La Cámara de Senadores aprobó en sesión extraordinaria el proyecto de la Función Pública y del Servicio Civil” y la iniciativa que “modifica varios artículos y amplía la ley N° 4.457/12 para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”. Ambos documentos son remitidos al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Cabe mencionar que ambos proyectos fueron aprobados en la última sesión ordinaria de la Cámara Baja desarrollada el martes 17 de diciembre y en cuanto a la Función Pública, fue devuelto con modificaciones por los diputados en ocho artículos en total. Uno de ellos, guarda relación con el ingreso de personas a la función pública.

“Se reformula el artículo N.° 14 estableciendo que el acto jurídico por el cual se disponga el ingreso de servidores a la función pública en transgresión a la presente ley o reglamento será nulo, es decir, la imprescriptibilidad de aquellos que violen el modo en el cual los servidores públicos ingresan a la administración”, explicó el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

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Asimismo, detalló que se introdujeron ajustes en los marcos regulatorios vigentes en torno a las leyes 1.345/2023 y la 4.252/2010 de la pensión por invalidez, de jubilación ordinaria y extraordinaria y del programa de retiro voluntario en las leyes anuales del presupuesto general de la nación.

También establecieron los derechos del servidor público afectado en caso de que el informe de la junta médica concluya que el mismo padece una enfermedad o impedimento físico que haga impredecible e imposible contar con una fecha de reintegro a sus labores.

Se agregó un párrafo donde se aclara el alcance de la restricción para el traslado a otros organismos y entidades del Estado. El Senado aceptó las modificaciones introducidas por los diputados y de esta forma el proyecto quedó sancionado.

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En este mismo sentido, la Cámara Alta aceptó las modificaciones realizadas por Diputados en torno a la ley N.° 4.457/12. De acuerdo al texto de la Cámara Baja, los ajustes están relacionadas en torno a delimitar correctamente el alcance de las diversas instituciones que tienen participación en la vida de una mipyme, como lo son el Viceministerio de Mipymes y el Ministerio de Trabajo.

En estudio el mensaje N° 2.135 de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que modifica varios artículos y amplía la Ley N° 4457/12 ‘Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” , un pedido del senador el Pleno se constituyó en Comisión. El documento es sancionado, pasa al Poder Ejecutivo.

El senador Natalicio Chase, presidente de la comisión de Industria, solicitó constituirse en comisión para poder aprobar lo tratado, y posterior a esto, los legisladores aceptaron las sugerencias del Cámara de Diputados y el texto fue remitido al Poder Ejecutivo.

La Cámara de los Diputados de Brasil aprobó ayer martes un proyecto de ley que incluye el reglamento clave para implementar una reforma que simplifica el sistema tributario de la mayor economía de América Latina.

Aunque con algunas modificaciones, los diputados dieron el visto bueno a una iniciativa que el Senado había avalado la semana pasada y que ahora está sujeta a la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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La norma es considerada fundamental para poner en práctica la modificación general del sistema de impuestos al consumo de Brasil, que duró casi seis décadas sin transformaciones hasta hace un año, cuando el Parlamento aprobó una reforma promovida por la administración de izquierda para impulsar el crecimiento económico.

El texto avalado establece la reglamentación necesaria para fusionar cinco impuestos sobre el consumo en uno: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que será desdoblado en un tributo federal y otro estatal.

“La reforma tributaria está reduciendo la carga en un 0,7 % para todos los brasileños”, dijo el diputado Reginaldo Lopes, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y ponente de la iniciativa. “Todos los cambios que no adoptamos caminan en el sentido de mantener la alícuota general de referencia en 26,5 %”, agregó, citado en un comunicado de la Cámara de los Diputados.

La normativa también detalla un nuevo gravamen a productos considerados nocivos para la salud, como el alcohol y las bebidas azucaradas. El tributo de estas últimas fue añadido en la Cámara Baja tras haber sido retirado en el Senado.

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Establece además la exención total de impuestos sobre el consumo a los alimentos de la canasta básica, como la carne, arroz, el frijol y la leche, entre otros, y a algunos medicamentos.

La aprobación de la reglamentación tiene lugar en un momento de preocupación de los inversores sobre el compromiso fiscal del gobierno de Lula, una depreciación récord del real respecto al dólar estadounidense y temores por una posible aceleración del ritmo inflacionario.

Fuente: AFP

La Cámara de Diputados estudió este martes varias iniciativas legislativas que captan el interés de la opinión pública como es lo relacionado al cálculo para la jubilación en el Instituto de Previsión Social (IPS), el proyecto de reforma del Tren de Cercanías, la ley de la función pública y del servicio civil y la protección de datos.

De esta forma, la Cámara Baja otorgó media sanción para el proyecto de ley que eleva el cálculo para la jubilación en IPS, pasando de tres a diez años el periodo a ser considerado para el acceso a este beneficio. Cabe recordar que este fue un proyecto remitido desde la propia previsional, institución que explicó en múltiples oportunidades que el modelo actual se prestaba a la corrupción mientras que la propuesta actual traería beneficios para los trabajadores.

“El ajuste busca reflejar de manera más precisa la historia salarial de los asegurados, evitando distorsiones por aumentos abruptos en los últimos años”, reza el proyecto. Así también establece que, “para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aporte, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados”.

En tanto para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aporte, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado.

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El proyecto de la “reforma del Tren de Cercanías” por su parte, obtuvo la sanción tras su aprobación por parte de Diputados, puesto que la iniciativa ya había recibido el visto bueno por la Cámara de Senadores. Mediante esta ley se busca concretar la implementación de un tren eléctrico que cubriría un tramo de 43 kilómetros, uniendo las ciudades de Asunción e Ypacaraí.

Para esta obra se requerirá una inversión aproximada de USD 600 millones y de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, plantea que las licitaciones sean realizadas por licitación pública internacional, facilitando, a su vez, la participación de empresas paraguayas.

Este proyecto fue aprobado en general y el estudio en particular quedó postergada hasta una próxima sesión plenaria, posterior al receso parlamentario. A través de esta normativa se enfatiza en la protección de datos personales como un derecho inherente a cada persona, en relación al tratamiento de sus datos mediante “entes públicos o privados, con fines lucrativos o no, así como por cualquier medio de transmisión o divulgación, incluyendo tecnologías existentes y nuevas tecnologías a ser desarrolladas”.

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Otra de las legislaciones aprobadas con modificaciones es el proyecto de ley “de la función pública y del servicio civil”. Se introdujeron ajustes en los artículos 32, 35, 45, 102 y 146, considerando un dictamen de la Comisión de Equidad Social e Igualdad.

El objetivo de esta iniciativa es establecer las disposiciones generales aplicables a todas las carreras de la función pública y regular la carrera del servicio civil y sus respectivos procedimientos. Además, sienta una base legal homogénea para la gestión de los servidores públicos, definiendo con claridad sus derechos, obligaciones, prohibiciones y mecanismos de evaluación.

Se contempla al concurso público como única vía de ingreso a la función pública, salvo los casos regulados de otra manera en la Constitución o las leyes especiales. Asimismo, el ingreso de los servidores públicos que transgredan esta ley, será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento o la contratación.

La Cámara de Diputados aceptó este martes la ratificación del Senado en el proyecto de ley “que crea el sistema Nacional Unificado y Catastral y el Registro Unificado Nacional”, conocido como RUN, que fusiona Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG). La normativa pasó por una segunda vuelta legislativa, luego que la Cámara Baja modificó varios artículos de la versión del Senado, entre ellos los artículos 122 y 126. Ahora será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El primero tiene que ver con la expedición del certificado de condiciones de dominio referido a inmuebles en sentido positivo, en la versión del Senado, refiere que, “no podrá expedirse otro sobre el mismo inmueble durante todo el plazo de su vigencia”, mientras que, en la versión diputados, se establece que “no podrá expedirse otro sobre el mismo inmueble y titular durante todo el plazo de su vigencia”.

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En cuanto al artículo 126, la Cámara de Diputados directamente suprimió este articulado, con el cual se da la posibilidad de la inscripción de títulos sin certificado de condiciones de dominio. Este fue el punto más debatido por los legisladores. La diputada Cristina Villalba, en representación de la Comisión de Presupuesto, presentó el dictamen en el cual se aconseja la aceptación de la ratificación de la Cámara de Senadores, en los artículos 122 y 122.

A su vez, el diputado Hugo Meza, expuso su postura también a favor de aceptar la ratificación de la versión del Senado, tanto en el artículo 122 y 126. Sobre este último, el legislador refirió que se asesoró incluso por ministros, para tener un panorama claro.

“A inscripción de títulos no certificados, en este punto se cuestiona que la inscripción de un inmueble sin contar con el certificado de condiciones de dominio, sin embargo, hay que tener en cuenta que, en este artículo, prevé una mera opción para el usuario quien precisamente por el riesgo que conlleva realizar una inscripción en esas condiciones deberá abonar una taza dos veces mayor que la prevista para una inscripción ordinaria”, explicó. Sin embargo, el diputado Rodrigo Blanco, expuso su postura a favor de mantener la versión de la Cámara Baja, con ambos artículos. Indicó que se debe sacar una ley que sea efectiva realmente, en su cumplimiento y que, dé resultados.

“Implementar esta nueva ley y en todo caso, en dos, tres, cuatro o cinco años, una vez que se haya aplicado esta nueva ley con un funcionamiento mucho más sólido en cuanto a su institución, introducir esta modernidad que también tiene que ser de común acuerdo de ambas partes para obviar el trámite del certificado de condición de dominio”, esgrimió. Tras un amplio debate, centrado en la ratificación o no de la versión del Senado, finalmente el pleno de la Cámara Baja con una amplia mayoría, sancionó este proyecto de ley.

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