El presidente Santiago Peña firmó el decreto por la cual quedó promulgada la Ley 7.420, que amplía por un año más el plazo de vigencia de la declaración en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos en el territorio de la República. Además, establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas.
Esta legislación fue planteada por el Congreso en las últimas sesiones y aprobada de manera urgente por ambas cámaras legislativas. Esta ley es una herramienta jurídica que permitirá garantizar la cobertura de seguridad en los centros penitenciarios del país, mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas. Con la ampliación de la vigencia de la emergencia penitenciaria se busca fortalecer el control en las periferias de cada centro penitenciario.
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A través de esta normativa se amplían ciertas atribuciones del Ministerio de Justicia con el propósito de dar continuidad a las medidas establecidas especialmente en áreas como infraestructura, tecnología, seguridad, personal y formación, que impactan directamente en la seguridad del sistema penitenciario.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó la celeridad con que el Congreso aprobó y sancionó este proyecto de ley, indicando que fortalecerá la inteligencia penitenciaria con el concurso de las áreas de inteligencia de las Fuerzas Públicas. Así como para mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.
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