El procurador general de la República, Marco Aurelio González, indicó que el proceso judicial por la deuda que mantiene Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela (PDVSA) no registró avances durante el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Santiago Peña y Nicolás Maduro.
“El arbitraje que había sido iniciado fue suspendido cuando sucedió el caso de Juan Guaidó (quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela en el 2019). A partir de ahí no volvió a reactivarse, es decir, el proceso arbitral continua en el mismo estado de suspensión, ya que se discute ahora cual sería la legitimación de la representación de Venezuela, la de Edmundo González Urrutia o de Maduro”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo el alto funcionario de Estado acotó que “cuando asumió el presidente Peña aunque se hayan reestablecidos las relaciones, el arbitraje no se ha iniciado, continuo en estado de suspensión y hasta la fecha no ha variado nada”.
González explicó que la cuestión de la deuda no está relacionada únicamente con la representación de un gobierno sobre otro, sino con las decisiones que emanan del tribunal internacional encargado de resolver la disputa.
Detalló que desde el gobierno del presidente Santiago Peña consideraban que el mejor mecanismo para zanjar el conflicto sería la vía diplomática. “El arbitraje tiene sus costos y acá no hay un desconocimiento de la deuda, entonces lo más fácil era que se sienten los representantes de ambos países, de las embajadas, de PDVSA y Petropar a ponerse de acuerdo. Por eso decía que lo mejor iba ser que por vía diplomática esto se solucione, pero esto finalmente no logró prosperar, entonces estaríamos a la resulta del arbitraje cuando esto logre reiniciarse”, remarcó.
Antecedentes
El proceso judicial iniciado por la petrolera venezolana se halla en el ámbito del tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París. El caso guarda relación con la adquisición de combustible por parte de Paraguay en el 2009. Venezuela reclama aproximadamente la suma de USD 320 millones por la deuda de combustible, más USD 200 millones por intereses acumulados, mientras que Paraguay solo reconoce una deuda equivalente a USD 280 millones.