Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay, encabezado por Gustavo Benítez, requieren al Poder Ejecutivo vetar parcialmente el proyecto que plantea la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), propuesta que tiene como fin resolver el problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.
“Nosotros tenemos una serie de cuestionamientos específicos sobre sus articulados y la incidencia que va a tener sobre la vida y hacienda de la ciudadanía. Por donde se lo mire esta propuesta no resulta el más mínimo análisis”, manifestó Benítez en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló también que desde el sector se encuentran analizando la posibilidad de impulsar una acción de inconstitucionalidad, argumentando que “la gente que estuvo en la elaboración de este proyecto carece de conocimientos sobre lo que es una república, se olvidan que se encuentra compuesto por poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entonces debería de existir un equilibrio. Cada poder tiene una función”.
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Las afirmaciones de Benítez surgen tras la sanción de la iniciativa que plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. El documento aprobado este último martes por Diputados deberá ser remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto.
“Yo rogaría al Poder Ejecutivo que considere y por lo menos vete parcialmente esta ley en las cuestiones que más perjudica a la ciudadanía. El Ejecutivo ha declinado lo que la Constitución Nacional de este país le asigna que es la administración de las rentas nacionales, teniendo en cuenta que debe ser el que se encargue del erario público. El Poder Judicial no puede manejarse como si fuese una institución binacional donde tiene su propio ingreso y nadie puede meterse ahí y discutir. Ese dinero debe ir a las arcas del Estado”, sostuvo.
Benítez acotó: “La presentación de una acción de inconstitucionalidad lo haríamos por las formalidades, en el sentido de agotar los recursos y las instancias, ya que jocosamente tiene que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia”.
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