Los senadores Gustavo Leite y Antonio Barrios encabezan la iniciativa parlamentaria que busca dotar de más recursos al Instituto Nacional del Cáncer (Incan) de modo a asegurar el presupuesto para la adquisición de medicamentos e insumos oncológicos. Los proyectistas adelantaron que no se tocarán partidas presupuestarias de unidades sensibles.

“Estamos teniendo en cuenta los gastos en pasajes, viáticos, consultorías, ese tipo de gastos de los cuales podríamos prescindir para poder aportar el grano de arena para la salud pública, si se toca un 10 o 15 % de eso no causa ningún daño a las instituciones, pero no se les va a tocar a las entidades sensibles”, explicó el senador Antonio Barrios.

El parlamentario de Honor Colorado dejó en claro que no se verán afectadas en el recorte instituciones como el Ministerio de Salud, la Policía Nacional o el Instituto de Previsión Social (IPS). “No se va recortar a aquellos que deben prestar servicio a favor de la gente”, aseguró e indicó que las reasignaciones buscan que tanto el IPS como la cartera sanitaria puedan cumplir con los pacientes oncológicos.

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Asimismo, mencionó a la 1020 AM que el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025 es bastante “holgado”, por lo que permite hacer este tipo de modificaciones y así lograr el aumento de recursos para el Incan. Barrios reconoció este punto hasta la fecha representa una falencia del Estado, puesto que muchas personas lastimosamente han fallecido por la incapacidad de acceder a un tratamiento adecuado para el cáncer.

“Creo que es posible y vamos a avanzar con este proyecto, tenemos el compromiso de presentar esta iniciativa a nuestro compañeros de Honor Colorado y después seguramente daremos una conferencia en la que explicaremos de dónde sacaremos los recursos que va a aumentar la capacidad de compra de medicamentos e insumos para el Incan”, refirió.

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El senador Gustavo Leite adelantó que en marzo presentará un proyecto de ley para recortar gastos superfluos en diferentes instituciones del Estado y redireccionar el dinero para la compra de medicamentos oncológicos. El legislador indicó que el objetivo con esta iniciativa es llegar al 100 % de cobertura de medicamentos oncológicos para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Estos recortes podrían llegar a G. 300.000 millones.

“Creemos que los colegas nos van a acompañar, creo que cortar el 15 % del aumento en algunos gastos imprescindibles, sin afectar al presupuesto de salud, sin afectar el presupuesto de educación, sin afectar la alimentación escolar, sin afectar al Indi, sin afectar Diben, sin afectar la Policía, sin afectar Defensa Nacional, me parece que es algo que le debemos a la ciudadanía y tenemos que hacerlo”, explicó en comunicación con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Estos recortes se darían en varias de las instituciones públicas, sin embargo, no se estará tocando el presupuesto de las instituciones más vulnerables, entre ellas el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). El senador plantea un ahorro del 15 % en gastos innecesarios y esto será destinado al Incan.

“Del Ministerio de Salud no queremos cortar nada, queremos cortar en transporte y almacenaje, en pasaje y viáticos, gastos de aseos, alquileres, servicios técnicos profesionales, servicios de capacitación, vestuario, bienes de consumo de oficina. Hay muchas que se pueden, no solamente cortar, si se gestiona mejor esto no hace falta cortar porque el 15 % más barato, se puede poner esa plata a los enfermos de cáncer”, refirió.

Agregó que ya mantuvo conversaciones con las autoridades del Incan, que afirman que con esta iniciativa podrían llegar a la cobertura del 100 % de los medicamentos de todos los pacientes que recurren al instituto para su tratamiento. A esto también se suma que pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) también recurren al Incan por la falta de medicamentos en la previsional.

“Yo estuve haciendo las averiguaciones también con la directora del Incan y ellos sienten que si tienen más dinero para medicamentos van a poder llegar al 100 % de la gente que va ahí, y ahí se produce otro fenómeno, que es el fondo de salud del IPS, también se ha notado que muchos pacientes recurren al IPS porque son asegurados prefieren irse al Incan porque en el Incan haya medicamentos porque no hay medicamentos que tal vez no haya en IPS”, manifestó.

El senador también se reunió con la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien presentó esta iniciativa. “Yo fui a saludar a la ministra y por respeto contarle la iniciativa nuestra, creemos, si bien se aumentó el presupuesto del Incan significativamente para este año, aún no va a ser suficiente para atender a todos los compatriotas que tienen cáncer”, sentenció.

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La sindicada como cerebro logístico del crimen contra el fiscal Marcelo Pecci, Margareth Chacón, declaró en medio del juicio que fue torturada para mencionar el nombre de un expresidente paraguayo. Estas expresiones deben generar alerta y amerita una investigación seria tanto en Paraguay como en Colombia, según afirmó el abogado Óscar Tuma.

“No se puede descartar que existan intereses detrás de la insistente vinculación de Horacio Cartes con distintos casos judiciales. Recordemos que fue un presidente con gran influencia en la economía y la política del país, lo que lo convierte en un blanco fácil para ataques políticos”, refirió en contacto con La Nación/Nación Media.

Para el abogado no sería raro que existan actores nacionales o internacionales que busquen instalar el nombre del exmandatario en medio de un caso tan emblemático como es el asesinato a Marcelo Pecci, por lo que es importante que la opinión pública pueda distinguir entre las acusaciones con fundamentos y aquellas que forman parte de una agenda política.

“Me tuvieron torturada cinco meses, tratando de que yo mintiera sobre un expresidente del que nunca escuché”, fue lo que declaró Chacón en el juicio donde se ratificó su condena de 35 años y sobre esto Tuma advirtió, “si esta denuncia es cierta, estaríamos ante una situación gravísima de violación de derechos humanos. No se puede permitir que se utilicen métodos coercitivos para obtener declaraciones que carecen de sustento”.

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El abogado fue contundente al señalar que genera mucha preocupación como el nombre de una figura como la de Cartes es mencionada sin evidencia concretas en temas judiciales tan sensibles como estos, puesto que es fundamental para cualquier acusación contar con pruebas sólidas y no basarse en simples especulaciones o presiones externas.

Todo esto, de modo a evitar caer es instrumentalizar la justicia con fines políticos, lo cual atenta contra el debido proceso y el Estado de derecho. “El Ministerio Público debe actuar con total objetividad y no dejarse influenciar por presiones mediáticas o políticas. Lo que corresponde es seguir el debido proceso, garantizar la legalidad de las pruebas y evitar cualquier tipo de manipulación en la investigación”, concluyó.

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El senador Gustavo Leite también fue consultado sobre su opinión respecto a las declaraciones de Chacón, y de acuerdo a su punto de vista, dicho hecho representa una “vergüenza”, dado que evidencia la intención de querer incriminar a una persona inocente en un hecho de suma gravedad como lo fue el crimen contra el fiscal paraguayo. “Se evidencia que hay intenciones políticas de endilgar la autoría moral a alguien inocente”, sostuvo.

La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES) se manifestó como institución representativa que aglutina a los estudiantes secundarios contra el proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares en las instituciones educativas. El diputado José Rodríguez anunció que presentará el proyecto de ley, donde plantea la prohibición del uso de celulares y dispositivos electrónicos en las instituciones educativas.

En un comunicado de opinión pública, compartido vía sus redes sociales la FENAES se publicó en contra de este proyecto de ley, manifestando su disconformidad, donde creen que el uso de los celulares no debe ser un objeto de una prohibición tajante.

Los estudiantes consideran que debe existir “una adecuada regulación que contemple los beneficios educativos y sociales que estos dispositivos pueden ofrecer”, avalando su perspectiva argumentan que el Ministerio de Educación y Ciencias se encuentra con serias limitaciones presupuestarias para dar a cada alumno una computadora u otro dispositivo tecnológico, pero que la gran mayoría cuenta con un teléfono celular, y lo caracterizan como una herramienta valiosa que puede llegar a ser utilizada como herramienta pedagógica.

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La Federación de igual forma reconoció que el uso indiscriminado de los teléfonos celulares puede tener efectos negativos en el desarrollo de los estudiantes, y consideran crucial su regulación en momentos específicos y en cuanto a su pertenencia en edades muy tempranas.

“Es fundamental avanzar en métodos de enseñanza que estén en sintonía con la realidad tecnológica de la sociedad.” Afirmaron en el comunicado, en el cual también realizaron una propuesta con tres puntos clave para la regularización de los dispositivos

Estos son: actualizar los métodos de enseñanza acorde a la realidad tecnológica actual; reglamentar correctamente el uso de celulares en instituciones educativas; aprovechar mejor los recursos tecnológicos disponibles, adaptándose a las edades y necesidades de los estudiantes.

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