Carlos Octavio Blanco Nägele, gerente de la Unidad de Superfoods de la empresa ALPACASA (Alemán-Paraguayo-Canadiense S.A.), compartió detalles sobre los avances e impactos del proyecto Chiamé, una iniciativa que busca revolucionar la alimentación saludable mediante la combinación de dos superalimentos ampliamente reconocidos: la chía y el sésamo. Este proyecto innovador es apoyado por el Proinnova del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La iniciativa consiste en el desarrollo de un nuevo alimento funcional que aprovecha las propiedades nutricionales complementarias de ambos granos. “Buscamos crear un superalimento que pueda incorporarse fácilmente a la dieta diaria, manteniendo su valor nutricional de forma natural y con un sabor agradable al paladar”, explicó Blanco.

Para lograr este objetivo, el equipo técnico invirtió varios años en pruebas de tostado, molienda y descortezado, con el desafío de conservar los aceites naturales, la fibra y los micronutrientes esenciales presentes en los ingredientes.

“Luego de validar la fórmula a nivel experimental, construimos una nueva planta equipada con tecnología especializada para llevar Chiamé a escala industrial”, agregó.

La inversión por parte del Proinnova fue de G. 744.000.000, que incluyó la adquisición de maquinaria específica y la construcción de un nuevo tinglado industrial. Esta expansión tecnológica no solo permitió el procesamiento integral de chía y sésamo, sino que también generó un impacto significativo en la estructura de la empresa, pues más de 25 puestos de trabajo directos fueron creados, distribuidos en producción, control de calidad y administración.

La nueva línea de producción opera en tres turnos diarios, lo que fortaleció la capacidad de exportación de ALPACASA. Desde el inicio del proyecto, la empresa logró diversificar su portafolio de productos, pasando de dos a seis variedades comercializadas. En los últimos doce meses, ya se han exportado 14 contenedores de 40 pies, con destino a mercados exigentes como EE. UU., Alemania, España, Holanda, Taiwán y países de Sudamérica.

El proyecto de ley que declara el estado de emergencia en el Chaco paraguayo será analizado como prioridad en la Cámara de Diputados, así lo afirmó el diputado Rodrigo Gamarra. La iniciativa legislativa incluye a los departamentos de Presi­dente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, afectados por las lluvias.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, no terminó de ser analizado por el pleno la semana pasada por falta de quórum, por lo que el propio presidente de la República, Santiago Peña, pidió a los diputados celeridad en su tratamiento.

“Efectivamente, el proyecto de emergencia para el Chaco es una prioridad para todos, y esta semana estuvimos en contacto directo con el presidente de la República”, sostuvo el diputado Gamarra en contacto con La Nación/Nación Media.

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Explicó además que, a este proyecto serán introducidas algunas modificaciones para una mejor utilización y distribución de los recursos que serán asignados, teniendo en cuenta que el proyecto inicial amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

“Tal como él mismo indicó, se acordó introducir modificaciones a la versión del Senado para que los recursos vayan directamente a la Secretaría de Emergencia Nacional, que es el órgano más capacitado para dar respuestas rápidas y eficaces en el territorio”, indicó.

Finalmente, afirmó que existe voluntad política y el objetivo es sancionar el proyecto en la brevedad posible. “Esa modificación está en proceso y, una vez concluida, buscaremos que el proyecto sea tratado con celeridad en el pleno. Hay voluntad política clara de avanzar, y esperamos poder sancionarlo lo antes posible”, sentenció.

• El proyecto que declara en situación de emergencia en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay ya cuenta con media sanción del Senado.
• El presidente de la República, Santiago Peña, pidió a los diputados acelerar el tratamiento del proyecto.
• El diputado Rodrigo Gamarra adelantó que trabajarán en la inclusión de modificaciones al documento.

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El proyecto de ley de contrato de préstamo de hasta USD 101.606.009,02 para la compra, por la vía de la excepción, de seis aviones Súper Tucano, que serán utilizados por las Fuerzas Aéreas para el control del espacio aéreo paraguayo, principalmente en la lucha contra el crimen organizado y el combate contra el narcotráfico, cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y debe ser tratado en la Cámara Baja para seguir con el trámite legislativo.

Al respecto, el diputado Hugo Meza indicó que es un proyecto muy importante, teniendo en cuenta que se trata de una inversión postergada por mucho tiempo para dar las herramientas necesarias a las Fuerzas Armadas, en el marco de la protección y el control para el país.

“Hay que entender que nuestro país hace un buen tiempo no viene invirtiendo o no invierte, una nula inversión en lo que es tecnología y equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas, y muchas veces nos quejamos cuando decimos que tenemos una frontera vulnerable, o ni siquiera tenemos radares, ni aviones, ni nada”, dijo en conversación para La Nación/Nación Media.

Bajo esta argumentación, el legislador sostuvo que existe “conciencia” en sus colegas para la aprobación de este contrato de préstamo. “Es demasiado importante para combatir muchos males, el crimen organizado, el narcotráfico, la defensa misma de nuestro país, entonces yo siento que hay una conciencia de poder acompañar este proyecto del Poder Ejecutivo en esta compra”, expresó.

Desde la Secretaría de la Cámara de Diputados, confirmaron para La Nación que el proyecto ya fue remitido el martes de esta semana por la Cámara de Senadores. Con el ingreso a Diputados se deberá girar a las comisiones asesoras para el estudio y elaborar un dictamen, para que finalmente pueda ser tratado por el pleno.

En este sentido, el diputado Meza, indicó también que probablemente el propio ministro de Defensa Nacional, Óscar González, estaría realizando el lobby correspondiente para tener el apoyo de los legisladores para la sanción de este proyecto.

“Seguramente a la vuelta de Semana Santa estaría haciendo lobby en la Cámara de Diputados para que las comisiones puedan dictaminar e inmediatamente llevar al pleno para poder decidir, en nuestro caso seguramente acompañar y darle la aprobación en la Cámara de Diputados, que pase al Poder Ejecutivo y sin más trámite poder avanzar sobre esa compra tan importante, y necesaria para la Fuerza Aérea de nuestro país”, sentenció el diputado.

Se trata del proyecto “que aprueba el contrato de préstamo N° 24.2.0312.1 por un monto de hasta ciento un millones seiscientos seis mil nueve dólares con dos centavos (USD 101.606.009,02) suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de la República Federativa de Brasil”

Este contrato se firmó el 19 de noviembre de 2024 para el financiamiento del Proyecto ‘Adquisición de medios aéreos (aviones) con capacidad tecnológica “para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo’, que estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por Ley N° 7228 del 29/12/2023″, indica el documento.

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Óscar González, los aviones Súper Tucano deben llegar al país en junio de este año. Mientras tanto, se aguarda la sanción del Congreso y la promulgación del Poder Ejecutivo para concretar esta compra.

El diputado Saúl González presentó el proyecto de ley que establece la creación del Programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos. La propuesta será remitida a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Baja para sus dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.

La iniciativa estipula una pensión mensual equivalente al 70 % del salario mínimo legal vigente, financiado por el Estado, con una duración de 10 años. En casos en que hayan quedado con un grado de discapacidad del 33 % o más, el beneficio se extendería de por vida.

En la exposición de motivos, el legislador colorado refiere que el proyecto surge como respuesta a las graves secuelas físicas y psicológicas que sufren estas mujeres, “las que muchas veces quedan en condiciones de vulnerabilidad, con discapacidades permanentes, y enfrentando barreras significativas para su reinserción laboral y social”.

A diferencia de la normativa 7349/2024, Que establece pensiones para hijas, hijos y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio”, la iniciativa apunta, directamente, a las víctimas sobrevivientes. “Muchas de estas mujeres quedaron con las manos amputadas, con rostros desfigurados, con dificultades motrices severas. Son secuelas físicas graves y manifiestas que afectan, profundamente, su calidad de vida y su derecho a una vida digna”, refirió González.

Se establece además que el Ministerio de la Mujer será la institución responsable de administrar el programa de apoyo económico, así como de evaluar las solicitudes y verificar los certificados médicos presentados por las víctimas.

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Mientras que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad certificará los casos con discapacidad, y el Ministerio de la Defensa Pública actuará en los casos en que las víctimas no puedan ejercer plenamente sus derechos.

“Esta es una deuda pendiente del Estado con las víctimas directas de una de las expresiones más extremas de violencia de género. No podemos seguir amparándonos solo en discursos: es hora de garantizar apoyo real, integral y sostenido”, comentó González.

En su planteamiento, el legislador expone un estudio publicado en la Revista Jurídica del Poder Judicial, que revela que solo el 24 % de las denuncias de violencia contra la mujer al amparo de la Ley n.° 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, culmina en una condena, lo cual refleja, según entiende el diputado, la fragilidad del sistema de protección actual.

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