Desde el Ministerio de Justicia informaron que ya han remitido la lista de las personas privadas de libertad que podrían ser sujetos del indulto presidencial. La Corte Suprema de Justicia debe remitir su parecer sobre esta nómina, que nuevamente será analizada por el presidente de la República, quien tiene la última palabra.

“Se llegó a un número reducido de personas que fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos que ellos también puedan hacer el control correspondiente y una vez obtenida la respuesta de la Corte, esa lista va a ser remitida al Poder Ejecutivo para que pueda optar o no por el indulto de algunas personas”, explicó el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez.

En este contexto, indicaron que, debido a los grandes movimientos que tuvieron este año en materia penitenciaria, se estableció criterios más rigurosos respecto a quienes podían ser objetos de la libertad bajo esta modalidad. De esta forma se priorizaron a los sectores vulnerables, tanto mujeres como hombres que guardan reclusión en los distintos penales del país.

Lea también: Habilitan canal para que la ciudadanía contribuya al proyecto de reforma del transporte

“En este grupo tenemos a las madres que viven con sus hijos dentro de la penitenciaría, la población indígena, adultos mayores, personas con discapacidad, y personas de la población de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). Se trabajó con esta población en criterios de exclusión como que no estén ligadas al crimen organizado, que no estén vinculados a casos de secuestros, abuso sexual de niños, entre otros”, expuso Benítez a la 1020 AM.

El viceministro recalcó que no existe una fecha tope para que el presidente Santiago Peña concrete el indulto, pero que generalmente estos anuncios se hacen en coincidencia con la celebración de la llegada de los Reyes Magos, el 6 de enero, e incluso en varias ocasiones, el grupo de personas seleccionado obtuvo su libertad en Semana Santa.

“Como está establecido en la Constitución Nacional, el indulto presidencial es una potestad del Poder Ejecutivo, en ese sentido, dentro de las atribuciones del Ministerio de Justicia como ente encargado de las personas privadas de libertad, en atención a las diversas actividades que tuvimos este año, no alcanzamos a llegar a la totalidad de la población penitenciaria y en esta ocasión se optó por una población un poco menor que son aquellos de grupos vulnerables”, precisó.

Le puede interesar: Leticia Ocampos: “Estoy enfocada en las vidas que podemos cambiar y transformar”

Los agentes fiscales Fátima Girala y Marcial Machado presentaron acusación contra Armando Rotela y otros ocho integrantes de su banda, conocida como el clan Rotela. El presente caso tiene relación con el amotinamiento organizado por los internos del penal de Tacumbú durante la operación denominada Veneratio, en diciembre del 2023.

Los fiscales pidieron que el proceso penal que se tramita ante el juez penal de garantía Yoan Paul López se eleve a un juicio oral y público atendiendo a los elementos probatorios. Están acusados Armando Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Óscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero.

De acuerdo a la fiscalía, los acusados participaron activamente en los actos violentos que incluyeron el uso de armas de fuego, explosivos caseros y barricadas para enfrentarse a los agentes de seguridad. Durante las seis horas que resistieron el enfrentamiento, el clan Rotela coordinó ataques desde el ingreso al penal hasta el último pabellón, con roles previamente asignados por el líder.

Te puede interesar: Operativo Marangatú: incautación récord de marihuana supera 40.000 kilos

Según la acusación, la intención era evitar la captura de los principales cabecillas del órgano. El saldo de violencia incluyó múltiples agentes heridos, algunos con lesiones permanentes, y el fallecimiento de un suboficial. La Fiscalía enfatizó en que en ningún momento los acusados actuaron en defensa propia, ya que se les dio reiteradas oportunidades para cesar con sus acciones violentas, pero estas fueron ignoradas.

El control que ejercían dentro del penal incluía acceso a armas, alcohol y dispositivos tecnológicos, elementos que facilitaban sus actividades delictivas y fortalecían su dominio en Tacumbú. La Fiscalía sostiene que los acusados generaron un clima de zozobra y violencia dentro y fuera del establecimiento penitenciario, alterando gravemente el orden.

Podes leer: Ordenan sobreseimiento provisional de policías que levantaron alerta roja de esposa de Marset

El Ministerio Público presentó acusación contra Armando Rotela y otros 8 integrantes de la agrupación criminal denominada como “Clan Rotela”, por el amotinamiento que fue organizado este grupo, quienes eran internos de la penitenciaría de Tacumbú en ese momento, mientras se llevaba adelante el operativo Veneratio que tuvo lugar en diciembre del 2023.

Además de realizar la acusación, los agentes Fátima Girala y Marcial Machado, los que llevan a cabo esta investigación, solicitaron que el juez penal de Garantías, Yoan Paúl López, eleve la causa a juicio oral y público a estas nueve personas a quienes se les atribuye la comisión de los hechos punibles de motín de internos, transgresión a la ley “de Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines” y asociación criminal, todos en calidad de coautores.

Los otros integrantes del Clan Rotela que forman parte de este proceso penal son Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Alan Ricardo Caballero.

Lea también: Paraguay condena ataque en Alemania y expresa solidaridad

De acuerdo a lo que expuesto por la propia Fiscalía, durante el operativo Veneratio se pudo observar la capacidad del primer anillo del clan Rotela, para resistirse a intervenciones policiales, valiéndose de armas blancas y de fuego, explosivos caseros tipo molotov e incluso dinamita en gel. “La resistencia y organización de estos miembros subraya su rol esencial en la protección y ejecución de las órdenes del líder”, sostiene la acusación.

Asimismo, indicaron que los integrantes de esta organización criminal además de caracterizarse por su capacidad de combate, también recurren al uso de símbolos y expresiones que refuerzan su identidad y lealtad al clan. El puño cerrado, es señal de pertenencia, y el lema “vencer o morir”, forma parte del código interno que manejan para comunicarse.

“Esta estructura jerárquica y simbólica criminal, junto con las comodidades que obtenían dentro del penal (como armas blancas, alcohol, y tecnología), demuestran el nivel de control y poder que ejercían en el mencionado penal”, añade el Ministerio Público, quien afirma que estas personas actuaron contra el orden público, la seguridad pública y penitenciaria y generaron un clima de zozobra y violencia tanto dentro como fuera de Tacumbú.

Le puede interesar: PLRA: Talavera alega que denuncia en su contra se debe a “intereses políticos”

Durante el desarrollo de Veneratio, operativo por el cual las fuerzas de seguridad ingresaron a la penitenciaría con el objetivo de tomar control total del recinto, los integrantes del Clan Rotela propiciaron el ataque hacia agentes policiales, desde el momento de su arribo al penal, utilizando como logística todo tipo de armas de fuego, armas blancas, explosivos, y el implemento de barricadas desde el acceso a la cárcel hasta el último pabellón.

Todo esto tenía el objetivo de producir disparos y heridas en defensa de los ideales del clan y así evitar que los líderes sean recapturados. Es así que el líder, (Armando Rotela), junto con sus demás miembros realizó la distribución de los roles en la noche madrugada del día del motín, ya que la información se había filtrado.

“La conducta desplegada por los hoy acusados es considerada antijurídica y no puede decirse que hayan actuaron en defensa propia ya que en todo momento, durante las seis horas que duró la intervención, se les dio la posibilidad de cesar con sus acciones vandálicas y no lo hicieron. Además, no existen indicios que hagan presumir la existencia de algún tipo de trastorno”, sentencia el documento de la Fiscalía.

El presidente Santiago Peña firmó el decreto por la cual quedó promulgada la Ley 7.420, que amplía por un año más el plazo de vigencia de la declaración en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos en el territorio de la República. Además, establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas.

Esta legislación fue planteada por el Congreso en las últimas sesiones y aprobada de manera urgente por ambas cámaras legislativas. Esta ley es una herramienta jurídica que permitirá garan­tizar la cobertura de seguri­dad en los centros peniten­ciarios del país, mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas. Con la ampliación de la vigencia de la emergencia penitenciaria se busca fortalecer el control en las periferias de cada centro peni­tenciario.

Le puede interesar: Peña participó de la inauguración del “Hogar del jubilado”

A través de esta normativa se amplían ciertas atribuciones del Ministerio de Justicia con el propósito de dar continuidad a las medidas establecidas especialmente en áreas como infraestructura, tecnología, seguridad, personal y formación, que impactan directamente en la seguridad del sistema peni­tenciario.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó la celeridad con que el Congreso aprobó y sancionó este proyecto de ley, indicando que fortalecerá la inteligencia penitenciaria con el concurso de las áreas de inteligencia de las Fuerzas Públicas. Así como para mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.

Siga informado con: Plantean revitalizar el Casco Histórico de Asunción mediante incentivos fiscales