El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, presentó un proyecto de ley “Que establece disposiciones especiales para eventos deportivos de relevancia internacional celebrados en la República del Paraguay”. La iniciativa busca crear un marco legal especializado para atraer y regular las grandes competiciones deportivas en el país.

El proyecto lleva la firma del presidente, Santiago Peña, y del titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera Escudero, y posiciona al deporte como un eje central de la política pública y visualiza a Paraguay como un actor trascendental en la organización de eventos deportivos internacionales.

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“Paraguay es un país grande que está listo para tomar su rol protagónico principal en el escenario internacional”, se lee en la introducción del proyecto, destacando la ubicación estratégica de la nación en el corazón de Sudamérica, su creciente infraestructura y su cultura deportiva apasionada como ventajas para albergar competiciones de alto nivel.

La legislación propone crear una designación legal única llamada “Eventos Deportivos de Relevancia Internacional” (EDRI), que será establecida por decreto presidencial. Esta designación, según la exposición de motivos, activará automáticamente una serie de disposiciones especiales diseñadas para facilitar la organización de eventos según estándares internacionales.

La propuesta plantea, entre otros detalles, exoneraciones tributarias para las entidades organizadoras, incluyendo la importación de equipos, implementos deportivos y servicios prestados durante el evento, lo mismo que un régimen de admisión temporaria para materiales promocionales y equipamiento deportivo.

Igualmente, estipula regulaciones especiales de visado con visas gratuitas y sin restricciones para delegaciones oficiales, funcionarios de entidades organizadoras y socios comerciales.

Asimismo, plantea la protección de derechos de propiedad intelectual, con reconocimiento especial de las marcas de las entidades organizadoras como “marcas notoriamente conocidas”, también forma parte de los beneficios que otorga esta disposición.

Por último, se prevé el establecimiento de zonas comerciales exclusivas alrededor de las sedes de los eventos, y un mecanismo de resolución de disputas mediante arbitraje para contratos relacionados con la organización de eventos.

La propuesta destaca los logros recientes de Paraguay en la obtención de importantes eventos deportivos internacionales, incluyendo la exitosa organización de los Juegos ODESUR 2022 y próximos eventos como: los Juegos Panamericanos Junior; el Campeonato Mundial de Rally en 2025, 2026 y 2027; el 75º Congreso de la FIFA en mayo de 2025; y uno de los partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2030, conmemorando el centenario del torneo.

Según el documento, Paraguay ha perdido, anteriormente, oportunidades para albergar grandes competiciones debido a la falta de garantías legales específicas requeridas por los organizadores internacionales. El proyecto busca abordar “trabas burocráticas, regímenes fiscales poco flexibles y falta de previsibilidad en materia migratoria y laboral, que han limitado el potencial del país, según la exposición de motivos.

“Paraguay no puede darse el lujo de seguir perdiendo oportunidades. El momento de actuar es ahora”, enfatiza la propuesta, enmarcando la iniciativa como parte de las reformas estructurales más amplias del gobierno y la visión a largo plazo para el desarrollo nacional.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su consideración, pero antes deberá pasar por las diferentes comisiones para su estudio y dictamen correspondiente.

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El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, mantuvo este martes una reunión con el presidente Santiago Peña, para analizar una propuesta de ley que modifica el Estatuto Agrario, lo que permitirá ampliar los años de plazo para la financiación de inmuebles rurales para los beneficiarios de la Reforma Agraria.

Indicó que la propuesta que está siendo analizada es pasar de 10 años a 20 en el caso de los hombres titulares, y de 15 años a 25 años en el caso de las mujeres, manteniendo la tasa de interés a cero en el caso de las mujeres. Enfatizó que esto se constituye en una gran noticia para las familias del campo, principalmente para las mujeres, jefas de hogar.

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En conferencia de prensa informó que el Poder Ejecutivo está ultimando los detalles en la asesoría jurídica, para la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso. Explicó que esta ampliación de plazos se plantea como una estrategia para la titulación masiva de tierras, reducción de la pobreza y el desarrollo rural.

“Es importante la diferenciación, porque tanto la Constitución Nacional, como el Estatuto Agrario, establece condiciones más ventajosas para las mujeres, de tal manera pueda lograr el acceso a un título de propiedad. En términos prácticos esto significaría que una mujer que paga por su lote a una tasa de interés del cero por ciento, a 15 años de plazo como tiene hoy, tendría que pagar por su inmueble 1.300.000 guaraníes. Sin embargo, con esta nueva ley terminará pagando aproximadamente unos 600.000 guaraníes de forma mensual”, indicó.

Resaltó además que con esta modificación beneficiará a una mayor circulación de dinero en el campo, permitiendo que una mayor cantidad de personas pueda tener condiciones de pago de su inmueble, y que al mismo tiempo puedan destrancar un poco toda esa cantidad de títulos pendientes, que no está pudiendo entregar porque necesitan que el campesino realice sus pagos.

“Esta ampliación de plazos, se suma a la política de cero por ciento de intereses en favor de las mujeres, que el señor presidente de la República Santiago Peña ha instalado desde el año pasado y que a la fecha nos ha permitido modificar la estructura de titulación. Anteriormente, 3 de cada 10 títulos iba a manos de las mujeres, actualmente se está entregando 6 de cada 10 títulos”, precisó.

Por otra parte, el presidente Ruiz Díaz resaltó que el Indert se aproxima a la entrega de 9.000 títulos de propiedad, lo que representa una de las mayores inversiones sociales del Gobierno. “Hemos alcanzado números increíbles, aproximándonos a los 9.000 títulos, lo cual significa que es una de las mayores inversiones sociales del Gobierno”, afirmó.

Señaló que esta cantidad de títulos entregados se traducen en una inversión social de USD 500 millones. Agregó que de no presentarse algunos inconvenientes relacionados al costo que el campesino no puede cubrir, el Indert hubiera superado la cifra de los 9.000 títulos otorgados a familias rurales.

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La diputada Cristina Villalba dijo que se encuentra trabajando conjuntamente con el Poder Ejecutivo para la elaboración del proyecto de ley para la recuperación de los fondos de compensación que percibía el departamento de Canindeyú de la entidad binacional Itaipú. Estiman que el documento estará listo para su presentación al Congreso Nacional dentro de 60 días.

“El presidente de la República, Santiago Peña, se había comprometido con el departamento y ahora estamos trabajando sobre una nueva ley que permitirá de nuevo la compensación a los 16 distritos de Canindeyú. Se prevé, además, la compensación para muchos municipios que no están siendo beneficiados por los royalties”, refirió Villalba, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Ley 5404/15, de compensación a los municipios de Canindeyú en reparación por la desaparición de los Saltos del Guairá, establecía un monto anual del 2,33 % para la capital departamental y del 0,67 % para los demás municipios de los pagos de compensación de Itaipú Binacional, acordados en 2009.

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Con la promulgación del programa Hambre Cero en las Escuelas fue derogada esta normativa como parte del redireccionamiento de los recursos de cesión de energía y compensaciones de la hidroeléctrica hacia el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae).

“Estamos trabajando sobre tres ítems, el primero sobre los territorios afectados por el embalse de Itaipú, la cantidad poblacional de los municipios y el nivel de pobreza de los pueblos de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Yo celebro el compromiso del Poder Ejecutivo y agradezco que sean parte de la mesa de trabajo, este proyecto en breve será llevado al Parlamento”, comentó la legisladora a Nación Media.

Villalba expresó que el monto destinado para los 16 distritos de Canindeyú sería aproximadamente de USD 150 millones. “Nosotros hablamos que el proyecto estará listo dentro de 60 días, debemos ajustar los números. Este es un trabajo en equipo entre el Legislativo y el Ejecutivo”, puntualizó.

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La diputada colorada Rocío Abed, celebró que el Poder Ejecutivo finalmente haya reglamentado la Ley N° 6993 “De provisión gratuita de productos de gestión menstrual”. Esta normativa había sido promovida por ella, durante el periodo legislativo pasado, sancionado y promulgado en el año 2022, pero había quedado pendiente la reglamentación para su correcta ejecución en todo el país.

La legisladora líder de la bancada oficialista había destacado que con esta reglamentación se conseguirá un cambio trascendental en la vida de muchísimas mujeres, sobre todo de las adolescentes. “Me llena de alegría que la implementación de esta ley, que tuve el honor de ser proyectista, se torne una realidad para el bienestar de las niñas, adolescentes y mujeres de mi querido Paraguay”, expresó a través de sus redes sociales.

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Mediante esta normativa, el Ministerio de Salud Pública tendrá a su cargo la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual (toallitas higiénicas) en instituciones educativas públicas, cárceles de mujeres y en refugios para personas en situación de calle.

Igualmente, señala que se deberá brindar la capacitación en torno al ciclo menstrual para las niñas, adolescentes y mujeres entre la menarquía y el climaterio, priorizando aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Al respecto, la diputada había señalado que la ley tiene ciertas finalidades puntuales que no es prudente omitirlas, como proporcionar de manera gratuita los productos de gestión menstrual a las personas beneficiarias. Asimismo, resalta que el incumplimiento de la ley significa hacer caso omiso a una responsabilidad del Estado en reducir las brechas de discriminación y desigualdad vinculada al hecho del ciclo menstrual.

Mencionó además que la normativa establece en su artículo 4 que la entrega de los productos se deberá realizar en los siguientes ámbitos: entidades educativas de gestión pública, los albergues públicos, establecimientos públicos de salud mental con régimen de internación, también en el Centro Nacional de Adicciones y otros programas del Ministerio de Salud. Asimismo, en establecimientos penitenciarios y centros educativos de privación de libertad y otros programas sociales.

Esta legislación fue promulgada por el Gobierno anterior, el 10 de octubre del 2022, y desde entonces había quedado pendiente la reglamentación, pese a que la propia normativa establecía que debía quedar reglamentado en un plazo de 90 días a partir de su promulgación.

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