El Poder Ejecutivo promulgó la ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”, normativa que establece las condiciones de ingreso, de permanencia, de ascenso, entre otras cuestiones dentro de la función pública y que apunta a la transparencia y la reducción de hechos de corrupción.
“Mayoritariamente creo que es una ley que puede aportar mejores condiciones laborales para los trabajadores de la función pública”, expresó el senador liberal Líder Amarilla en conversación con La Nación/Nación Media, donde expuso algunos de los puntos más resaltantes de esta normativa.
Esta nueva ley es una actualización de la n.° 1.626 de la Función Pública, legislación que a lo largo de los años presentó varios inconvenientes pues se registraron acciones de inconstitucionalidad contra sus artículos. Esta nueva normativa aporta elementos importantes y conceptos nuevos para los trabajadores estatales, resaltó el legislador.
Amarilla mencionó que anteriormente los trabajadores tenían escasas posibilidades de ascender puesto que esto era posible prácticamente solo con ayuda de la influencia política, motivados en cuestiones que no tenían que ver con su desempeño laboral, en cambio, esta ley establece un sistema de evaluación permanente que permitirá a los funcionarios apuntar a cargos y salarios más altos de acuerdo a su experiencia y su formación.
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“Otro concepto importante es que era típico que cuando había cambios de ministros entraban personas con cargo de confianza, después cuando se va esa autoridad, permanecían sus funcionarios con salarios altísimos. Con esto, cada autoridad llámese ministro, director de ente entre otros, van a poder contratar hasta cuatro personas bajo esta nominación y cuando este termine su ciclo en la institución, los demás también deberán dejar sus cargos”, detalló.
Lo positivo de este punto es que se evitará sobrecargar a la función pública con más funcionarios con salarios muy altos, y desde el punto de vista del parlamentario, será muy útil para tener un Estado más moderno y ágil, lo cual es el objetivo de esta normativa que ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo.
Nepotismo
“La ley es bien clara con respecto a las personas que están como ordenadoras de gasto. No podrán llevar a instituciones públicas a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto grado de afinidad, entonces claramente está establecido esto, el ordenador de gastos que recaiga en este acto, va a ser considerado como un caso de nepotismo y la ley establece sanciones para los incumplimientos”, aseveró.
Asimismo, recordó que también se contempla al concurso como único método de ingreso a la función pública y en el caso de los contratados, se establece un plazo límite para prestar servicios bajo esta característica, dejando atrás la práctica en que una persona trabaja bajo esas condiciones incluso por 20 años.
“Lo que es un tema preocupante es el tema de los sindicatos, porque es importante que esta ley no se interprete como para disminuir las fuerzas, su nivel de organización, debemos velar para que esta ley no se utilice de mala manera y de hecho esa fue una de las preocupaciones de los gremios durante el estudio”, advirtió el senador.