Empresas del expresidente Mario Abdo Benítez y su entorno familiar acumularon millonarias ganancias durante el mandato del exjefe de Estado. Particularmente fueron los años más duros de la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia de coronavirus cuando los negocios del exmandatario y su familia crecieron.

• Por Juan Carlos Lezcano F.

Mientras, miles de compatriotas llo­raban la muerte de sus familiares, vendían todo lo que tenían por un poco de salud o quedaban sin puestos de trabajo como consecuen­cia de la crisis económica, las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez experi­mentaron millonarios creci­mientos en sus ingresos y en sus utilidades en plena pan­demia del coronavirus. A ello hay que sumar el millonario contrato de arriba que cayó a una empresa ligada a Fla­vio Enrique “Kike” Santan­der, concuñado del exman­datario.

El expresidente y su cír­culo cercano quedaron bajo la lupa por irregulari­dades cometidas durante su mandato, destacándose el crecimiento exponencial de sus empresas y un polé­mico contrato entregado en plena pandemia a una firma vinculada a su concu­ñado. Ambos casos expo­nen la falta de transparen­cia y posibles favoritismos en el uso de recursos públi­cos durante una de las crisis sanitarias más graves en la historia del país.

Un informe de la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) detalla cómo las empresas del expresidente experimentaron su mayor prosperidad en plena crisis sanitaria y económica. Los datos de la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT) revelan que Aldia SA, una de las empresas de Abdo, pasó de declarar utilidades por G. 1.492 millones en 2014 a registrar ingresos brutos de G. 408.082 millones y utili­dades de G. 92.647 millones en 2021, lo que representa un incremento del 6.109 %.

El pico de crecimiento coin­cidió con los años más críti­cos de la pandemia, cuando miles de paraguayos perdie­ron empleos y el país enfren­taba serias dificultades eco­nómicas. En 2020, mientras las restricciones por el covid-19 afectaban a la economía general, las utilidades de Aldia SA crecieron un 175 % en comparación con 2018, tri­plicando sus ganancias. Este crecimiento plantea interro­gantes sobre la gestión de las empresas del exmandatario y el origen de los recursos que alimentaron su expansión.

Seprelad, Tributación y la Fiscalía tienen pendiente investigar cómo se amasó esta fortuna y el destino final de los ingresos ocultados por Abdo Benítez a través de dis­tribuidoras de asfalto y otras actividades.

Mientras sus empresas flore­cían, la administración Abdo también enfrentó denuncias sobre contratos irregulares entregados a personas cerca­nas. Entre los más polémicos está el caso de un acuerdo de G. 5.852 millones otorgado por Copaco, a través de su filial Vox, a Bizcom SA, una firma representada por Fla­vio “Kike” Santander, concu­ñado del expresidente.

En febrero de 2020, en el ini­cio de la pandemia, Copaco firmó un convenio con el Ministerio de Salud Pública para implementar un sistema de contact center destinado al rastreo de contactos de covid-19. El contrato fue financiado con un adelanto de G. 3.239 millones y contemplaba 100 posiciones de call center a un costo de G. 7.315.200 por posi­ción, distribuidos en un plazo de ocho meses. Sin embargo, Copaco subcontrató estos servicios de forma directa, a través de Vox, a Bizcom SA, evitando un llamado a licita­ción y violando la Ley n.° 2051 de Contrataciones Públicas.

Bizcom SA, empresa vincu­lada a Santander, proporcio­naría servicios tecnológicos bajo la marca Simplifi. San­tander, quien está casado con Adriana López Moreira, her­mana de la ex-primera dama Silvana López Moreira, se benefició de un contrato de cinco años renovables que incluía cláusulas de confi­dencialidad, obstaculizando el acceso público a los detalles del acuerdo.

El uso de Vox como inter­mediaria para evadir con­troles también infringió la normativa vigente, ya que la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas había ordenado que los contratos entre Copaco y Vox debían seguir los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públi­cas. A pesar de que Copaco tenía experiencia en proveer servicios de call center a insti­tuciones como Hacienda, IPS y la UNA sin recurrir a terce­ros, optó por incluir a Bizcom SA en el contrato, lo que ali­mentó sospechas de posibles intereses personales detrás de la decisión.

La falta de transparencia también es evidente en la utilización de un contrato directo, con precios sujetos a variación y sin llamado a lici­tación, amparado en cláusu­las de confidencialidad que dificultaron la rendición de cuentas. Estas acciones han generado preocupación sobre el uso de recursos públicos en un momento en que el país enfrentaba una emergencia sanitaria sin precedentes.

El contrato con Bizcom SA no fue el único vínculo de San­tander con el Estado para­guayo. En 2019, lideró una delegación empresarial inte­resada en invertir en minería en Paraguay y, más reciente­mente, participó en la pre­sentación de soluciones tec­nológicas de Copaco durante la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos antecedentes refuerzan las críticas sobre posibles conflictos de inte­rés y favoritismos en los con­tratos otorgados durante la administración de Abdo Benítez.

Ambos casos, el crecimiento de las empresas del expresi­dente y el contrato con Biz­com SA, reflejan patrones de opacidad y manejo irre­gular de recursos públicos durante el gobierno de Abdo Benítez. Mientras la Fiscalía y otros organismos de con­trol avanzan lentamente en las investigaciones, la ciuda­danía sigue esperando res­puestas sobre la gestión de fondos en un período crítico para el país. La sensación de impunidad y la falta de celeri­dad judicial continúan debi­litando la confianza en las instituciones públicas y el compromiso con la transpa­rencia gubernamental.

Cinco años después del inicio de la pandemia, el covid-19 se ha vuelto una presencia en apariencia banal, pero las infecciones pueden ser persistentes y causar la muerte. Más de cinco años después de su aparición en China, el virus que causa el covid-19 ha infectado oficialmente a 777 millones de personas y provocado más de siete millones de muertes --en realidad, muchas más--, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, con el tiempo y las distintas olas, el impacto de la infección respiratoria en las muertes y hospitalizaciones ha disminuido considerablemente, gracias a la inmunidad adquirida por la población mediante la vacunación y/o las infecciones previas.

El covid-19 sigue causando muertes (más de 3.000 entre octubre y noviembre de 2024 en 27 países, según la OMS), pero la gran mayoría de los fallecimientos se registraron entre 2020 y 2022. La OMS retiró en mayo de 2023 el nivel máximo de alerta por pandemia mundial.

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El virus, hasta ahora, no muestra una estacionalidad específica, pero parece estar volviéndose progresivamente endémico, con resurgimientos regulares, de forma similar a la gripe, según diversos expertos.

Sin embargo, “el mundo quiere olvidar este patógeno que sigue con nosotros, las personas quieren relegar al covid al pasado --y en muchos sentidos, actuar como si nada hubiera pasado-- porque fue tan traumático”, comentó a mediados de diciembre Maria Van Kerkhove, responsable de la preparación ante epidemias y pandemias en la OMS.

Desde el otoño de 2021 se impuso definitivamente la variante ómicron, y las subvariantes se van sucediendo sin ser más severas unas que otras. No obstante, algunos científicos consideran que no se puede descartar completamente el escenario de variantes más virulentas o que escapen a la inmunidad. En cualquier caso, el SARS-CoV-2 permanecerá entre los humanos.

La vacunación, crucial para enfrentar la pandemia, ha sido masiva desde el desarrollo, extraordinariamente rápido, de las vacunas.

Se han administrado más de 13.600 millones de dosis en todo el mundo, aunque con un acceso muy desigual entre países pobres y ricos.

Las vacunas adaptadas contra ómicron --en su versión JN.1-- siguen siendo recomendadas, especialmente para las personas más vulnerables, ya que aún ofrecen protección contra las formas graves y el riesgo de covid prolongado.

Sin embargo, la cobertura de vacunación es insuficiente, especialmente entre los ancianos y los trabajadores sanitarios, advirtió la OMS.

La búsqueda de vacunas que actúen por más tiempo y de manera más eficaz contra la infección y la transmisión continúa, al igual que la exploración de nuevos métodos de administración (nasal, oral, cutáneo).

En cuanto a los tratamientos, las opciones se han reducido desde la aparición de la variante ómicron: solo quedan algunos antivirales directos y un anticuerpo monoclonal.

Algunas innovaciones desarrolladas o aceleradas por la pandemia, particularmente las vacunas de ARN mensajero, siguen siendo una fuente de esperanza para otras enfermedades, como el cáncer.

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Cerca del 6 % de personas infectadas desarrollaron lo que se conoce como “covid prolongado”: fatiga, tos, dificultad para respirar, fiebre intermitente, pérdida del gusto o el olfato, problemas de concentración, depresión...

Los síntomas se establecen generalmente en los tres meses posteriores a la infección, persisten al menos dos meses y no se explican por otro diagnóstico.

La OMS alertó en diciembre que el “covid prolongado” es aún “una carga importante para los sistemas de salud”.

Las mujeres y las personas con problemas de salud previos son las más afectadas. Además, las reinfecciones parecen aumentar los riesgos.

Los científicos han avanzado, pero aún no han desentrañado completamente sus mecanismos, considerando varias hipótesis: la persistencia del SARS-CoV-2 en el organismo, el mantenimiento de un estado inflamatorio posinfección o la formación de microcoágulos.

El covid-19 no será la última pandemia, los científicos están seguros de ello. La cuestión es cuándo llegará la próxima y si el mundo estará mejor preparado.

Aproximadamente del 60 % al 70 % de las enfermedades emergentes son zoonóticas, es decir, derivadas de patógenos transmitidos de animales vertebrados al ser humano. Estas enfermedades se multiplican debido a la deforestación, que incrementa los contactos con la fauna silvestre, reservorio de virus desconocidos.

Actualmente se observa de cerca la gripe aviar, especialmente tras una primera muerte humana registrada el lunes en Estados Unidos. Se trata de un paciente anciano con otras patologías que fue infectado por aves domésticas y silvestres.

Desde hace más de dos años, los países miembros de la OMS están negociando un acuerdo para prevenir pandemias, pero los avances son lentos. El recuerdo de los daños del covid-19 se desvanece, los gobiernos cambian y persiste un bloqueo entre países ricos y pobres.

La era del covid-19 también ha incrementado de manera duradera la desconfianza hacia las vacunas y la desinformación. El presidente reelegido de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado que quiere nombrar como ministro de Salud a Robert F. Kennedy Jr., un conocido escéptico de las vacunas.

Fuente: AFP.

Mediante la resolución N° 2.638, la Cámara de Diputados ordenó la apertura de un sumario administrativo a Miguel Ángel Robles, funcionario de la Cámara Baja que se encontraba bajo el cargo de asesor, quien fue condenado a 10 años de prisión por el millonario desvío en la gobernación de Central bajo la administración de Hugo Javier González.

“La Cámara de Diputados resuelve ordenar la instrucción de un sumario administrativo al funcionario Miguel Ángel Robles, por la supuesta comisión de faltas graves previstas en la ley N.° 1.626/00 “De la Función Pública”, reza el documento emitido este lunes 6 de enero y el cual lleva la firma del presidente de la Cámara, el diputado Raúl Latorre.

En esta resolución mencionan que este sumario nace a partir de la sentencia dictada, por la cual se condena a pena privativa de libertad de 10 años por los delitos de lesión de confianza y producción de documento no auténtico en calidad de instigador a Robles, exasesor y exdirec­tor de Gabinete de la Gobernación centralina, a través de los cuales, se logró el desvío de G. 5.105 millones.

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Asimismo, se designó a Sirley González Palau y a María José Acosta para que representen al cuerpo legislativo, es decir, a la Cámara de Diputados, en carácter de parte actora en el marco de la realización de l sumario. Igualmente, se deben remitir los antecedentes y documentos al Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un Tribunal de Sen­tencia de manera unánime otorgó 10 años de prisión al exgoberna­dor del departamento Cen­tral, Hugo Javier González, por malversación de los recursos económicos que fueron des­tinados en la lucha contra la pandemia del Covid-19. En la causa también fue conde­nado con la misma cantidad de pena su exasesor y exdirec­tor de Gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra.

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Desde la oposición solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR), liderada por Marco Aurelio González, recuperar los G. 5.105.600.000 que fueron malversados por el exgobernador de Central, Hugo Javier González, y sus entonces colaboradores durante la pandemia del covid-19. La petición será realizada ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

El planteamiento es impulsado principalmente por el diputado Adrián “Billy” Vaesken del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). “Estoy satisfecho por la condena. El tribunal confirmó que Hugo Javier se quedó con la plata pública desviada de la Gobernación”, indicó.

Vaesken fue uno de los principales denunciantes de González, teniendo en cuenta que en el anterior periodo se desempeñaba como concejal departamental de Central. “Casi extinguió la Gobernación, pero dónde está la plata. El tribunal de sentencia dice que el dinero tiene este señor Miguel Ángel Robles Ibarra (exasesor y exdirector de Gabinete), este tipo es un peligro para las arcas públicas”, dijo.

En una entrevista con los medios de comunicación el parlamentario acotó: “Ahora estamos terminando la redacción de un proyecto de declaración que insta a la Procuraduría General de la República a iniciar los trámites de manera urgente para recuperar esa plata que fue desviada de la Gobernación de Central y que a causa de eso, hoy 94 puestos de salud siguen cerrados”.

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Vaesken detalló que la recuperación del millonario fondo puede ser concretado teniendo en cuenta la existencia de una jurisprudencia. El legislador detalló que la Procuraduría ganó una demanda a favor del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en una causa donde se había concretado la desviación de recursos a través de licitaciones.

“En base a esta causa, nosotros hacemos esta propuesta. La Gobernación no tiene los recursos para reactivar estos puestos, el dinero era para una reactivación económica, para tener mejores servicios sanitarios por eso en honor a mucha gente que falleció en pandemia y otras que perdieron todo presentaremos esta iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso”, manifestó.

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