Varios son los logros que se destacan desde el Ministerio de Justicia en este 2024, que, entre otros puntos, progresa sobre la formulación del IV Plan de Acción de la Red de DDHH del Poder Ejecutivo – período 2024-2028, la capacitación a más de 670 funcionarios públicos en derechos humanos, un Protocolo de Acceso a Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial, y hasta la elaboración en marcha del Manual de Derechos Humanos para el Sistema Penitenciario.

Según detalles del informe de gestión proporcionados por el Viceministerio de Justicia, el plan de acción de la Red de DDHH tiene objetivos, prioridades, y cronograma de trabajo para la protección, promoción y vigencia de los derechos humanos en Paraguay, con sus primeras labores ya previstas para este 2025. Mencionan que el plan tiene la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Ministerio de Justicia tuvo activa participación al ser institución rectora en la materia.

Recuerdan que su objetivo general es desarrollar acciones que favorezcan mejorar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos a través de la articulación y coordinación de las políticas, planes y programas de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que integran la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.

Según se precisa, se proyecta conformar mesas temáticas que estudien caso por caso las situaciones que se presenten en materia de derechos humanos con especial prioridad para aquellas circunstancias que surjan desde grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, un aspecto resaltante fue la capacitación a más de 670 funcionarios públicos, miembros de la red de derechos humanos del Poder Ejecutivo, puntos focales del SIMORE plus, representantes de gobiernos municipales y departamentales, al igual que el diplomado en Derechos Humanos con Enfoque en Protección Social en la Gestión Pública.

Otro logro que se resalta en la gestión es el que se consiguió con las guías prácticas para la implementación del Protocolo de Acceso a Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial.

Destaca también la campaña contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el fútbol, articulada entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Deportes, la Conmebol, Ministerio de Tecnologías (Mitic) y el Instituto de Políticas Públicas en materia de Derechos Humanos del Mercosur.

De igual manera, señalan que se consiguieron alianzas estratégicas con la firma de la Carta de Intención entre el Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la República y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.

Otro apartado importante del informe destacan los asuntos internacionales en materia de derechos humanos, fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE Plus), en el período 2024,en que se verificaron un total de 1.119 reportes de seguimiento, reflejando el compromiso continuo del Estado paraguayo en la implementación de las recomendaciones internacionales.

Señalan que se elaboraron informes internacionales como el VIII informe periódico nacional del Estado paraguayo al Comité Contra la Tortura (CAT), y la elaboración del II informe periódico nacional del Estado paraguayo al Comité Contra la Desaparición Forzada.

En el sistema penitenciario, se realizaron 28 constituciones in situ, oportunidad en que se asistió a 182 personas privadas de libertad mediante consentimiento informado, sumadas a las siete visitas de monitoreo, situación que permitió el seguimiento a las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y, se asistió a 368 de ese grupo.

También se logró la sistematización del procesamiento de solicitudes y/o denuncias, con 251 expedientes que permitió la atención de 307 personas privadas de libertad (PPL), y la formulación de informe de seguimiento a las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Finalmente, indicaron que se inició la redacción del Manual de DDHH para el Sistema Penitenciario, que tiene por objetivo contar con principios y orientaciones básicas en derechos humanos, basado tanto en la normativa nacional como en los estándares internacionales, en cuanto al trato que se debe dar a las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios. La labor cuenta con la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

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En el transcurso de este año, más de 3.000 personas fue­ron capacitadas por el Minis­terio de Justicia con delinea­mientos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Tantos agentes penitencia­rios, aspirantes a agentes, funcionariado en general, y hasta personas privadas de libertad (PPL), pasaron en este 2024 por las instruccio­nes que impartió el Ministe­rio de Justicia, desde el Ins­tituto Técnico Superior de Formación y Educación Peni­tenciaria (Itsefp).

En ese contexto, se destaca el compromiso del Gobierno nacional, y la alianza estraté­gica con las Fuerzas Armadas (FF. AA.), la Policía Nacional, el Centro de Estudios Judi­ciales (CEJ), la Universidad Americana (UA), la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Undoc) – Brasil y, la Fundación Inter­nacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), financiado por la Unión Europea.

Según planillas oficiales, bajo la supervisión del Viceminis­terio de Política Criminal, la Dirección General de Esta­blecimientos Penitenciarios con el apoyo invaluable del instituto, preparó a 3.109 pro­fesionales a lo largo de 2024, lo que asegura el desarrollo del conocimiento táctico, téc­nico y logístico en los acto­res del sistema penitenciario que recibieron herramientas informativas sobre el nuevo modelo de gestión peniten­ciaria.

Se ha abarcado una amplia gama de conocimientos esen­ciales en derechos humanos, introducción al sistema peni­tenciario, procedimientos en el uso medido de la fuerza y el manejo responsable de armas, primeros auxilios y la prevención de incendios, con el apoyo de las Fuerzas Arma­das y la Policía Nacional.

Cada unidad del programa tuvo como eje central el tra­tamiento adecuado de las per­sonas privadas de su libertad, de profesionales que ocupa­rán funciones en los centros penitenciarios.

Se subraya, en primer tér­mino, la carrera técnico supe­rior en agente penitenciario, con una primera cohorte de 159 alumnos, y una segunda con 62 alumnos, y la carrera en técnico superior en inter­vención especializada con enfoque restaurativo para adolescentes infractores con una primera cohorte de 39 alumnos, y una segunda con 43 alumnos.

El Ministerio de Justicia pone en relieve la alianza estratégica con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Undoc) – Brasil. Esta colaboración permitió realizar el entrena­miento en medidas anticorrupción y su contribución al entrena­miento al crimen, con 57 agentes y directores penitenciarios. El curso de formación práctica en procedimientos penitenciarios en Paraguay con 133 funcionarios penitenciarios (personal contra­tado – nuevo modelo). Se destaca también el curso internacional de entrenamiento en técnicas operacionales y procedimientos penitenciarios en Espíritu Santo – Brasil, con 12 instructores ad honorem del instituto.

Desde el Ministerio de Justicia informaron que ya han remitido la lista de las personas privadas de libertad que podrían ser sujetos del indulto presidencial. La Corte Suprema de Justicia debe remitir su parecer sobre esta nómina, que nuevamente será analizada por el presidente de la República, quien tiene la última palabra.

“Se llegó a un número reducido de personas que fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos que ellos también puedan hacer el control correspondiente y una vez obtenida la respuesta de la Corte, esa lista va a ser remitida al Poder Ejecutivo para que pueda optar o no por el indulto de algunas personas”, explicó el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez.

En este contexto, indicaron que, debido a los grandes movimientos que tuvieron este año en materia penitenciaria, se estableció criterios más rigurosos respecto a quienes podían ser objetos de la libertad bajo esta modalidad. De esta forma se priorizaron a los sectores vulnerables, tanto mujeres como hombres que guardan reclusión en los distintos penales del país.

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“En este grupo tenemos a las madres que viven con sus hijos dentro de la penitenciaría, la población indígena, adultos mayores, personas con discapacidad, y personas de la población de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). Se trabajó con esta población en criterios de exclusión como que no estén ligadas al crimen organizado, que no estén vinculados a casos de secuestros, abuso sexual de niños, entre otros”, expuso Benítez a la 1020 AM.

El viceministro recalcó que no existe una fecha tope para que el presidente Santiago Peña concrete el indulto, pero que generalmente estos anuncios se hacen en coincidencia con la celebración de la llegada de los Reyes Magos, el 6 de enero, e incluso en varias ocasiones, el grupo de personas seleccionado obtuvo su libertad en Semana Santa.

“Como está establecido en la Constitución Nacional, el indulto presidencial es una potestad del Poder Ejecutivo, en ese sentido, dentro de las atribuciones del Ministerio de Justicia como ente encargado de las personas privadas de libertad, en atención a las diversas actividades que tuvimos este año, no alcanzamos a llegar a la totalidad de la población penitenciaria y en esta ocasión se optó por una población un poco menor que son aquellos de grupos vulnerables”, precisó.

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Tras el operativo Veneratio desarrollado en diciembre del 2023, la situación de emergencia penitenciaria se extendió durante todo este año y en este contexto, se tomaron varias medidas de modo a garantizar la seguridad al interior de las cárceles y no permitir el crecimiento de las bandas organizadas que operaban anteriormente. El objetivo del Ministerio de Justicia es seguir en este camino y aseguraron que ya no habrá retrocesos en esta materia.

“Luego del operativo Veneratio la vara está muy alta y ya no podemos quedarnos atrás, al contrario, debemos seguir mejorando y mostrar a la población que el cambio es de verdad y que no es un simple lavado de cara”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

En contacto con la 650 AM manifestó que el 2024 ha sido un año de desafíos para la institución. Hubo varias situaciones que los pusieron a prueba, pero la cartera pudo responder de acuerdo a lo que corresponde. La expectativa para el siguiente año es continuar en la ejecución del nuevo modelo de gestión penitenciaria, el cual ya está en marcha y ya no se puede retroceder.

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“Esto ya no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Justicia, es una problemática de seguridad del Estado y el Gobierno nacional así lo entendió. Es un nuevo comienzo para el sistema penitenciario, esto va a ir creciendo y mejorando cada día más, ya no podemos retroceder a lo que era antes”, ratificó Benítez.

Hay que recordar que el Poder Ejecutivo firmó el decreto que promulgada la ley 7.420, que amplía por un año más el plazo de vigencia de la declaración en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos en el territorio de la República.

Esta ley es una herramienta jurídica que permitirá garantizar la cobertura de seguridad en los centros penitenciarios del país, mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas y la disponibilidad de mayores recursos para lo que fuera necesario. Con la ampliación de la vigencia de la emergencia penitenciaria se busca fortalecer el control en las periferias de cada centro penitenciario.

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