El Tribunal de Sentencia, de manera unánime, otorgó 10 años de prisión al exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, por malversación de los recursos económicos destinados a la lucha contra la pandemia del COVID-19. En la causa, también fue condenado con la misma pena su exasesor y exdirector de Gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra.
El tribunal estuvo conformado por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, quienes sostienen que González, durante su gestión, cometió lesión de confianza, producción de documentos no auténticos (uso) y asociación criminal en calidad de autor. Mientras que Robles Ibarra incurrió en los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en calidad de instigador.
En total, ambos malversaron la suma de G. 5.105.600.000. Luego de darse a conocer la condena, tanto González como Robles Ibarra fueron remitidos a la penitenciaría de Tacumbú. También fueron condenados, en la causa, el exdirector de Administración y Finanzas, Javier Marcelo Rojas Giménez, por lesión de confianza en calidad de coautor, a dos años de prisión.
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Mientras que Lourdes Lezcano Decoud, exsecretaria general; Luis Eduardo Allende Araujo, extesorero; y Modesta Valiente, exsecretaria de Administración y Finanzas, recibieron una condena de dos años con suspensión por lesión de confianza en calidad de cómplices.
En el transcurso del juicio quedó comprobado que los fondos económicos que debían ser utilizados por la gobernación de Central para la reactivación económica fueron desviados y, para ocultar el hecho, se adulteraron 14 proyectos de obras para justificar el uso del dinero.
“Entre noviembre del año 2020 y julio del año 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra, director general del gabinete de Central ideó y lideró un esquema formado por funcionarios y representantes de CIAP y con constructores para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del estado entonces así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el uso de dinero público. Para ello trazó un plan y exhortó a las personas que sigan el delineamiento de ese plan”, refiere parte de la sentencia.
Asimismo, la sentencia argumenta que “la documentación presentada en ambas rendiciones presentaban facturas falsas y mentiras escritas, con el propósito de desviar los recursos a la generación de fuentes de trabajo. El tribunal tiene la certeza absoluta que estas obras no se realizaron con los fondos. todo ese plan operativo provocó al estado paraguayo, a la gobernación, un perjuicio patrimonial”.
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