Ayer sábado se realizó la inauguración de mejoras de infraestructura encaradas en la Escuela Santa Elisa Sawhoyamaxa, aldea 24 de enero, en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes; dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la restitución de las tierras ancestrales de la comunidad indígena.
El intendente de Villa Hayes, Luis López, informó que las mejoras realizadas en la mencionada institución consisten en la construcción de dos aulas, sanitarios sexados y cocina con depósito.
Le puede interesar: Con la nacionalidad paraguaya póstuma buscan reivindicar legado de Elisa Lynch
“Ellos tenían un tinglado despoblado, ahí aprovechamos e hicimos toda esta infraestructura de primera calidad, con fondos de royalties. La inversión asciende a 222 millones de guaraníes”, comentó López esta mañana en entrevista con Radio Nacional del Paraguay.
Al respeto, el jefe comunal anunció que proyectan encarar obras similares en otras aldeas, atendiendo a que en la zona se tienen un total de cinco aldeas indígenas, que representan una población aproximada de 1.000 personas, y en esta aldea son 40 familias las que viven en la comunidad.
“Gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos vamos a recibir por primera vez estas dos aulas, el baño y la cocina que beneficiará a unos 45 alumnos, donde se podrán guardar las provisiones para el Programa Hambre Cero. Vamos a ir haciendo la obras progresivamente y esperamos que para el inicio de las clases podamos concluir esas obras en las aldeas vecinas”, expresó.
Resaltó que en los alrededores de las aldeas, existen varias estancias vecinas, que son personas muy trabajadoras, tienen ganado menor, la mayoría de los varones de las comunidades indígenas trabajan en estancias.
Siga informado con: Santiago Peña: balance de promesas y realidades al cierre del 2024
Dejanos tu comentario
Derechos humanos: MJ avanza en vigencia y cumplimiento de sentencias internacionales
Varios son los logros que se destacan desde el Ministerio de Justicia en este 2024, que, entre otros puntos, progresa sobre la formulación del IV Plan de Acción de la Red de DDHH del Poder Ejecutivo – período 2024-2028, la capacitación a más de 670 funcionarios públicos en derechos humanos, un Protocolo de Acceso a Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial, y hasta la elaboración en marcha del Manual de Derechos Humanos para el Sistema Penitenciario.
Según detalles del informe de gestión proporcionados por el Viceministerio de Justicia, el plan de acción de la Red de DDHH tiene objetivos, prioridades, y cronograma de trabajo para la protección, promoción y vigencia de los derechos humanos en Paraguay, con sus primeras labores ya previstas para este 2025. Mencionan que el plan tiene la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Ministerio de Justicia tuvo activa participación al ser institución rectora en la materia.
Recuerdan que su objetivo general es desarrollar acciones que favorezcan mejorar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos a través de la articulación y coordinación de las políticas, planes y programas de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que integran la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.
Según se precisa, se proyecta conformar mesas temáticas que estudien caso por caso las situaciones que se presenten en materia de derechos humanos con especial prioridad para aquellas circunstancias que surjan desde grupos en situación de vulnerabilidad.
Capacitación
Asimismo, un aspecto resaltante fue la capacitación a más de 670 funcionarios públicos, miembros de la red de derechos humanos del Poder Ejecutivo, puntos focales del SIMORE plus, representantes de gobiernos municipales y departamentales, al igual que el diplomado en Derechos Humanos con Enfoque en Protección Social en la Gestión Pública.
Otro logro que se resalta en la gestión es el que se consiguió con las guías prácticas para la implementación del Protocolo de Acceso a Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial.
Destaca también la campaña contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el fútbol, articulada entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Deportes, la Conmebol, Ministerio de Tecnologías (Mitic) y el Instituto de Políticas Públicas en materia de Derechos Humanos del Mercosur.
De igual manera, señalan que se consiguieron alianzas estratégicas con la firma de la Carta de Intención entre el Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la República y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.
Asuntos internacionales
Otro apartado importante del informe destacan los asuntos internacionales en materia de derechos humanos, fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE Plus), en el período 2024,en que se verificaron un total de 1.119 reportes de seguimiento, reflejando el compromiso continuo del Estado paraguayo en la implementación de las recomendaciones internacionales.
Señalan que se elaboraron informes internacionales como el VIII informe periódico nacional del Estado paraguayo al Comité Contra la Tortura (CAT), y la elaboración del II informe periódico nacional del Estado paraguayo al Comité Contra la Desaparición Forzada.
Asistencia a PPL
En el sistema penitenciario, se realizaron 28 constituciones in situ, oportunidad en que se asistió a 182 personas privadas de libertad mediante consentimiento informado, sumadas a las siete visitas de monitoreo, situación que permitió el seguimiento a las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y, se asistió a 368 de ese grupo.
También se logró la sistematización del procesamiento de solicitudes y/o denuncias, con 251 expedientes que permitió la atención de 307 personas privadas de libertad (PPL), y la formulación de informe de seguimiento a las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Finalmente, indicaron que se inició la redacción del Manual de DDHH para el Sistema Penitenciario, que tiene por objetivo contar con principios y orientaciones básicas en derechos humanos, basado tanto en la normativa nacional como en los estándares internacionales, en cuanto al trato que se debe dar a las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios. La labor cuenta con la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Dejanos tu comentario
Juez argentino ordena captura de presidente nicaragüense Ortega por violación de DD. HH.
- Por Leila Macor - Fuente: Agencia AFP
Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo por la “violación sistemática de derechos humanos”, informó este lunes el abogado que radicó la denuncia.
“El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo el abogado Darío Richarte a la AFP, al detallar que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.
El gobierno de Ortega y su esposa “es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente”, añadió Richarte. Los crímenes de los que son acusados incluyen “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad”.
Lea más: EE. UU. se prepara para decir adiós al expresidente Carter
También tienen orden de captura “cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad”, agregó.
La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como “plan criminal de represión” y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.
La acción fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.
Desde entonces fue ampliada siete veces para agregar las presuntas complicidades de actores como la Policía Nacional y el Poder Judicial, el ataque a la libertad de expresión con el cierre de medios y ONG de línea opositora y la “migración intencionada y organizada”, entre otras acusaciones. La acción judicial “se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos”, comentó Richarte.
Jurisdicción universal
El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.
La reforma amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y confirmó el poder que ya tenía Murillo, quien pasó entonces de vicepresidenta a “copresidenta”. El texto concede además un poder total al Ejecutivo pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes.
Entre febrero de 2023 y setiembre de 2024, la Justicia de Nicaragua privó de la nacionalidad a más de 400 opositores al gobierno de Ortega, muchos de ellos políticos presos luego deportados y otros previamente exiliados.
Entre ellos se encuentran la escritora Gioconda Belli o el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-1990) y es hoy crítico. Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces, señalan sus críticos, ha instaurado una “dictadura” y el “nepotismo” junto a su esposa, seis años menor.
La justicia argentina aplicó recientemente el principio de jurisdicción universal cuando emitió en setiembre una orden de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su segundo al mando, Diosdado Cabello, por crímenes de lesa humanidad. Lo invocó también en 2010, cuando abrió un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el mandato de Francisco Franco, y en 2021, al abrir una investigación sobre las acusaciones por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana.
Otro antecedente célebre de la aplicación de este principio ocurrió cuando, en 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres tras una orden del juez español Baltasar Garzón.
Te puede interesar: El cambio climático incide en una quinta parte de casos de dengue
Dejanos tu comentario
MUVH entregó llaves a 257 familias indígenas de Canindeyú para mejorar su calidad de vida
El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat, entregó este viernes las llaves de 257 viviendas a familias de comunidades indígenas del departamento de Canindeyú. La inversión busca promover una mejora tangible en la calidad de vida de las familias, garantizando el respeto a su cultura y modos de vida.
Le puede interesar: Reforma del transporte prevé buses eléctricos, 250 paradas y carriles exclusivos
De acuerdo al informe brindado desde el Muvh las viviendas, distribuidas en cuatro distritos del departamento, benefician a las siguientes comunidades:
- Villa Curuguaty: 55 viviendas para la Comunidad Indígena Avá-Guaraní de la Colonia Fortuna y 50 para la Comunidad Indígena Marcelino Montanía.
- Yasy Cañy: 58 viviendas para la Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan.
- Villa Ygatimí: 48 viviendas para la Comunidad Chupapou.
- Nueva Esperanza: 46 viviendas para la Comunidad Indígena “Itavó – Guaraní”, de la parcialidad Chiripá – Guaraní.
El informe destaca además que estas 257 viviendas requirió una inversión de G. 27.526.551.350, proveniente del Fondo Nacional para la Vivienda Social (Fonavis). “Estas casas no solo representan un nuevo comienzo para las familias beneficiadas, sino también un motor de desarrollo local, ya que la construcción de las viviendas generó empleos en la región y dinamizó la economía en las comunidades”, destaca el comunicado oficial.
Resaltan además que a días de culminar el año 2024, el MUVH, liderado por el ministro Juan Carlos Baruja, ha entregado 6.146 soluciones habitacionales de las 23.782 gestionadas (en construcción) en todo el país. “Este hito, sin precedentes en la historia nacional, reafirma el compromiso del Gobierno con el bienestar de todas las familias a lo largo y ancho del territorio nacional”, concluye el informe.
Dejanos tu comentario
Abuelas de Plaza de Mayo hallan al nieto 138 robado en la dictadura argentina
- Por Nicolas Biederman - AFP
La organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo anunció este viernes el hallazgo del nieto 138, robado durante la dictadura argentina (1976-1983), hijo de una pareja de militantes políticos secuestrados en 1976 y desde entonces desaparecidos.
“Se trata del hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, nacido en diciembre de 1976. Son así 138 casos los resueltos en estos 47 años de búsqueda inclaudicable de verdad e identidad”, dijo en rueda de prensa la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.
“El 10 de diciembre de 1976 la pareja fue secuestrada en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires en un operativo perpetrado por personal de civil. Ella estaba embarazada de ochos meses y medio”, añadió Carlotto, al hablar en el auditorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde funcionó el centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Pourtalé y Villamayor militaban en la agrupación guerrillera Montoneros (izquierda peronista). Tras su secuestro, la pareja fue vista en la ESMA, uno de los mayores centros de tortura y exterminio por el cual pasaron más de 5.000 prisioneros políticos, de los cuales sobrevivió un centenar, según los organismos humanitarios.
“Es donde posiblemente se haya producido el nacimiento del nieto 138. Hasta el momento se tienen contabilizados más de 30 nacimientos en este centro clandestino”, apuntó Carlotto.
Lea más: Sismo de magnitud 4,7 deja cuatro obreros lesionados en El Salvador
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) trabajaba desde 1999 en la investigación para dar con el paradero del hijo de Pourtalé y Villamayor.
Tras el aporte de datos relevantes tanto de esa institución como de la Justicia, se convocó al hombre para hacerse un estudio de ADN y cotejarlo con el de las muestras biológicas que diferentes familiares habían aportado al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Finalmente, el jueves el juez federal Daniel Rafecas informó al nieto 138 los resultados.
La presidenta de Abuelas también explicó que el nieto encontrado, quien no fue identificado, tiene un hermano, llamado Diego, nacido en 1972 e hijo de Marta con un compañero anterior.
Plan de desmantelamiento
El hallazgo del nieto 138 es el primero que comunica la entidad desde el 1 de setiembre de 2023, cuando se anunció la resolución de cuatro casos de familias que buscaban a hijos nacidos durante el cautiverio de sus madres. En todos ellos se pudo establecer la identidad de mujeres asesinadas antes de dar a luz.
También es el primer caso que se resuelve durante la presidencia de Javier Milei, que objeta el tratamiento histórico que se ha dado a la dictadura argentina.
Tanto él como su vicepresidenta, Victoria Villarruel -quien es cercana a los militares-, ponen en duda el número de desaparecidos consensuado por organismos de derechos humanos (30.000) y aseguran que la cifra real es cercana a 8.700.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que sigue buscando aún a unos 300 nietos robados durante el cautiverio de sus madres, manifestó también este viernes su preocupación por el enfoque del Gobierno nacional sobre las políticas de derechos humanos.
“Esta restitución es, una vez más, la muestra de las consecuencias del terrorismo de Estado en el presente y, también, de la necesidad de dar centralidad a las políticas de derechos humanos para que los delitos de lesa humanidad cesen”, dijo Carlotto.
Te puede interesar: Venezuela procesa a gendarme argentino por “terrorismo”