El ministro de Defensa Nacional, Óscar Gon­zález, destacó la pro­mulgación de la ley 7411/24 que regula el manejo, uso, fabricación, comercializa­ción y registro de armas de fuego, municiones, explosi­vos y otros materiales rela­cionados.

“Este es un avance muy importante en cuanto a dis­poner de herramientas lega­les para la lucha contra el cri­men organizado en su faceta del tráfico de armas. Es una normativa muy moderna y tiene avances importantes porque prevé el control del financiamiento de la compra de las armas, ya que anterior­mente se tenía un vacío legal”, sostuvo.

El secretario de Estado dijo en entrevista con el pro­grama “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que la norma ampliará los alcances y funcionamiento del Sistema Integrado de la Dirección del Material Bélico (Dimabel), el cual permite la trazabilidad de armas, cartuchos y pro­yectiles.

“Nos faltaba un ropaje legal. Este sistema es útil porque en cuestión de segundos se sabe que cuando un arma cae en manos del crimen organizado se determinará quién compró, de dónde y quién fue el último poseedor. Con esta nueva ley el sistema será incluso ampliado, ya que se tiene que invertir en más tecnología para que el sistema se adecue a la legislación”, explicó.

González afirmó que la ley estipula una clasificación de las armas más apetecibles para el crimen organizado dentro en un grupo especí­fico (clase 3 referente a las armas potentes), estable­ciendo requisitos más exigen­tes para acceder a las mismas. “Con esta norma se baja de 22 a 18 años la edad requerida para la tenencia de armas. No obstante, se ponen requisitos muchos más exigentes para la adquisición de armas poten­tes y se necesitará tener 25 años cumplidos y los carnet de armas al día”, puntualizó el ministro.

González acotó que “con esta nueva ley de armas aumenta la expectativa de pena de liber­tad de hasta 15 años para los casos de tráfico ilícito y tipifica como delito la tentativa, esto es un avance muy importante porque normalmente no se sanciona en el derecho penal”.

Con la promulgación de la ley que aumenta la pena contra el abuso sexual infantil, no solo se logró la elevación de penas, sino también se redefinieron conceptos y eliminaron lagunas jurídicas e imprecisiones que dificultaban castigos severos para los abusadores, así explicaron desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

“Estas modificaciones son muy profundas y no es una mera elevación de penas, había muchas lagunas jurídicas y cuestiones que estaban de forma imprecisa y ahora se pone al niño en primer lugar y se busca evitar la impunidad. Ahora lo pusimos a la vanguardia la ley”, expresó el viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Guillermo Mas, reclamó al actual gobierno el pago de USD 100 millones en intereses generados por atrasos en el pago de obras públicas durante la administración de Mario Abdo Benítez y su entonces ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens. La anterior administración incumplió con el pago por los trabajos hechos, lo cual ahora genera serios inconvenientes financieros.

Durante la gestión de Abdo Benítez, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) -bajo el mando de Arnoldo Wiens- acumuló una deuda superior a USD 350 millones con las constructoras, al seguir adjudicando proyectos a pesar de no tener presupuesto asignado.

Dependiendo de las zonas, durante el mes de enero las precipitaciones no serían homogéneas en todo el territorio nacional, aunque, en base en las proyecciones actualizadas de lluvia, se anticipa que los acumulados superarían los rangos normales a nivel país. Estas condiciones serían favorables por un lado para las cosechas en cierta región y, por otro lado, para las cultivos así como para las pasturas.

Según explica el boletín para el primer mes del 2025 del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), las proyecciones de lluvias para una porción importante de la región Occidental, particularmente hacia los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, se puede esperar acumulados superiores a los 50 mm que sería un normal. A lo que explica el instituto que tales condiciones serían favorables los puntos mencionados.

Cursos impartidos, certificaciones entregadas, cantidad de seccionales y departamentos alcanzados y otros puntos figuran en el resumen de gestión del Consejo Educativo de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

A lo largo de este 2024, 7.306 estudiantes recibieron certificaciones en las distintas especialidades o cursos impartidos en las diferentes seccionales, por iniciativa de la Junta de Gobierno, a través de su Consejo Educativo. En total hubo y 428 acciones formativas que beneficiaron a personas de 16 departamentos del país, según el resumen.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, defendió la promulgación de la ley 7.411/24 que regula el manejo, uso, fabricación, comercialización y registro de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

“Este es un avance muy importante en cuanto a disponer de herramientas legales para la lucha contra el crimen organizado en su faceta del tráfico de armas. Es una normativa muy moderna y tiene avances importantes porque prevé el control del financiamiento de la compra de las armas, ya que anteriormente se tenía un vacío legal”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, manifestó que la decisión del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, de instalar una subárea de pacificación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Canindeyú es clave para asestar históricos golpes contra el narcotráfico.

“El presidente siempre fue muy claro, es consciente de que sin seguridad no hay inversión. Peña quiere que se trabaje en equipo, interinstitucionalmente y eso es lo que venimos demostrando desde la Senad que trabaja directamente con el Comando de Operaciones de Defensa Interna. Que se haya instalado una subárea de pacificación en Canindeyú debido a la fuerte influencia de grupos criminales en la zona para nosotros fue estratégico y determinante”, indicó.

Las afirmaciones de Rachid en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media surgieron tras el duro golpe concretado días atrás mediante el operativo Marangatú, en el cual se logró la incautación récord de más de 57.000 kilos de marihuana prensada, organizada y clasificada para el envío al mercado brasileño, cuyo propietario sería Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, quien sigue prófugo y con orden de detención.

“Independientemente a que sea un récord histórico en la incautación de droga prensada en nuestro país, lo importante está en el trabajo que se está realizando en la zona, esto es un reflejo de que tomamos enserio la situación de Canindeyú a partir de lo que fue la operación Ignis en el mes de diciembre del pasado año y desde ese momento hasta ahora no hemos parado de acertar golpes en ese sitio”, remarcó..

Leé también: Plantean alquilar locales del PLRA para zanjar deudas judicializadas

El titular de la Senad acotó que “el golpe económico” para la organización criminal es de aproximadamente USD 22 millones. ”Es muchísimo dinero, el destino iba a ser Brasil directamente, ya estaba la droga dividida por colores y logotipos para cada facción criminal de ese país”, explicó.

Por otra parte, Rachid se refirió al procedimiento denominado Resiliencia en la zona de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes, donde se detuvo un camión tipo tumba en cuyo interior se incautó un cargamento con 430 kilos de cocaína que debía ser trasladado hasta el departamento Central, donde se iba a preparar la droga para enviar vía fluvial a Europa donde el costo de la cocaína iba a subir a más de USD 13 millones.

“Es un golpe importante, un trabajo operativo de hace varios meses. Fue un camión con doble fondo, no fue nada sencillo para dar con este resultado. Los canes dieron señales de que había sustancias prohibidas, entonces posteriormente ya activamos los demás canales, se utilizó el scanner de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, mencionó.

El alto funcionario de Estado sostuvo que “este resultado ya está a cargo de la Fiscalía, en este caso sabemos que la droga viene del extranjero, tenemos algunos indicios. Veremos con las autoridades de Bolivia que nos pueden aportar”.

Te puede interesar: Gobierno destaca en 2024 por estabilidad macroeconómica y lucha antidrogas, señala analista

El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la circunscripción judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, participó el viernes último del acto de habilitación de una oficina de atención psicológica para víctimas de violencia doméstica y violencia contra la mujer, además de un espacio recreativo destinado a los niños, como también de mejoras edilicias llevadas a cabo en el Juzgado de Paz de Ypacaraí.

El ministro expresó que la habilitación de esta oficina de asistencia a víctimas de violencia tiene una trascendencia fundamental para la comunidad. A su vez felicitó a la jueza de Paz de la localidad por esta loable iniciativa y al licenciado Mathías Giménez, quien estará a cargo de esta nueva dependencia, brindando la contención psicológica, como ya lo ha venido haciendo ad honorem.

Te puede interesar: Motociclista muere en accidente de tránsito en Mariano Roque Alonso

Indicó que “si hablamos de violencia familiar o intrafamiliar o de violencia contra la mujer, siempre ineludiblemente aparecen como víctimas los niños, aunque no lo sean de una manera directa o de forma física, probablemente lo sean de la manera más grave, en la parte psicológica”, por lo que esta iniciativa de brindar contención es de suma importancia, a fin de trabajar en las posibles secuelas que podrían dejar a las víctimas de este tipo de hechos, dijo el ministro.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración de Central, la camarista María Teresa González de Daniel, significó el valioso trabajo de contención a las víctimas en concordancia a la Ley n.° 1600/00 “contra la violencia doméstica” y en la normativa establecida en la Ley n.° 5777/16, “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, “porque sabemos perfectamente que en este tipo de situaciones es absolutamente necesario el apoyo de unidades técnicas y en este caso, el de la psicología y por supuesto de todo un equipo técnico para aquellas personas que acuden a denunciar estos hechos”.

La referida oficina está a disposición de las personas víctimas de violencia los días martes y jueves de 07:00 a 13:00 en el Juzgado de Paz de la ciudad de Ypacaraí.

Podés leer: Accidente de tránsito en Lambaré deja dos personas gravemente heridas