El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Miguel del Puerto, aseguró que la instancia legislativa que preside tiene todas las atribuciones para convocar a las autoridades.
Con esto, del Puerto pretende rebatir el dictamen del asesor jurídico del Congreso, Emilio Camacho, que señala que la Constitución no contempla entre las atribuciones de la Comisión Permanente la de convocar a ninguna autoridad, especialmente al fiscal general del Estado, lo que fue apoyado por el líder de la bancada de Honor Colorado del Senado, Natalicio Chase.
La polémica surgió luego de que, por unanimidad, los integrantes de la comisión resolvieran convocar al fiscal general, Emiliano Rolón; al ministro del Interior, Enrique Riera; y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, a fin de que informen el estado de las investigaciones del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.
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Del Puerto señaló a la 1020 AM que “en la Constitución están establecida las competencias de la Comisión Permanente, y en un articulado habla de que puede establecer su propio reglamento interno y dentro de eso está la potestad de aprobar resoluciones y pedidos de informe, como así también la posibilidad de invitar a autoridades si así lo definimos”.
“Lo que se busca es obtener más información sobre hechos preocupantes, no interpelar a las autoridades, dado que no tenemos la potestad de interpelar a ninguna autoridad”, explicó.
Sin embargo, la efectividad de la convocatoria está en duda tras el dictamen jurídico. “Nosotros seguimos con dicha convocatoria. Están invitados, pero después de este dictamen, vamos a tratar de comunicarnos con las personas invitadas y ahí confirmar o no la presencia de estas autoridades”, agregó del Puerto.
Según el legislador, “el caso de Marcelo Pecci, es un proceso bastante complicado y delicado, con investigaciones en curso que hasta ahora no han llegado a identificar a los autores intelectuales”.
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El MOPC responde que existe gran demanda de recursos para mantenimiento de redes viales
Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) estuvieron presentes en la Comisión Permanente del Congreso para explicar los fundamentos por el aumento en el precio del peaje. En este sentido, indicaron que existe una gran demanda de recursos para el mantenimiento y la recaudación actual ha sido insuficiente, generando un descalce financiero en la institución.
“Las variables que se requieren para los mantenimientos han incrementado su precio, como todas las demás cuestiones, asfalto, cemento, combustible, los servicios que se necesitan y eso obviamente requiere de ajustes, que lo hacemos de manera gradual para que no tenga un impacto, sabiendo de la sensibilidad del tema”, expresó el viceministro de Finanzas, Marco Elizeche.
El viceministro, quien estuvo en representación de la ministra Claudia Centurión, explicó que hace más de 10 años ocurrió la última actualización generalizada de los precios del peaje y que en muchos puestos del país, aún se sostenía la tarifa en G. 5.000 para vehículos livianos y G. 10.000 para vehículos pesados, esto a la par que aumentaban los costos para el mantenimiento de las redes viales.
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“Con USD 25 millones que recauda el peaje es imposible mantener 13.000 km de rutas asfaltadas, el precio promedio anual de los contratos que tenemos con las empresas de mantenimiento es de USD 10.000 por kilómetro. Como lo que recaudamos no alcanza, hacemos varios contratos y tenemos contratos vigentes por casi USD 300 millones por mantenimiento en todas las rutas del país”, explicó.
Actualmente existe un descalce financiero con respecto a lo recaudado por el peaje y lo que se busca con este aumento en la tarifa es encontrar el punto de equilibrio. El viceministro advirtió que otra alternativa, de modo a evitar el incremento podría ser el endeudamiento, pero eso repercutiría en la cantidad de nuevas obras.
“La idea es que gradualmente tengamos un financiamiento más robusto y que en un tiempo podamos hacer intervenciones propias y ese endeudamiento que hacemos, sea para las obras públicas, que sea para nuevas obras. Podemos decidir cuál es el mecanismo para mantener las rutas asfaltadas, decir que no vamos a cobrar peaje, pero deberíamos endeudarnos entonces para mantener esa red vial”, expuso.
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Recaudación por peajes se invierte en mejoramiento de rutas, explica MOPC ante el Congreso
El viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Marco Elizeche, compareció este miércoles ante el Congreso Nacional para fundamentar el aumento de la tarifa del peaje en tres puestos: Ecovía, Caapucú y Coronel Bogado.
Marco Elizeche explicó que todo lo recaudado en el peaje financia la estructura misional del presupuesto vigente, es decir, se utiliza para las inversiones, además de sostener los cuidados y mejoramientos de las rutas. “Hablamos de más de mil funcionarios que están distribuidos en todos los distritos del país. Hay cinco plantas asfálticas, maquinarias, equipos. Todo eso hay que mantener, hay que sostener para que se puedan hacer las intervenciones”, manifestó a los medios de comunicación, tras finalizar la audiencia.
El funcionario expuso que esta estructura tiene más de 15 años y que no se puede cambiar la modalidad de financiamiento, de recursos Fuente 30 (recursos institucionales) a Fuente 10 (recursos del Tesoro), si no existe disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de hacer este cambio. Elizeche recalcó que se construyeron 15.000 kilómetros de rutas en 10 años, y que el aumento se justifica por esto y lo mencionado anteriormente. “Hace más de 10 años que no se realiza aumento en peajes. Entonces, gradualmente vamos viendo los puestos que tienen intervenciones y ahí se van haciendo los aportes”, dijo.
Ecovía
Consultado, sobre por qué en Ecovía aumentaron más la tarifa que en los demás puestos, expuso que esto responde a la cantidad de vehículos que transitan en esta ruta, para evitar tomar la Ruta PY 02. “La explicación técnica es que hoy tenemos una fuga de vehículos que van por la ruta de Ecovía en vez de ir por la Ruta 2. Y eso aumenta la capacidad de tránsito y de resistencia. Son 300.000 vehículos, en los últimos tres años, que van por la Ecovía adicional. Una ruta turística que no tiene para soportar esa carga”, remarcó.
Reiteró que el ajuste se inició de manera gradual, ya que el MOPC tiene a su cargo 16 puestos de peaje de los cuales 10 de ellos tienen la misma tarifa que hace 10 años. Recalcó que la recaudación del peaje, presupuestariamente corresponde a recursos de Fuente 30, que son recursos institucionales, y se distribuyen en diferentes objetos del gasto.
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Comisión Permanente pide informes a la Dinac acerca de sobrevuelo de dron en Samber
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pedido de informes a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) con relación a detalles del sobrevuelo de un dron sobre la residencia del presidente de la República, Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino. La propuesta fue presentada por los diputados colorados Alejandro Aguilera y Rodrigo Gamarra para su correspondiente análisis.
El documento tiene como objetivo obtener información oficial sobre la autorización y cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la operación de drones. Se solicita además detalles acerca de la autorización y condiciones con respecto a la operación de los vuelos nocturnos y el propósito de los mismos, en esos horarios.
Con respecto al cumplimiento de la normativa se deberá informar si se cumplió con las tarifas y otros requisitos establecidos por la Resolución n.° 1065/2023 para el vuelo de drones en horario nocturno, especialmente el pago de los jornales establecidos en la normativa.
Al respecto, su colega Santiago Benítez expresó que no se puede regular ni amordazar a la prensa que tiene una libertad total, contradiciendo de esta forma a los diputados de la oposición Raúl Benítez y Johana Ortega, quienes cuestionaron el pedido de informe, señalando que se busca atacar a los medios de prensa.
En ese sentido, el legislador aclaró que no se puede regular el trabajo de la prensa, porque eso garantiza la democracia en el país. “Si bien es cierto, que la ley prevé la reserva de la fuente de información, eso garantiza el trabajo del periodista y los medios de comunicación, no tienen obligación de revelar sus fuentes ni cómo han obtenido. Ahora bien, como todo trabajo debe ser legal y debe hacerse con respeto a la Constitución Nacional y las leyes vigentes en el Paraguay”, expresó.
Por tanto, señaló si el medio de comunicación en cuestión no obtuvo los permisos para utilizar los drones, es una cuestión administrativa que se puede sancionar, hay que ver si se cometió ese hecho punible, de sobrevolar un dron sin autorización. Indicó que sí debería contar con autorización como cualquier otro vehículo o aeronave.
“Si es que estuvo sobrevolando un dron la zona residencial del presidente de la República es negligencia primero de los funcionarios de la Dinac, segundo no se cuenta con radares; esto viene a confirmar la negligencia país sobre la necesidad de un radar. Entonces, atribuir responsabilidad a la prensa sobre negligencia de la Dinac es absurdo. Por eso, estoy de acuerdo con el pedido de informes, pero no voy a estar de acuerdo en amordazar a la prensa”, indicó.
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Convocan a Diputados para estudio de derogación de Ley de Patente Vehicular Unificada
Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso aprobó la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, para el próximo miércoles 5 de febrero, a partir de las 09:00 horas para tratar la propuesta de derogación de la Ley que unifica las tarifas de patentes vehiculares en los municipios.
El día lunes, el diputado Alejandro Aguilera había presentado el proyecto de Ley que deroga por completo la ley que entró en vigencia en diciembre pasado, debido a la serie de cuestionamientos por los costos establecidos para los rodados.
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El diputado Pedro Gómez indicó que espera se derogue la ley vigente que ha sido muy controversial, y a partir de ahí se comience un nuevo estudio para establecer unas tarifas vehiculares unificadas, acorde a los tipos de vehículo, su procedencia y el año de creación. “La idea y el fin fueron buenos, pero no se tuvieron en cuenta que esta ley afecta, por sobre todo, a la gente trabajadora”, expresó.
Mocionó la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para la próxima semana, a fin de analizar el proyecto presentado por su colega Alejandro Aguilera y poder estudiarlo.
El diputado proyectista, Alejandro Aguilera, lamentó que la ley vigente haya sido mal constituida y que no tuviera los efectos esperados. “Hemos visto que todos los intendentes del país se han manifestado en contra, vemos que varios parlamentarios ya están trabajando en propuestas de modificaciones. Pero esta Ley ya está vigente y debe ser aplicada y lo que no queremos es que se vuelva a meter modificaciones a las apuradas para poder corregir el error”, explicó.
Añadió que la propuesta ahora es derogar por completo la normativa, y luego convocar a todas las instituciones afectadas, intendentes, Opaci, agencia vial, diputados y senadores que ya están anunciando proyectos de modificación y se trabaje en una nueva ley que, si beneficie a la ciudadanía, pero sin perjudicar a los municipios.
“El espíritu de esta ley fue noble en su principio, porque lo que se buscó evitar la migración de los contribuyentes de las municipalidades de primera categoría a los de segunda y tercera categoría con relación al costo de las habilitaciones. Pero creo que debemos darle una mirada más integral, que sea un proyecto más amplio y de esa manera sacar una ley que sea verdaderamente buena”, acotó.
Ell diputado Santiago Benítez, acompañó la propuesta de convocatoria a sesión de Diputados, para derogar esta normativa teniendo en cuenta que fue más en perjuicio de la ciudadanía, que a las municipalidades de categoría A.
“Absolutamente todos buscan municipios de menor categoría para pagar su habilitación y en realidad con esto no se favorece a ningún municipio. Estoy de acuerdo que se derogue esta normativa, pero inmediatamente buscar una solución sobre esta situación y hacer que la gente tribute en su ciudad, donde reside”, expresó.
El diputado Néstor Castellano señaló que ya están trabajando con todos los intendentes de la República del Paraguay agremiados, ya mantuvieron 3 a 4 reuniones con los presidentes de las asociaciones de intendentes de los diferentes del país, encabezados por el jefe comunal de Guarambaré, Oscar Cabrera, actual titular de Opaci. Así como los diferentes actores que tienen legitimidad activa en esta materia.
“Hemos conversado mucho sobre la intención de esta Ley, que es muy importante y bastante interesante. Pero no se puede sostener el bienestar de un municipio de menor categoría en detrimento de otro municipio vecino, violentando la ley, incumpliendo de la Ley que siempre estuvo vigente sobre el cumplimiento tributario, la Ley 620/76, en donde lamentablemente muchos municipios violaban, y cobraban lo que querían, en detrimento de otros municipios”, precisó.
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