tomar medidas más fuertes en contra del señor Cartes y sus empresas, pues él constituye un peligro para la democracia en Paraguay. Así también en un informe próximo elevaré una lista de sus principales colaboradores políticos a fin de recomendar medidas significativas respecto a ellos”.

La Cámara de Sena­dores aprobó ayer el proyecto de declara­ción que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados (JEM) a investigar a los miembros del Tribu­nal de Sentencia de Villa­rrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El docente está acusado de abuso por medios tecno­lógicos a una alumna de 11 años de edad.

La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repu­dio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de prue­bas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.

Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insau­rralde, en donde supues­tamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo”, “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.

El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afec­tan la integridad de una niña e involucra a un docente, agra­vado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debe­ría mostrar un especial deber del cuidado”.

La iniciativa agrega que “las estadísticas infor­madas por organizacio­nes especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.

El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la ense­ñanza en la misma institución de la que fue apartado al ini­ciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de declaración que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a investigar a los miembros del Tribunal de Sentencia de Villarrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El magistrado está acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años de edad.

La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repudio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de pruebas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.

Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insaurralde, en donde supuestamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo” “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.

El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afectan la integridad de una niña e involucra a un docente, agravado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debería mostrar un especial deber del cuidado”.

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La iniciativa agrega que “las estadísticas informadas por organizaciones especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.

El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la enseñanza en la misma institución de la que fue apartado al iniciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.

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