El Poder Ejecutivo impulsa el proyecto de ley “De bienestar y protección animal integral”, una normativa con un inédito alcance que pretende fortalecer el marco normativo actual, incluyendo la educación como herramienta preventiva, así como la creación de un registro de agresores, un banco de sangre animal y una de atención veterinaria.

Se trata de un tema que genera interés nacional y centra la atención en varios países, afirmó Héctor Luis Rubin, titular de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, entrevistado por la vocera presidencial Paula Carro en una reciente emisión por plataformas audiovisuales del Gobierno, para explicar los aspectos del proyecto de ley.

Rubin comentó que la defensa animal implica un cambio de cultura, ejemplificando que una época se consideraba normal regalar honditas a los niños para lesionar animales. El secretario de Estado dijo que tiene actualmente 15 perros y 3 gatos, y recordó a un perro fallecido recientemente que había rescato de una casa abandonada, donde el animal seguía cuidando con fidelidad pese a que sus habitantes se habían mudado hace tiempo.

Refirió que este proyecto de ley establece que los animales son seres vivos. “Reconocemos que hay que protegerlos del dolor y del sufrimiento, decimos tácitamente que son seres sintientes”, remarcó, agradeciendo la labor de los equipos liderados por abogados como Roberto Moreno y Marcelo Ettiene, quienes realizaron un estudio de proyectos de otros países, así como contaron con la guía técnica de los veterinarios para fijar el nivel de gravedad de los casos de maltrato.

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Carro recordó que la Presidencia promulgó recientemente otra ley del Congreso para la defensa animal. A lo que Rubin señaló: “La absoluta entrega y disposición del presidente Santiago Peña en la lucha contra el maltrato animal. Dijo: ‘Mientras nosotros presentamos nuestro proyecto integral, que se apruebe ya esto para que, cuanto antes, la gente sepa sobre esta necesidad’”.

Como diferencia entre lo promulgado y el nuevo proyecto integral, explicó que este último “viene a robustecer (la defensa animal), a diferenciar los tipos de maltrato, para que sea mucho más fácil al Ministerio Público imputar, y luego para el Poder Judicial tomar una decisión, tipificando qué es maltrato leve, grave o muy grave. Se mejoró todo lo que es la diferenciación de cada grado de crueldad. La pena máxima son 7 años, cuando ya hay ensañamiento”.

Por otra parte, indicó: “Hay gente que no se da cuenta que tener a un perrito atado 24 horas es maltrato; tenerle bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la inclemencia del tiempo es un maltrato mayor; tenerle atado con una cuerda muy corta y que no tenga su libertad de espacio es tremendo”. Acotó que estas situaciones de estrés en el animal pueden generar una mayor agresividad.

“La gente no se da cuenta de que está maltratando. Hay gente que entiende y mejora la situación. La Dirección les hace un seguimiento y comprueba que mejoran el hábitat, el espacio, el tiempo que le dedican”, prosiguió Rubin, destacando el factor de la tenencia responsable y la educación para fomentar ese cuidado. “Se ha comprobado que muchas personas que han maltratado animales terminan maltratando a personas. Entonces es una alerta”.

El titular de Defensa Animal abordó también el caso de los animales de consumo y sus cuidados para evitar un sufrimiento innecesario. “Los animales que están destinados a consumo están bajo la ley del Senacsa, pero nosotros como Dirección sí tenemos que controlar ese bienestar, porque hasta ese sacrificio tiene que ser lo más humanitariamente posible, el traslado en general, todo se contempla como bienestar animal”.

Yendo a otro aspecto, mencionó que los rescatistas se dan cuenta de la falencia para conseguir sangre para socorrer a animales heridos, por lo que la ley integral contempla la creación del primer banco animal de sangre, que trabajarán con el Ministerio de Salud y otras entidades. Igualmente, se apunta crear el primer centro de atención sanitaria de animales, que asistirá casos de maltrato y abandono, considerando también el aspecto social, de zonas de escasos recursos donde a las familias se dificulta cuidar de sus mascotas.

“Es una construcción, algo que nunca se había hecho, pero queremos trabajar en esto, que hubiera sido imposible, lo digo realmente de corazón, si no tuviéramos un presidente absolutamente dedicado y comprometido”, ratificó Rubin. “Si no tuviéramos el acompañamiento de Santiago Peña y de todo el equipo, esta Dirección no estaría creciendo. Va creciendo y fortaleciendo para llegar a todo el país, estamos firmando convenios con municipalidades que se están uniendo para crear su propia secretaría de bienestar animal”.

Citó que ya vienen trabajando con las comunas de San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Luque y Ciudad del Este; recientemente se acordó la creación de dicha secretaría en Capiatá, y que vienen dialogando con autoridades de Altos, San Bernardino y Pilar. Otro acuerdo se dio con el Ministerio del interior y la Comandancia de la Policía Nacional para lograr el apoyo de las comisarías, buscando crear un protocolo, así como una unidad que atienda las denuncias de maltrato animal.

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Respecto al registro de agresores, Rubin señaló que la normativa contempla que sean incluidos los antecedentes de sancionados, imputados o sentenciados por maltrato animal. “Dentro del proyecto está crear centros educativos y de adopciones”, dijo, a lo que sumó que se prevé un censo de la población animal, una idea del propio Peña, luego de notar que esa información no aparecía en el último censo nacional.

“Llevo 25 años en el mundo del rescate, estando en España, y es un trabajo difícil, duro, pero se ve la luz. Se está viendo la luz, se está viendo una implicación. Llevo 9 meses en este puesto, y lo que se ha avanzado con este Gobierno es brutal, de verdad, es grande”, manifestó Rubin en la parte final de la entrevista, instando a la ciudadanía a realizar denuncias de casos de maltrato animal, así como a completar las denuncias para que sean efectivas.

“Se está pariendo una ley hermosa, una ley integral que intenta cubrir todos los aspectos sociales, por eso se llama integral: educación, cultura, atención médica, centro de atención, un registro de maltratadores, un banco de sangre, educación, educación, educación. No solamente lucha para llevar a alguien a la cárcel, no solo es represiva, sino preventiva. Estoy contento porque se viene un futuro mejor para los animales”, finalizó.

Los diputados colorados Rocío Abed y Rodrigo Gamarra presentaron un proyecto de ley que busca otorgar la nacionalidad paraguaya honoraria de manera póstuma a Elisa Alicia Lynch, además de disponer el traslado de sus restos al Panteón Nacional de los Héroes. La propuesta está incluida en el orden del día que será analizado este martes 17 de diciembre, durante la última sesión ordinaria de la Cámara Baja.

La propuesta, “Que otorga la nacionalidad paraguaya honoraria en carácter póstumo a Elisa Alicia Lynch y dispone el traslado de la urna al Panteón de los Héroes”, destaca el papel trascendental de Lynch en la historia del Paraguay, particularmente, durante la Guerra contra la Triple Alianza, lo que a la vez resalta su sacrificio, lealtad y contribuciones a la nación.

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En la exposición de motivos, se subraya que Alicia Lynch encarna las virtudes de la mujer paraguaya, símbolo de resistencia y de fortaleza. Nacida en Cork, Irlanda, en 1831, Elisa Lynch fue pareja del Mariscal Francisco Solano López y madre de siete hijos, de los cuales dos fallecieron en la Guerra Grande.

“Su vida estuvo marcada por la lealtad a su pareja, a la patria que adoptó como suya y a los valores que defendió hasta el final”, según el documento. “Elisa Lynch organizó hospitales de sangre, cuidó a los heridos y sostuvo a las tropas durante el conflicto más devastador en nuestra historia. Su figura representa un ejemplo de estoicismo y amor incondicional hacia el Paraguay”, indica, además.

Los proyectistas manifiestan que el objetivo de la propuesta es resarcir una deuda histórica con Lynch. Mencionan que aunque sus restos fueron repatriados en 1961 y recibidos con honores, la posición conservadora de la Iglesia en aquel momento impidió que fueran depositados en el Panteón Nacional de los Héroes junto a los del Mariscal López. Por esta razón, se construyó un panteón en el Cementerio de la Recoleta para honrar su memoria, refieren los parlamentarios.

Fundamentan que el traslado de los restos de Lynch al Panteón Nacional de los Héroes, sería un acto de justicia y reconocimiento a su papel fundamental en la historia paraguaya. “Elisa Lynch no solo acompañó al Mariscal López hasta su última batalla, sino que también fue víctima de calumnias y sufrimientos que soportó con dignidad. Es hora de que su legado sea reivindicado plenamente”, sentencia la normativa.

El texto consta de cuatro artículos principales: Otorga la nacionalidad paraguaya honoraria póstuma a Elisa Alicia Lynch; ordena el traslado de su urna al Panteón Nacional de los Héroes; designa al Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a esta disposición y establece que la ley entre en vigor tras su promulgación.

Finalmente, los diputados aseguran que la acción planteada no solo consolidaría a Elisa Lynch como una figura emblemática de la historia paraguaya, sino que también marcaría un hito en el reconocimiento de las mujeres en la construcción de la identidad nacional.

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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida, en esta ocasión, por el vicepresidente primero de la institución, Carlos Arrechea, convoca al plenario de la Cámara Baja para la última sesión ordinaria del año antes del inicio del receso parlamentario, prevista para este martes 17 de diciembre a las 09:00. El plenario analizará un total de 30 puntos previstos en el orden del día.

Entre los temas que deberán dar tratamiento se encuentra el proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.

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Esta iniciativa se encuentra en su cuarto trámite constitucional, propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

Según la exposición de motivos, este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.

Otro de los documentos a ser analizados por la Cámara Baja es el proyecto de ley “Que modifica varios artículos y amplía la Ley Nº 4.457/2012, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”. La propuesta es una modernización de la legislación que regula a las Mipymes, es un paso necesario, a más de una década de su promulgación. Asegura que requiere adaptaciones urgentes para enfrentar los desafíos actuales.

La propuesta, que ya cuenta con media sanción del Senado, tiene como objetivo central simplificar los trámites y fortalecer al sector mediante herramientas tecnológicas y una mejor articulación interinstitucional. El enfoque principal es establecer un registro nacional homogéneo y actualizado, basado en una categorización automática y diferenciada según el tamaño y la facturación de las empresas.

El plenario tiene además pendiente de estudio el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”. El documento cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara Baja.

El objetivo principal de la propuesta es establecer una norma para la función pública que se encuentre en el ámbito del Poder Ejecutivo, reconociendo la autonomía de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tal como lo estipula la Constitución Nacional, según la exposición de motivos.

En ese sentido, se informó que la normativa no excluye al Poder Judicial ni al Legislativo, pero cada organismo constitucional autónomo será la autoridad de aplicación en materia de función pública, reglamentando y aplicando esta ley en las relaciones laborales no cubiertas por un régimen especial, siempre en concordancia con la Constitución.

En esencia, el presente proyecto tiene por objeto establecer las disposiciones generales aplicables a todas las carreras de la función pública y regular la carrera del servicio civil y sus respectivos procedimientos.

Igualmente, la Cámara de Diputados incluyó en el orden del día el proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”, presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja.

Esta iniciativa, que se encuentra en primer trámite, busca modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándolo a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. El documento se centra en el cambio en el período de cálculo de las jubilaciones, extendiéndolo de 36 a 120 meses (de 3 a 10 años para calcular el promedio de la jubilación).

También prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Según el documento, para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados.

En cuanto a la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

También prevé el fortalecimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad. La propuesta establece un incremento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS, con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de cinco años.

El orden del día también prevé en lista el estudio de acuerdo de notas reversales entre Paraguay y el Japón; el proyecto de Ley de Tren de Cercanías; el proyecto de ley de protección de datos personales en Paraguay; entre varios otros temas de interés.

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La Comisión de Presupuesto de Diputados, encabezada por Cristina Villalba, aconseja al pleno de la cámara aprobar el proyecto de la reforma del Tren de Cercanía. La propuesta remitida por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado y figura como uno de los principales puntos a ser analizados en la última sesión prevista para el próximo martes 17 de diciembre.

El documento se encuentra en el punto 6 del orden del día. También aconsejan la aprobación para su posterior promulgación o veto, las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, de Energía y Minería y de Entes Binacionales Hidroeléctricos que recomienda, por un lado, la aprobación y por el otro, el rechazo.

La iniciativa remitida por el gobierno de Santiago Peña trata de un tren eléctrico que cubriría un tramo de 43 kilómetros, uniendo las ciudades de Asunción e Ypacaraí, utilizando la vía histórica del ferrocarril Carlos Antonio López.

El proyecto establece una franja de dominio de 14 metros en ambos lados de la vía, requiriendo una inversión aproximada de USD 600 millones para la ejecución. La propuesta promovida por el Ministerio de Obras Públicas, plantea que la obra sea encarada a través de una licitación pública internacional, facilitando, a su vez, la participación de empresas paraguayas.

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También el proyecto del Ejecutivo que plantea crear el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN), fue evaluado por la comisión de presupuesto. Con respecto a este punto se emitió un dictamen aconsejando aceptar la versión Senado en su cuarto trámite constitucional.

La Cámara de Senadores había aceptado los cambios introducidos por los diputados, ratificándose en los artículos 122 y 126. El artículo 122 dispone que no podrá expedirse otro certificado de condición de dominio sobre el mismo inmueble y titular durante todo el plazo de vigencia.

Mientras que el artículo 126 menciona que la inscripción del título sin certificado de condición de dominio no perjudica la seguridad jurídica, ya que los registros públicos analizarán la inscripción una vez ingresada, emitiéndose una nota negativa en caso de corresponder el rechazo.

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