El uso de las tobilleras electrónicas se aplica a partir de este lunes 30 de diciembre en una primera etapa y están a disposición alrededor de 20 dispositivos. Los “usuarios” deben ser establecidos por el Poder Judicial. Al respecto, la jueza Silvana Luraghi Lanzan explicó que en este momento se está trabajando en una reglamentación para tomar la decisión a quién o quiénes o en qué casos serán aplicados.

“Desde el Poder Judicial estamos trabajando para un reglamento interno, a través de acordadas o de lo que dispongan los ministros de la Corte para establecer criterios en cuanto a la aplicación de estos dispositivos electrónicos, que son sumamente útiles para el control de las medidas de arresto domiciliario que dictan los jueces de garantía y también de prisión domiciliaria que dictan los jueces de ejecución”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Señaló que el Poder Judicial tendrá la responsabilidad de conceder el uso de estos dispositivos electrónicos y también atender la revocación en el caso de incumplimiento de las reglas de conducta que disponen los jueces, mientras que el control y el monitoreo de los dispositivos estará a cargo del Ministerio Público, a través de la Policía Nacional.

“En principio, estas tobilleras tienen un uso limitativo, creo que son 20 o 30 que se van a ir aplicando de manera progresiva desde el Ministerio del Interior, eso es lo que nos informaron, que para el uso inmediato tienen aproximadamente 20 o 30 dispositivos”, mencionó en cuanto a los criterios de aplicación.

Luraghi agregó que se deberá tener en cuenta las circunstancias, que serán analizadas de manera interna, para aplicar el uso del dispositivo, además del perfil de las personas que lo utilizarán, en casos de violencia familiar. “Tenemos que tener en cuenta que estos dispositivos se utilizan y se implementan en otros países para el control no solamente para las figuras de arresto domiciliario y prisión domiciliaria, sino también para la protección de las víctimas”, remarcó.

La jueza sostuvo que el criterio es aplicar estos dispositivos en los casos de violencia familiar. “Esa es la tendencia, eso es lo que se buscó desde un principio, esos son los casos en los cuales en los otros países se aplica, con mucha utilidad y mucho éxito porque casi siempre se cumple de manera correcta y el control también es más factible de parte de las instituciones que van a estar encargadas”, apuntó.

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