“Esta nueva normativa pretende ser el factor que promueva una mejor prestación de la función pública”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras promulgarse la ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Rechazó que la misma haya sido aprobada a las “apuradas” por el Legislativo y el Ejecutivo tal como argumentan algunos sectores opositores y medios de comunicación afines.
“Cae por su propio peso. El propio Fondo Monetario Internacional, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s que evalúo positivamente al Paraguay han reconocido el carácter participativo y deliberativo que ha tenido esta ley desde su génesis”, sentenció.
Agregó además que “el presidente de la República con su equipo de transición había recomendado analizar las bases para la reforma de la ley de la función pública para la creación de un servicio civil. Ya en ese entonces, empezó las primeras reuniones, luego la viceministra de Capital Humano con todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas se reunieron con más de 50 sindicatos, se realizaron audiencias públicas, reuniones en comisiones”.
Mejor prestación
“La mejor prestación se dará al exigirse el ingreso, el mantenimiento y el ascenso y promoción solo y únicamente a partir del concurso. El funcionario público sabrá que se premiará su meritocracia, pondrá mejor empeño. Al designarse las personas solo por sus méritos, necesariamente tendrán que implicar una mejor prestación de servicios”, mencionó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
González indicó que las instituciones del Estado cuando empiecen a tener eficacia plena de la normativa podrán desarrollar políticas a largo plazo. “Los funcionarios públicos sabrán en que se equivocaron, que aspectos hay que potenciar, no cometerán los mismos errores. Los funcionarios serán permanentes, no porque cambie el gobernante tendrá que cambiar el plantel de directivos públicos como normalmente ocurre. A partir de ahora solo habrán 4 cargos de confianza, jefe de gabinete, secretario general, director jurídico y director de administración y finanzas”, detalló.
Señaló que no quedará ninguna institución pública fuera del alcance de la nueva ley. “Lo único que queda fuera es la regulación de algunas carreras que ya están regladas en la Constitución y en la ley. Por ejemplo no se verán alcanzados por el sistema de ingreso, permanencia y ascenso los magistrados, legisladores, intendentes. Ahora los funcionarios del Congreso Nacional, los funcionarios administrativos de la Corte Suprema de Justicia, de las municipalidades, a todos ellos sí les regirá esta ley”, mencionó.
González recordó que con la anterior ley 1626 de la Función Pública se llegó a contar con un total de 60 instituciones que impulsaron acciones de inconstitucionalidad. “No la aplicaban. Ahora por ende el concurso como método de ingreso será exigido como ya la Constitución lo determina en todas las instituciones públicas. Se exigirá el concurso público para el ascenso, promoción y creación de los cargos de jerarquías dentro de la institución pública”, manifestó.
Innovaciones
El procurador puntualizó además que entre las grandes innovaciones con la nueva norma figura la creación de un régimen de directivos públicos de manera a que el funcionario público “pueda hacer una carrera, es decir, por fin se reglamenta la carrera del funcionario público, algo que solo lo tenían algunas instituciones como el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Nacional de Fomento, la Administración Nacional de Electricidad”.
Igualmente se dará un régimen jurídico a los contratados. “Esto es algo que antes no tenían. Los contratados deberán entrar por concurso. La reciente ley vigente recoge todas las experiencias y los errores de la anterior norma porque reconoce la autonomía de los organismos constitucionales autónomos”, remarcó.
Leé también: Permanente convoca a Diputados para tratar modificaciones a Ley de APP, en sesión extra
González añadió que el Viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, será el órgano rector, que reglamentará y dará directrices a las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo para decirles cómo aplicar esta ley y ejercerá el control.
“Para el resto de los organismos constitucionales autónomos serán sus máximas autoridades quienes van a poder reglamentar la ley en el interior de sus instituciones. Este es el reconocimiento de la autonomía de la que adolecía la anterior ley, y que también adolecía el proyecto de ley preparado por el gobierno anterior”, dijo.
Detalló que la elaboración de la ley tuvo una participación y una acogida en la redacción de casi todas las propuestas presentadas por los diversos sectores. “Esto ha sido reconocido internacionalmente. De hecho en el tratamiento del Congreso Nacional, los propios legisladores se han hecho eco de esto, es más no hay ninguna desmejora, ninguna vulneración a los derechos de los trabajadores públicos, al contrario se acrecientan sus derechos con la nueva ley”, sostuvo.