El Poder Ejecutivo emitió el decreto N.° 31020/2024 mediante el cual se reglamenta el régimen de proyectos de obras públicas con inversión privada. A través de este documento, se aumentan los límites y las restricciones establecidas en la normativa que desalientan las inversiones privadas bajo la Alianza Público Privada (APP).

De acuerdo a las explicaciones emanadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ley que estaba vigente establecía algunos límites y ciertas restricciones que impedían realizar mayores iniciativas y desincentivaba la presentación de proyectos privados. “Lo que ahora se propone es levantar esos límites para poder incentivar al sector privado a presentar proyectos, por un lado, que estén dentro de los ejes prioritarios del Gobierno, y por otro lado, que sean rentables para el sector privado”, dijo en su momento el gerente de Economía, Felipe González Soley.

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Los principales ajustes que se realizaron a través de esta ley tienen que ver con el porcentaje de exposición fiscal agregada, el porcentaje de participación de iniciativas privadas, derechos para el proponente privado y las nuevas responsabilidades del MEF.

Desde el Gobierno sostienen que “para cerrar brechas en infraestructura en sectores críticos al 2030, las necesidades de financiamiento ascienden a USD 24.171 millones”. Además de esto, mencionaron que los recursos públicos son limitados, por lo cual resulta imprescindible incorporar financiamiento privado en obras de infraestructura, subraya en el plan.

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