El senador opositor José Oviedo anunció la suspensión de la audiencia pública para debatir su proyecto de ley que plantea la reducción laboral en el sector privado. Inicialmente el encuentro estaba previsto para el 13 de febrero en el Congreso Nacional.
Oviedo comentó que aún no cuenta con una fecha específica, pero que la audiencia será desarrollada en el próximo mes de marzo, ya con el inicio del año legislativo. Añadió que la decisión surgió ante el conflicto en torno al supuesto esquema de corrupción pública en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Señaló que el caso amerita la atención de todos los parlamentarios.
“Ante la gravedad de la situación expuesta por los mensajes que salen a la luz, que muestran la podredumbre del sistema judicial, el cual es propiciada por el poder político, y sabiendo que es una rama más de todo el árbol de la corrupción, decidimos dedicarle toda nuestra atención al caso”, refirió en un material audiovisual.
El supuesto esquema salpica al exdiputado Orlando Arévalo, quien ejercía la vicepresidencia primera del JEM; a las fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza Sadi López. La acusación fue impulsada por el juez penal especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche, y surge tras el peritaje realizado al teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez Batista.
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Antecedentes del proyecto
La iniciativa presentada por el parlamentario opositor a finales del pasado año establece unas 40 horas laborales semanales. En ese entonces, Oviedo indicó que existe una desigualdad en la carga horaria en Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario perteneciente al sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.
El dirigente del movimiento Yo Creo había aclarado que su planteamiento de reducir la carga laboral no significará la disminución del salario. A la vez, reconoció que hay sectores donde se dificultaría más la aplicación de la iniciativa en caso de lograr su sanción en el Poder Legislativo y su posterior promulgación en el Poder Ejecutivo.