Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, informó acerca del equipo técnico del Gabinete Social que se enfocará en trabajar en la microeconomía en favor de la clase media. Esta mesa de trabajo fue instalada en la fecha con el objetivo de trabajar en estrategias que permitan plantear soluciones para mejorar las condiciones de la clase media, tal como instruyó el presidente Santiago Peña en la última reunión del Gabinete Social.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el ministro Rojas explicó que el Gabinete Social está conformado por un total de 29 instituciones del Estado; pero por instrucción del mandatario, ahora se instaló este equipo técnico que está integrado por el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, representantes del Gabinete Civil y Ministerio del Desarrollo Social.

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Mencionó que en la última reunión del Gabinete Social de la semana pasada recordó al joven que se encontró y abrazó al técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, quien comentó que la selección era su única alegría, ya que el salario no le alcanzaba a fin de mes, a raíz de esto surgió un debate sobre el cual se decidió instalar un equipo técnico.

“Lo que se busca es ir analizando acciones que se puedan llevar adelante, y para ello hoy se instaló este equipo técnico, el cual está conformado por los viceministros de las instituciones citadas. En esta primera reunión ya surgieron varias ideas, ya que el MIC ya está en el proceso de la formalización de las mipymes, con la implementación de los micropréstamos para las pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Señaló que de ese modo cada institución ya fue presentando algunas ideas y propuestas de acciones que se pueden llevar a corto plazo, ya sea con ideas de pequeños negocios, o la generación de oportunidades de trabajo con el sector privado. Así como la posibilidad de capacitación a través del SNPP y Sinafocal y del control de los espacios laborales.

Indicó que este equipo técnico continuará trabajando, y se convoca a una próxima reunión el Lunes de Pascua, una vez que pase la Semana Santa, donde se irán analizando varios aspectos de las funciones que llevan adelante las instituciones.

“Estaremos convocando a la Sedeco (Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor) y a la Conacom (Comisión Nacional de la Competencia), a fin de contar un poco con las radiografías que tienen estas instituciones sobre la realidad que existe en el país, y sobre esta base ir construyendo y generando algún tipo de política que se pueda implementar a través del Gobierno. Lo que buscamos es ir generando estrategias políticas que puedan tener un impacto positivo en la clase media”, concluyó.

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El Gabinete Social del Gobierno, analizó el pasado viernes los resultados de la encuesta de pobreza, la reducción de los índices y la proyección de nuevas metas, como reducirla al máximo y eliminar la extrema pobreza o indigencia.

Entre las estrategias que acordaron para crear condiciones e impulsar a ese sector, se decidió conformar un Gabinete de Microeconomía, con el objetivo de poder revisar los datos de la pobreza y por qué ocurren estas situaciones. Esta reunión que estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, detectó que a partir de la segmentación de la población se observa un sector que registra menos crecimiento de ingresos.

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Al respecto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, mencionó que el objetivo es trabajar en políticas para impulsar el crecimiento de la clase media, con diferenciación de la rural y la urbana, que son los sectores en los cuales se observó un menor crecimiento en sus ingresos (3%), según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“La intención del presidente Peña es reducir aún más los niveles de pobreza y, principalmente, de pobreza extrema o la indigencia, se pretende llegar al 0%. Para el efecto, se creará una instancia de análisis y creación de las políticas, como una suerte de Gabinete de Microeconomía”, explicó Ruíz Díaz.

Asimismo, señaló que, al revisar los datos de pobreza, se encontraron tres elementos muy llamativos de la reducción. En primer lugar, en el grupo de personas más ricas se encontró que los ingresos crecieron 8%. Igualmente, entre las personas más pobres, los ingresos se incrementaron un 13%, y existen factores explicativos como el proyecto “Hambre Cero”, que generó mayores ingresos a los productores frutihortícolas.

“Se pudo comprobar que gracias a la política Hambre Cero, más la lucha contra el contrabando, los hogares tuvieron un incremento en sus ingresos de hasta un 500%, porque de vender tomates a un precio de entre 2.000 y 4.000 guaraníes el kilo, se llegó a vender a 9.000 y 10.000 guaraníes por kilo, y se observó lo mismo en varios otros productos. Esto explica la mejoría en el segmento de los menores ingresos que registraron el crecimiento del 13%”, explicó el titular del Indert.

Igualmente, favoreció a las poblaciones más vulnerables, la titulación masiva de tierras que permite al campesino acceder a créditos, la construcción de viviendas sociales, que está generando muchos empleos en zonas urbanas y rurales, la universalización de la pensión de los adultos mayores, entre otros. No obstante, señaló que llama la atención al grupo de expertos que, en la clase media hubo un crecimiento más lento.

“Esto quiere decir que, aparentemente, la macroeconomía está goteando de manera desigual, porque los de ingresos más elevados mejoraron un 8% y tiene que ver principalmente con los que se benefician de las condiciones macroeconómicas del Paraguay, que es una de las economías que más se destaca a nivel mundial y que más va a crecer. Tenemos el grado de inversión, sigue vigente la regla del triple 10 en los impuestos por 20 años (renta personal, IVA y renta empresarial)”, mencionó.

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La entrega de 9 mil títulos de propiedad en tan solo 18 meses en el gobierno del presidente Santiago Peña a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert) se ha convertido en un récord histórico en nuestro país de profundas consecuencias positivas para la economía nacional y cam­pesina en particular.

La regularización por medio de documentos oficiales que mues­tran que la propiedad privada le pertenece a una persona conver­tida en propietaria se constituye para la economía –como en cual­quier lugar del mundo– en un incentivo para el desarrollo y en este caso concreto para las fami­lias en el campo.

La titulación de propiedades no es un tema a desconsiderar y así lo ha entendido el gobierno actual lle­vando a cabo una política en bene­ficio del campesino, esto es, de los verdaderos campesinos agriculto­res. Los campesinos agricultores son los que en verdad labran la tie­rra consiguiendo ingresos supe­riores por hectárea que en ningún modo se podría lograr sin la feha­ciente acreditación de la propiedad privada.

La misma reforma agraria, por cierto, carece de sentido sin el otorgamiento de títulos y la regu­larización de las posesiones. La reforma agraria no tuvo ni ten­drá éxito sin esta medida acertada como la que lleva a cabo el gobierno actual porque de no darse estas titulaciones masivas junto con el saneamiento de las posesiones, el campesino queda supeditado al derecho precario.

El derecho precario convierte al campesino en dependiente y subordinado a intereses contra­rios a su propia persona como ser humano y desestimula la produc­ción y la productividad puesto que al no contar con su título de pro­piedad tampoco accede a créditos para realizar mejoras en su fundo.

Esta medida del Gobierno, por ello, es en verdad la verdadera reforma agraria que a los seudoopositores no les agrada ni tan siquiera men­cionar como de hecho ocurrió días atrás durante la marcha que lleva­ron cabo. Y no lo van a mencionar porque saben que con las titulacio­nes récords desde el gobierno del presidente Peña se está logrando lo que nunca antes se hizo, esto es, elevar la autoestima personal y familiar del campesino agricul­tor promoviendo la producción y el comercio de los frutos de la tierra

Con nuevos propietarios en el campo, nuestros compatriotas tie­nen una oportunidad que antes no tenían; la de poner fin a la his­toria de violencia de invasiones de tierras azuzadas por violentos que gritan las ideas fracasadas del colectivismo usando a sus próji­mos como carne de cañón para seguir con su “revolución” de mise­ria y mendicidad.

Sin embargo, es con las titulaciones masivas de propiedades como las que lleva a cabo el gobierno del pre­sidente Santiago Peña que se hace realidad la verdadera reforma agra­ria y se empieza así a romper con el círculo vicioso de la desinversión, la pobreza y el desempleo en el campo.